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La cuenca del lago de Maracaibo, nodo principal de la industria petrolera de Venezuela desde hace más de un siglo, vuelve a estar en el centro del mapa energético global. La reciente flexibilización de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a través de licencias operativas ha abierto la puerta a un incremento progresivo de la producción de crudo.
Sin embargo, en las aguas y costas del estado Zulia, el entusiasmo comercial contrasta con las penosas manchas negras de petróleo que invaden las orillas, impregnan las redes y barcos de pesca y sofocan la biodiversidad de este ecosistema único.
Desde finales de agosto pasado, parte de la costa oriental del lago de Maracaibo se tiñó de negro. La agencia EFE distribuyó imágenes sobre un derrame de crudo en las que se observan los daños al ecosistema: vida marina amenazada y también las criaturas de tierra cuando la mezcla viscosa alcanza a animales y personas que tratan de afrontar el evento.
El episodio coincidió con el anuncio del acuerdo que entrega a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), con participación del Gobierno estadounidense, los derechos sobre unos 65 mil millones de barriles en 17 campos, alrededor de una quinta parte de las reservas probadas del país.
Donald Trump lo presentó el 28 de agosto como “¡EL MAYOR ACUERDO PETROLERO DE LA HISTORIA MUNDIAL!”. Con las mayúsculas.
Diversas denuncias
Voceros gubernamentales y de la estatal PDVSA han atribuido ocasionalmente los afloramientos de petróleo en las costas a causas climáticas, fluctuaciones de temperatura o filtraciones naturales conocidas como “menes“.
Sin embargo, biólogos, ingenieros de petróleo y expertos ambientales coinciden en que la abrumadora mayoría de los eventos responden a la corrosión severa de miles de kilómetros de tuberías, oleoductos y colectores sumergidos que no han recibido mantenimiento integral ni reemplazo adecuado en décadas.
El 28 de agosto, el gobernador del Zulia, Luis Caldera, atribuyó el derrame a averías provocadas por fuertes vientos y lluvias el domingo 23, y anunció un plan de contingencia de PDVSA, la Gobernación y el Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM), con labores de recolección en Maracaibo, San Francisco y Mara. No precisó el tipo de avería, la ubicación de las fugas ni el volumen vertido.
En un reportaje gráfico publicado en La Patilla bajo el título de “El lago de Maracaibo, una bomba de tiempo para pescadores y trabajadores petroleros”, se afirma que, según especialistas, anualmente hay entre 80 y 100 fugas de petróleo y gas en Venezuela, pero no se registran.
El 8 de septiembre, la Fundación Azul Ambientalistas alertó de un incremento de derrames y fugas de gas en la costa oriental del lago, ocurridos de forma continua desde hace meses en el marco de la reactivación petrolera, y criticó que PDVSA no hubiera emitido un pronunciamiento oficial ni activado planes para recoger el crudo o sellar las fugas.
La ONG señaló las “graves consecuencias en la dinámica social y productiva” de la propagación de crudo en la costa oriental, entre ellas en las familias que dependen de la pesca artesanal, las cuales “enfrentan la pérdida de jornadas de trabajo, el deterioro de sus redes y el daño continuo a las embarcaciones por la acumulación de crudo”.
Dos días después, el 10 de septiembre, las autoridades aseguraron que todas las fugas estaban controladas, según recogió La Patilla. Las denuncias, sin embargo, continuaron.
A finales de septiembre, el director de la fundación, Yohan Flores, afirmó que derrames y fugas de gas afectan simultáneamente a seis municipios ribereños: Cabimas, Lagunillas, Miranda, Valmore Rodríguez y Baralt, en la Costa Oriental, y San Francisco, en la orilla occidental.
“Se han estado registrando diferentes derrames petroleros. Esto después del anuncio del megaacuerdo petrolero, en donde se aumentan mucho más las capacidades petroleras y la maquinaria de la industria como tal. Hemos podido evidenciar estos derrames petroleros y fugas de gas en diferentes partes”, dijo Flores a Unión Radio en entrevista del 28 de septiembre.
¿El clima o el deterioro?
La explicación oficial de origen climatológico —vientos y lluvias— ha sido rebatida por técnicos del sector. El ingeniero en hidrocarburos César Torcatt, con más de 35 años de experiencia entre PDVSA y Mobil, explicó a La Patilla que la infraestructura del lago fue diseñada para soportar trombas, corrientes y vientos fuertes, y que si falla ante esos fenómenos es por falta de mantenimiento.
Según su testimonio, después de 2003 se abandonaron las inspecciones de integridad, se dejaron de usar los helicópteros que patrullaban las zonas petroleras y desaparecieron las cuadrillas de saneamiento contratadas.
Para Fundación Azul Ambientalistas, el detonante reciente es el aumento de la actividad sin trabajos previos de mantenimiento. Flores advirtió que los derrames serán recurrentes si se eleva la extracción sin inversiones estructurales en tuberías y equipos.
El objetivo de elevar la extracción e incrementar las exportaciones de petróleo mediano hacia refinerías del Golfo de México ejerce una presión inédita sobre una infraestructura envejecida. Cada barril adicional producido aumenta el riesgo de roturas.
Producir más, con la misma infraestructura
Los recientes derrames ocurrieron mientras se producía un giro drástico de la política petrolera venezolana tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, defendió que el acuerdo con Washington durará 25 años, contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con una meta superior a 1,5 millones de barriles diarios y preserva la soberanía sobre los recursos.
El oficialismo venezolano presenta la apertura como la única vía para financiar una industria descapitalizada. Rodríguez sostuvo que dar entrada a Estados Unidos es necesario para asegurar inversiones en el sector, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, prometió producción petrolera “a unos niveles nunca vistos”.
Los críticos subrayan, en cambio, que el pacto se alcanzó bajo enorme presión de Washington.
En el Parlamento, una docena de diputados de oposición se abstuvo en la votación del 1 de septiembre, y Luis Emilio Rondón, de Un Nuevo Tiempo, exigió conocer la versión íntegra del convenio: “Como diputados electos por el pueblo, tenemos la necesidad y la obligación de saber lo que en derecho se llama la letra chiquita”.
¿Y el lago?
Según la hoja informativa de la Casa Blanca, difundida en español por el Departamento de Estado, NABEP, que recibe los 17 campos, invertirá hasta 100 mil millones de dólares en nueva infraestructura petrolera.
El Gobierno estadounidense tendrá el 35 % de la empresa, a través de la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono, y el Departamento de Estado el derecho a comprar a precio de costo el 20 % de su producción, según los detalles divulgados por Washington.
El paquete firmado en Caracas el 2 de septiembre incluyó además una inversión de Chevron de más de 7 mil millones de dólares en cinco años para duplicar su producción en el país, hasta unos 600 mil barriles diarios, y un acuerdo con GE Vernova para recuperar 1 gigavatio de generación eléctrica en 24 meses y otros 5 en los cuatro años siguientes, un cuello de botella clave para la producción.
En lo relacionado con el impacto ambiental, en cambio, lo divulgado del acuerdo no es explícito.
En un reportaje desde las orillas del lago, la cadena canadiense CBC constató que, aunque muchos en las comunidades ribereñas celebran la promesa de revitalizar el sector, su demanda más inmediata es otra: que se limpie el lago. “No sentimos la riqueza petrolera”, dijo a la cadena Jessica Partida, esposa de un pescador que lleva tiempo sin poder salir a faenar por el crudo.
El pescador de 76 años Medardo Hernández le dijo a EFE que “necesitas más gasolina para quitarte el petróleo de los pies que para salir en la embarcación”.
“Hoy, el lago está salpicado de plataformas petrolíferas y bombas de extracción oxidadas. La mayoría están fuera de servicio y algunas derraman petróleo y gas. Ahora, el lago que alguna vez representó la bonanza petrolera de Venezuela se ha convertido en símbolo del colapso de la industria”, afirma CBC.
Según Luisa Palacios, investigadora del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, NABEP operará nueve campos en el área del lago de Maracaibo, uno de los peores pasivos ambientales del país.
Como el Gobierno estadounidense tendrá el 35 % de la empresa, advierte, también asumirá su historial operativo, de gobernanza y ambiental; las salvaguardas anunciadas por la Casa Blanca se refieren a gobernanza —ley estadounidense, mayoría de ciudadanos estadounidenses en el directorio, auditores y asesores de prestigio—, no a estándares ambientales.
Palacios ve, aun así, una oportunidad para aliviar a las comunidades del lago y aplicar allí estándares operativos estadounidenses.
El experto en energía Francisco Monaldi, del Instituto Baker de la Universidad Rice, ha sido más tajante. “El lago es un desastre ambiental enorme. Los proyectos en el lago producen muy poco porque la infraestructura del lago está completamente destruida”, dijo a Reuters.
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de enero de 2026, marco en el que se otorgan los nuevos contratos, incorpora disposiciones sobre protección ambiental, y su reglamento, de julio, obliga a las operadoras a prever responsabilidades por daños ambientales y pólizas de responsabilidad civil en sus contratos con empresas de servicios. ¿Quién pagará la reparación de los daños acumulados durante décadas en el lago?
Un contrato que nadie ha visto
Más de un mes después del anuncio, el texto del acuerdo sigue sin conocerse íntegramente. Trump lo presentó el 28 de agosto en sus redes sociales, y días después la Casa Blanca difundió una hoja informativa que confirma algunos términos, pero no ofrece el contenido total de lo pactado.
Lo único que figura en la Gaceta Oficial es el respaldo parlamentario del 1 de septiembre, cuando la Asamblea Nacional aprobó un “Acuerdo en respaldo al Convenio Energético Binacional”, publicado en la Gaceta Oficial 43.449, que no incluye el texto del convenio ni el contrato con NABEP.
Ese mismo día, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, aclaró que el parlamento no estaba discutiendo “el fondo del acuerdo binacional” y que el debate formal llegaría una vez firmado. La firma se produjo al día siguiente; el debate no ha ocurrido.
El pasado 4 de octubre, la organización Vanguardia Ciudadana para la Democracia (VCD) reiteró la exigencia de publicar el texto íntegro, con todos sus anexos.
“Hasta la fecha, el contenido del acuerdo no ha sido publicado en la Gaceta Oficial ni sometido a debate público en el Parlamento Nacional, presidido por el diputado Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez. Un Poder Legislativo que debería controlar al Ejecutivo y que, ante un asunto de esta magnitud, calla, confirma lo que VCD ha venido denunciando: las instituciones de la República se encuentran secuestradas, y la Constitución se invoca cuando conviene y se ignora cuando estorba”, afirma el manifiesto.
La opacidad deja abiertas contradicciones como la de la duración del acuerdo. Mientras la Casa Blanca habla de derechos por 100 años, el Gobierno venezolano solo menciona 25, y el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, aclaró el 7 de septiembre que el contrato está firmado por 25 años, renovables “de mutuo acuerdo” por períodos similares.
Según el análisis de Palacios, la legislación venezolana no permite concesiones petroleras, sino empresas mixtas o contratos de producción compartida con PDVSA por hasta 25 años, renovables.
Tampoco coinciden las versiones sobre dónde está exactamente la participación estadounidense, y varios especialistas han planteado también preguntas sobre los términos fiscales. Palacios considera que los 209 mil millones de dólares de ingresos que proyecta Caracas podrían quedarse cortos para una producción de 1,5 millones de barriles diarios.
Además, existen dudas sobre la legitimidad de un gobierno interino para firmar un pacto de esta magnitud y sobre la elección del socio. NABEP está dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, su accionista mayoritario, quien ha sido investigado en España, Suiza y Estados Unidos por presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal en operaciones relacionadas con PDVSA, acusaciones que él rechaza. En Estados Unidos nunca se presentaron cargos en su contra.
“Alejandro Betancourt es famoso en su país por ser uno de esos jóvenes aburguesados que supieron hacerse millonarios con el chavismo. Hijo de un músico y una diseñadora de joyas, sorteó los señalamientos judiciales en su país, aunque está siendo investigado en España y Suiza por blanqueo y fraude fiscal”, publicó El País.
Mientras el contrato no se publique, es imposible saber si incluye cláusulas de remediación ambiental, quién responde por los pasivos acumulados o qué estándares deberá cumplir quien opere los campos de la zona.
En 2023, el Gobierno de Maduro lanzó un plan de saneamiento y las autoridades informaron de la sustitución de 166 kilómetros de tuberías en el lago; sin embargo, el comunicado del Ministerio de Ecosocialismo que endurecía la fiscalización de las industrias del lago no mencionaba a la estatal petrolera, principal operadora y responsable de numerosas fugas.
La Fundación Azul Ambientalistas sostiene que la comisión para la recuperación del lago designada en 2023 nunca rindió cuentas.
Pesca, salud y un ecosistema único
El lago de Maracaibo, considerado el mayor de Sudamérica, tiene unos 13 mil kilómetros cuadrados, alrededor de 200 kilómetros de manglar y viven de él más de 10 mil pescadores, según especialistas y gremios consultados por Mongabay.
Para ellos, el crudo derramado significa también redes y botes dañados y capturas que no pueden comercializar.
Torcatt advierte que las fugas de gas, invisibles a simple vista, pueden arrastrar ácido sulfhídrico (H2S), letal al inhalarse y con riesgo de explosión ante una chispa, un peligro directo para pescadores y trabajadores en lanchas y gabarras.
El ingeniero explica también que el crudo vertido debe retirarse en las primeras 48 horas, a riesgo de que se precipite al fondo. En esas condiciones, su remoción exige tecnologías más costosas, mientras los contaminantes se concentran en los peces que deberían llegar a la mesa de los consumidores.
Ya en 2021, la ONG Proyecto Educación, Producción y Ambiente (EPA) estimaba que el 90 % de sus orillas tenía basura, en su mayoría plástico. El impacto del crudo en el Lago de Maracaibo se ve agravado por la proliferación cíclica de la cianobacteria Microcystis (conocida localmente como “verdín”), alimentada por la contaminación de aguas residuales y fertilizantes.
La combinación tóxica de derivados del petróleo y toxinas bacterianas reduce drásticamente los niveles de oxígeno, destruye los caladeros de pesca de especies autóctonas como la curvina y la jaiba, y expone a las poblaciones costeras a severos problemas de salud.
Por ahora, en las costas de Cabimas, Lagunillas o Valmore Rodríguez, no están claras las soluciones para esta nueva época de explotación petrolera en Venezuela.
