Conmovido ante la tragedia, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva pidió este miércoles que se combata el crimen organizado de forma que no ponga en peligro a policías ni civiles, tras la megaoperación policial más mortal de Brasil, que dejó una estela de sangre con al menos 132 fallecidos.
El fuego cruzado, incluidos drones con explosivos, entre delincuentes atrincherados y en las calles de las favelas contra unos 2500 efectivos policiales, paralizó durante la jornada del martes 28 la vida en parte de Río y afectó a centros de labor, escuelas, servicios de salud y el transporte.
“No podemos aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias, oprimiendo vecinos y esparciendo drogas y violencia por las ciudades”, afirmó Lula en un mensaje en la red social X.
“Precisamos un trabajo coordinado que alcance a la columna vertebral del tráfico (de drogas) sin poner a policías, niños y familias inocentes en riesgo”, añadió el líder de izquierda, de 80 años recién cumplidos, quien aspira a un cuarto mandato presidencial.
Protestas civiles
La reacción de los pobladores no tardó en manifestarse y en la tarde del miércoles decenas de personas denunciaron el uso excesivo de la fuerza y exigieron la renuncia del gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro.
Los residentes de las favelas se manifestaron frente a la sede del gobierno estatal, gritando “¡asesinos!” y ondeando banderas manchadas con pintura roja.
Rápidamente surgieron interrogantes sobre el número de muertos y el estado de los cuerpos, luego de reportes de que algunos estaban desfigurados y tenían heridas de arma blanca.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil, fiscales y legisladores pidieron al gobernador del estado de Río, Claudio Castro, que proporcionara información detallada sobre la operación.
“Esto fue una masacre”, lamentó Barbara Barbosa, trabajadora doméstica del complejo de favelas de Penha, una de las dos grandes comunidades donde se llevó a cabo la operación policial.
“¿Tenemos una sentencia de muerte? Dejen de matarnos”, pidió por su parte la activista Rute Sales, de 56 años, publicó un despacho de la agencia estadounidense AP, que recogió opiniones callejeras.
Horas antes del miércoles, en el barrio de Penha, los residentes se ubicaron alrededor de muchos de los cuerpos recogidos en camiones y exhibidos en una plaza principal y gritaron “¡justicia!”, antes de que las autoridades forenses llegaran para recuperar los restos, muchos de ellos apenas arropados.
“Pueden llevarlos a la cárcel, ¿por qué matarlos así? Muchos de ellos estaban vivos y pidiendo ayuda”, denunció la residente Elisangela Silva Santos, de 50 años, durante la protesta en Penha.
Los hechos y los antecedentes
Un día después de la operación policial más letal en la historia de Brasil, el país comienza a esclarecer los hechos y a cuestionar la acción contra el grupo narco Comando Vermelho en las favelas de Río de Janeiro.
Con un saldo oficial de 119 muertos —cuatro de ellos policías—, el operativo en Alemao y Penha mostró la cara más violenta de la ciudad. El gobierno estatal informó también de 113 detenidos, 91 fusiles incautados y una gran cantidad de droga, aunque sin especificar tipo ni volumen.
La llamada “Operación Contención” tuvo como objetivo debilitar al Comando Vermelho, considerado el grupo criminal más poderoso y expansivo de Río.
Las fuerzas de seguridad invadieron sus principales bases en el norte de la ciudad, superando en territorio incluso a las milicias parapoliciales.
Esta intervención superó en letalidad a la masacre de Carandiru de 1992, que dejó 111 muertos, convirtiéndose en la más sangrienta del país.
En Río, los operativos más mortales anteriores ocurrieron en 2021 y 2022, en Jacarezinho y Vila Cruzeiro, con 28 y 25 muertos respectivamente.
La operación fue ejecutada por el gobierno estatal bajo el mando de Cláudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, y según el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, se realizó sin conocimiento del gobierno federal.
Aún se desconoce la identidad de la mayoría de los muertos y detenidos, lo que impide evaluar el impacto real sobre la estructura del Comando Vermelho.
Medios brasileños señalan que entre los capturados estaría Thiago “Belao” do Nascimento Mendes, presunto colaborador de “Doca” Alves de Andrade, jefe regional del grupo, quien logró escapar.
Vecinos denuncian ejecuciones extrajudiciales, y el juez del Supremo Tribunal Federal exigió explicaciones al gobernador Castro, convocándolo a una audiencia para evaluar la legalidad del operativo.
El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió una investigación inmediata y el presidente colombiano, Gustavo Petro, habló de “barbarie”. Mientras tanto, Río de Janeiro intenta recuperar la calma, en medio de temores por posibles represalias violentas.
