Camila Valdés León
En la madrugada del 30 de junio de 2021 fueron asesinados el periodista Diego Charles y la militante política feminista Antoinette Duclair. Al mismo tiempo, y en otros puntos de Port-au-Prince, en Haití, otras 13 personas fueron baleadas y sus cuerpos amanecieron en las calles. Sus muertes no fueron en un cruce de fuego, o debido a un intento de secuestro o robo. Sus muertes fueron evidentemente motivadas. Ellos fueron seleccionados y liquidados en un lapso temporal preciso y al amparo de la noche.
Durante el mes de junio, mientras el país veía las cifras de contagios por COVID-19 ascender como no lo habían hecho en todo el transcurso de la pandemia, así como el número de ocupaciones hospitalarias y muertes (entre ellas las de grandes figuras de la clase oligarca y de la escena política, por ejemplo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia), la comunidad de Martissant, en la carretera de Port-au-Prince a Jacmel se vio obligada a ponerse a cubierto en sus propios hogares o a desplazarse a otros lugares de la ciudad para preservar la vida (donde amigos, en iglesias, plazas públicas o centros deportivos): las bandas armadas o gangs, cuyo control progresivo sobre esta y otras zonas del área metropolitana ha ido en aumento en los últimos años, se disputaban el espacio y los recursos. El Lakou Bovwa, centro vodú de referencia fundado por el gran houngan y bioquímico Max Beauvoir (conducido actualmente por Didier Dominique) comunicaba que houngans, mambos, hounsis que participan de esta comunidad vieron sus casas asaltadas a machete y fuego. El líder de la autodenominada coalición G9, Jimmy Cherizier “Barbecue” (antiguo miembro de la policía nacional), anunciaba el 23 de junio, en un video altamente viralizado (con un evidente discurso que busca disfrazar la génesis de estos grupos de poder y la naturaleza depredadora de su acción criminal) que había iniciado una revolución contra las élites oligárquicas y del gobierno, expresada en el pillaje “para alimentar al pueblo”, de almacenes del puerto y grandes comercios, y el asesinato e intimidación de residentes en varios barrios de la capital.
Durante el 2021, y desde el 7 febrero se han sucedido las manifestaciones y reclamos a todos los niveles por el fin del mandato de Jovenel Moïse, cuyo término presidencial, reclaman, debió haber concluido ese día en vistas a las fechas en que asumió realmente el poder (2016). Por su parte el gobierno afirmó que su asunción de la presidencia se concretó un año después y le resta aun uno en el poder; mientras tanto, convoca a un referendo constitucional improcedente que ya se ha visto pospuesto en dos ocasiones. Voces y asociaciones de intelectuales, dentro del país y desde la diáspora, han hecho repetidos llamados por el cese de la impunidad y la violencia, el retorno al orden constitucional, el respeto a la ciudadanía en el ejercicio de su poder político y la necesidad urgente de reconfigurar un gobierno legítimo que sea capaz de concertar las fuerzas políticas y los reclamos sociales (de los movimientos sindicales, de mujeres, campesinos, de estudiantes que ven día a día el ataque a sus instalaciones, el secuestro y asesinato de sus miembros, y la total fractura de sus aspiraciones).
El “vacío político”, la no-gobernabilidad como forma de gobierno es real: desde 2020 no existe Parlamento en funciones (ni se han convocado a elecciones para su completamiento) y el ejecutivo gobierna por decreto; desde 2019 no ha podido hacerse efectiva una nominación de larga duración de un Primer Ministro (que designa el Presidente y ratifica el Parlamento); desde 2018, con el destape del escándalo de Petrocaribe (robo de fondos millonarios de la cooperación venezolana con los que está directamente vinculado la presidencia de Martelly y su continuidad en Moïse), las calles se han llenado con frecuencia de manifestantes y coaliciones de todo tipo, a pesar de la intensa represión, que exigía la renuncia del mandatario y la apertura de un examen a consciencia de la corrupción imperante en el país y de la connivencia de las oligarquías y los poderes internacionales con el descalabro político. A su vez, una oposición política convoca, o, más bien, intenta capitalizar, el inmenso descontento popular ante la carestía de vida, el aumento de la inseguridad ciudadana, la crisis económica, sanitaria, ambiental, multidimensional, que vive el país.
En 2017 los últimos efectivos militares de las misiones de Naciones Unidas, que ocuparon el país desde 2004 (cuando la crisis política que llevó a la salida forzosa de Jean Bertrand Aristide del poder) partieron finalmente de Haití, dejando tras de sí una estela de casos por crímenes sexuales, corrupción, coalición con narcotráfico; si bien, algunos también en ese momento comenzaron a lamentarse de la ausencia de una fuerza militar externa. Sin embargo, en 2015, a 100 años del inicio de la ocupación americana de Haití, muchos intelectuales discutieron sobre el terrible legado de la dependencia y el subdesarrollo que, como dijera mucho antes Suzy Castor, se consolidó como estrategia con la ocupación extranjera.
Este 7 de julio de 2021, otra vez en las horas de la noche, al amparo de grillos y escaso alumbrado público, se cometió un nuevo asesinato: Jovenel Moïse, de 53 años, su esposa y familia fueron atacados en su residencia en el barrio Pelerin (alturas de Port-au-Prince) por un comando armado, portando armas largas. Según comunicado del gobierno, algunos de los perpetradores hablaban español; según videos circulando en las redes, algunos hablaban inglés. Moïse murió en el lugar; su esposa Martine fue traslada de urgencia a un hospital, y trascendió, horas luego del anuncio de la noticia del magnicidio, que se encontraba fuera del país, en Miami, para recibir atención médica especializada.
Las fuerzas electas de los poderes de gobierno en reunión urgente decidieron ratificar como presidente interino al ya autonombrado Claude Joseph (sexto primer ministro que había dimitido y sido reemplazado el lunes 5 de julio por otro, Ariel Henry) en lo que se convocan a elecciones presidenciales, anunciadas para septiembre. Se ha declarado un estado de sitio y un duelo nacional, ambos de 15 días. Todos los vuelos internacionales están de momento cancelados. La vecina República Dominicana ha cerrado su frontera aérea y terrestre y ha enviado allí sus efectivos militares. Reporteros haitianos y extranjeros en el país atestiguan la aparente tranquilidad en Port-au-Prince, en donde el flujo de peatones, vendedores, y tráfico está prácticamente detenido; si bien, los reportes internos que ciudadanos circulan entre sí en las redes sociales alertan sobre bloqueos callejeros, tiroteos y áreas de total inseguridad.
Varios países se pronunciaron prontamente sobre el hecho (de América Latina, el Caribe, Europa). Destaca particularmente la declaración de la Casa Blanca, que avanza su intención de ayuda interventora; la de Iván Duque, conminando precisamente a la OEA a intervenir, y la de la propia OEA denominando al asesinato como un crimen político que no debe ser permitido. Comités de seguridad de organismos y alianzas regionales (como la ONU y CARICOM) se han reunido de urgencia para analizar la situación, que, indudablemente, tensa la geopolítica regional a la vez que da abrigo peligroso a intenciones, no tan ocultas, de intervención y control de un territorio rico y estratégico. Muchas asociaciones e individuos dentro y fuera de Haití han alertado sobre este riesgo posible.
El chato sentido común, entrenado en decir, luego de mencionar el nombre de Haití, “el país más pobre de América” (como quien lo ha dicho todo) podría pensar que un magnicidio debiera ser noticia repetitiva y común. Lo cierto es que, desde 1915, no había sucedido un asesinato de un ocupante de la presidencia de Haití. En aquella ocasión fue Vilbrun Guillaume Sam. En los mares circundantes, las tropas americanas del presidente Woodrow Wilson esperaban esta suerte de señal de último descalabro político para intervenir militarmente el territorio. No saldrían de Haití hasta 1934 y durante ese tiempo también estaría ocupando la vecina República Dominicana y Nicaragua, consolidando una estrategia en desarrollo de control regional.
Ante la acumulación sostenida de muertes y violencia, la lograda oscuridad de las causas y móviles de tantos hechos, el desgano internacional ante el tema haitiano, apenas avivado por los titulares del asesinato de este miércoles; ¿a quién responsabilizar hoy de este nuevo acto terrible en una cadena de viles acontecimientos? ¿Qué puede esperar el ciudadano común: el vendedor callejero que no logra lo mínimo para una vida humana, el estudiante universitario cuyo compañero es secuestrado por bandas armadas, los militantes que reclaman justicia ante el aumento de la violencia contra la mujer, el campesino que lucha contra tormentas, sequías y desamparo, el periodista que se ve obligado a migrar pues sobre su vida y la de su familia pesa la amenaza de muerte por ejercer su trabajo, el artista cuya obra se hace en y desde la inseguridad más absoluta, el practicante religioso cuyos espacios de comunión y realización son agredidos o instrumentalizados, el migrante hecho huérfano de leyes y a merced de tiburones en el mar y la tierra? ¿Quiénes ganan con este aumento último de la gangsterización de la política?
Nota:
Este artículo fue publicado en La Ventana el 8 de julio de 2021, se reproduce con la autorización expresa de su autora
