Los cerca de 3 mil kilómetros que separan a Tapachula de Estados Unidos no son un impedimento para los más de 10 mil migrantes que partieron este domingo en caravana desde ese punto del sur mexicano con la meta de llegar a la frontera estadounidense.
El torrente humano está compuesto por migrantes de 24 nacionalidades, en su mayoría niños, mujeres y familias completas. Salieron caminando en la madrugada del domingo y ya habían cruzado varios retenes, bajo la mirada atenta de las autoridades, pero sin ser hostigados o detenidos por la fuerza pública mexicana.
La mayoría de los integrantes provienen de Honduras, Cuba y Haití, a los que se sumaron otros de Venezuela, Colombia y Ecuador, entre otras naciones.
Para Luis Rey García Villagrán, coordinador general del Centro de Dignificación Humana, se trata del éxodo más grande de este año y podría superar las 15.000 personas que van a caminar los días que puedan para llegar a la Ciudad de México en su primera gran escala.
Villagrán dijo al periódico La Jornada que tanto el Instituto Nacional de Migración como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados han dejado de brindar atención a los solicitantes, lo que ha ocasionado que más de 60 mil personas estén detenidas en la frontera sur de México.
“Hay un tapón y un nudo humano que está reflejado en este grupo”, comentó el activista mexicano.
“Le decimos al Estado mexicano que no nos deja otra que caminar por la carretera hasta que el Instituto Nacional de Migración y el dedo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, diga sí o no. Hoy caminamos los más pobres de los más pobres de los que estamos en la cúspide de la necesidad, los que no tenemos dinero para pagar visas o polleros”, manifestó.
“Tengo tres meses aquí solicitando papeles y no tengo. Estoy cansado de quedarme aquí en Tapachula sin trabajo, pasando hambre, pagando casa (…). Decidí a salir de Haití por mi familia. Tengo dos hijas. Voy a ver si llego a Estados Unidos, si Dios permite”, dijo, por su parte, el migrante haitiano Ysguel Jean a la agencia Reuters.
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Lentitud en los trámites y papeles mojados
La lentitud de los procesos de regulación migratoria en Tapachula y la falta de recursos, opciones de vida digna y de trabajo para que los extranjeros puedan costearse la espera de documentos están convirtiendo la vida de miles en un calvario.
La política del Gobierno mexicano ha ido cambiando de enfoque. Hace algunos años, las fuerzas de seguridad aplicaban un esquema de fuerza para para bloquear los flujos migratorios.
Desde fines de 2021, las autoridades optaron por dejar que los migrantes se agotaran en las carreteras, ofreciéndoles documentación temporal para disolver o atomizar las caravanas.
Luego, como contó a la agencia EFE el hondureño José Wilmer Fernández Caballero, la resolución positiva entregada por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), es en muchos casos letra muerta para las autoridades migratorias de México.
Presiones del Norte
Este miércoles llegará a México del secretario de Estado, Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood-Randall.
Ellos buscarán negociar un nuevo paquete de medidas migratorias con el Gobierno del presidente Manuel López Obrador.
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Este diciembre, la demarcación de más de 3 mil kilómetros, se vio perforada por hasta 10.000 cruces ilegales en algunos días, una cifra totalmente infrecuente.
La avalancha provocó que las autoridades de Estados Unidos cerraran unos días un par de cruces ferroviarios para reubicar a sus efectivos de control fronterizo y que México afrontara grandes costos económicos por los tranques.
Cumbre de Palenque
En octubre, una cumbre migratoria celebrada en la zona arqueológica maya de Palenque, Yucatán, entre México y otros once países latinoamericanos, rechazó las “medidas coercitivas”, se pronunció por el respeto al derecho humano a migrar y reclamó más alternativas legales para la migración.
La declaración conjunta, con 13 puntos de acuerdo, fue firmada por los jefes de Estado de México, Colombia, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela, el vicepresidente de El Salvador y el viceprimer ministro de Belice, así como ministros de Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Panamá.
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Como primer punto, los países firmantes acordaron “elaborar un plan de acción”, que tenga como ejes la autosuficiencia alimentaria, la protección del medio ambiente, la seguridad energética, el comercio, la inversión y el combate al crimen organizado.
Igualmente, prometieron fomentar el comercio, e instar a que se levanten sanciones y “medidas coercitivas” en la región, en clara referencia a Cuba y Venezuela, dos emisores constantes de migrantes hacia Estados Unidos por el corredor centro-norteamericano.
