La mayoría sandinista de la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el sábado una ley de amnistía que perdonará delitos cometidos en el marco de las protestas de 2018 contra el presidente Daniel Ortega, incluyendo crímenes atribuidos a policías y paramilitares vinculados al gobierno.
La ley, aprobada con 70 votos a favor y 15 en contra de los 91 diputados que integran la única cámara del Parlamento, busca “abonar a la reconciliación de la sociedad” y “avanzar en la construcción de una paz firme y duradera”, indica el texto presentado al plenario por la bancada del partido gobernante, el Frente Sandinista.
La ley beneficiará a quienes cometieron “delitos políticos y delitos comunes conexos a éstos” a partir de los sucesos del 18 de abril de 2018, cuando estalló la rebelión social contra Ortega, protagonizada principalmente por jóvenes estudiantes.
Los diputados del Partido Liberal Constitucionalista y del Partido Conservador votaron contra la ley.
“Lo que se pretende es dejar libres a los verdaderos culpables de los crímenes”, manifestó la legisladora liberal María Haydeé Ozuna.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la acción de la policía y paramilitares contra manifestantes civiles en 2018 dejó 325 muertos, más de 2.000 heridos, 770 detenidos y unos 60.000 exiliados.
Los favorecidos por la amnistía deberán “abstenerse de perpetrar nuevos delitos políticos o cualquier otra actividad delictiva”, pues de lo contrario el beneficio quedará sin efecto, indica el texto.
La ley entrará en vigor una vez que se publique en el diario oficial La Gaceta. Se desconoce por el momento la fecha precisa en que ello ocurriría.
Azahálea Solís, del colectivo opositor Alianza Cívica (AC), declaró a The Associated Press que “no es admisible una amnistía unilateral que pretenda disfrazar la impunidad para quienes ordenaron, dirigieron o participaron en asesinatos contra la ciudadanía”.
La ley también provocó reacciones a nivel internacional.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, declaró vía Twitter que el gobierno de Ortega “tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas”, y recordó que “las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional”.
