Después de conocer un informe crítico del Grupo de Expertos sobre Nicaragua, el Gobierno de Daniel Ortega anunció el jueves su retirada de toda actividad relacionada con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El informe insta a la ONU a demandar al país centroamericano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por privar de la nacionalidad a nicaragüenses.
Miles de encapuchados juran como policías en Nicaragua
El gobierno de Nicaragua juramentó este miércoles a 30.000 civiles encapuchados como “policías voluntarios”.
La oposición los considera paramilitares destinados a colaborar en tareas de represión política./cc pic.twitter.com/8zsfLcjtyJ
— DW Español (@dw_espanol) February 27, 2025
La copresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, explicó que han oficializado la salida de Nicaragua a través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el embajador Jürg Lauber, que fue suscita por el canciller del país, Valdrack Jaentschke.
Según Murillo, el informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua afirma que el Ejército nicaragüense “participó activamente en la represión de las manifestaciones” que estallaron en abril de 2018 y “cometió ejecuciones extrajudiciales”.
También refiere que el Gobierno sandinista ha desmantelado los últimos controles sobre su poder y para ello no ha dudado en cometer graves violaciones de derechos humanos.
Murillo afirmó que rechazan “todas las falsedades, las falsificaciones, las calumnias, las mentiras, en un acto de decencia elemental, cumpliendo con ese sagrado deber de preservar decoro y orgullo” y alegó que el Consejo de Derechos Humanos “viola su propia normativa” de mantener “principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos, así como la obligación de eliminar la aplicación de un doble rasero y la politización”.
Nicaragua acusa al Grupo de Expertos, a la Oficina del Alto Comisionado y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de haberse convertido “en caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y la tranquilidad, y son los autores de los múltiples asesinatos, secuestros, violaciones, aberraciones y ultrajes contra el pueblo nicaragüense, causando además destrucción y daños incuantificables a la economía nacional”.
Hasta ahora, 452 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad tras una última acción de este tipo el pasado septiembre, cuando 135 opositores presos fueron expulsados a Guatemala como apátridas, recuerda el reporte de Efe.
En febrero de 2023, Ortega excarceló a 222 presos políticos y los expulsó del país, en aquella ocasión mediante un vuelo con destino a Washington.
Reforma constitucional daría más poder a Daniel Ortega y a Rosario Murillo en Nicaragua
Más tarde expulsó del país a sus contrincantes e incluso los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018. Esta se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato como presidente, con sus principales contendientes en prisión.
