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Un informe elaborado por un grupo internacional de expertos concluye que existen motivos razonables para creer que el Gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele ha cometido crímenes de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción vigente en el país desde marzo de 2022.
El documento, de 275 páginas, se presentará en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra y sostiene que durante este período se han producido asesinatos, encarcelamiento de menores, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas como parte de una política estatal.
El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) fue el encargado del informe, refirió el diario El País.
Asesinatos, torturas y violencia sexual
Dicho grupo lo integran cinco especialistas independientes y lo respaldan organizaciones como la Comisión Internacional de Juristas, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Fundación para el Debido Proceso.
Según los investigadores, sus conclusiones se basan en más de 1700 fuentes, entre ellas entrevistas con víctimas, documentos oficiales, informes de organismos internacionales, reportes de prensa y estudios de organizaciones de la sociedad civil salvadoreña.
La experta Claudia Martín explicó que el informe representa “la acusación más grave que se ha hecho en los últimos años” sobre violaciones a los derechos humanos en El Salvador.
Añadió que la investigación identifica los hechos como crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con los estándares del Estatuto de Roma, que define estos delitos como actos cometidos de forma generalizada o sistemática contra la población civil.
Detenciones masivas y denuncias de abusos contra Gobierno de Bukele
El informe sostiene que el régimen de excepción, instaurado para combatir a las pandillas, derivó en violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y se transformó en un mecanismo permanente de gobernanza.
Durante ese periodo, se han detenido a cerca de 90 mil personas, muchas de ellas sin el debido proceso, según los expertos.
En varios casos, las capturas se habrían realizado por apariencia física, tatuajes o para cumplir cuotas policiales, según un reporte de El País.
Los investigadores también documentaron al menos 814 denuncias de tortura o tratos crueles, además de cerca de 500 muertes bajo custodia del Estado y 540 casos de desaparición forzada.
El informe incluye asimismo denuncias de violencia sexual y abusos contra menores, en un contexto en el que más de 3300 adolescentes fueron detenidos durante el régimen de excepción, de acuerdo con datos de organizaciones internacionales.
Posibles consecuencias
Los expertos advierten que, si los hechos se confirman como crímenes de lesa humanidad, estos delitos no prescriben y pueden implicar responsabilidades penales individuales, tanto para autores materiales como para quienes diseñaron o dirigieron la política estatal.
El informe recomienda crear una comisión independiente de revisión de casos para analizar expedientes y buscar soluciones legales y humanitarias para personas detenidas injustamente.
