Redacción OnCuba
La presidenta peruana Dina Boluarte fue interrogada durante cinco horas este viernes en la Fiscalía General sobre el origen de joyas, relojes de lujo y cientos de miles de dólares en sus cuentas bancarias.
Se trata de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que ha desatado una nueva crisis política en Perú.
Al final de su investigación, la Fiscalía puede presentar una denuncia constitucional ante el Parlamento que, luego de un trámite dentro de una comisión y la votación de los legisladores, puede quedar lista para enviarse ante un juez apenas finalice el gobierno de Boluarte el 28 de julio de 2026.
Este jueves la mandataria superó dos pedidos legislativos de destitución por “incapacidad moral permanente”.
Las mociones no alcanzaron los 48 votos requeridos para pasar a un debate que hubiera expuesto más a Boluarte, quien no ha explicado hasta el momento el origen de sus relojes, joyas y dinero.
La pesquisa periodística
La jefa de Estado está bajo investigación preliminar luego de que el programa periodístico La Encerrona revisó miles de fotos de sus actividades y reportó a mediados de marzo que la mandataria había usado al menos 15 relojes, incluido un Rolex valorado en unos 14 mil dólares en Perú, los cuales no habían sido declarados, como es obligación entre los funcionarios.
El dato disparó la atención de otros medios que hurgaron entre las fotos y videos de la mandataria y hallaron al menos otros dos Rolex junto a joyas de oro, además de miles de dólares en sus cuentas bancarias.
La Fiscalía General afirma que las joyas y relojes de lujo podrían sumar más de 500 mil dólares, mientras que sus cuentas poseen más de 400 mil, cuyo origen tendrá que ser esclarecido por la funcionaria.
Mientras tanto, la mandataria puede ser investigada de forma preliminar por la Fiscalía, incluyendo allanamientos, incautaciones, el levantamiento del secreto bancario y el rastreo de sus comunicaciones. Lo único que no se puede realizar en este periodo es un arresto preventivo.
Impopularidad creciente
Con año y medio en el poder, Boluarte carga con una impopularidad de 86 %, según el Instituto de Estudios Peruanos.
En noviembre pasado la entonces Fiscal General de Perú, Patricia Benavides, acusó a la actual presidenta por el presunto delito de homicidio como responsable de la represión a las protestas en su contra, que dejaron más de 50 muertes tras su asunción como jefa de Estado.
Siendo una modesta funcionaria de una oficina de registro de identidad, Boluarte llegó al poder en julio de 2021 como vicepresidenta y ministra del presidente Pedro Castillo, un profesor rural que llegó al Palacio de Gobierno en Lima en hombros de una coalición de partidos y grupos de izquierda que recabaron el voto campesino y sindical.
En diciembre de 2022, Boluarte se convirtió en mandataria sucediendo a Castillo, destituido por el Parlamento y preso mientras es investigado por corrupción y rebelión.
#Rolexgate Dina Boluarte no usó su Rolex Datejust de oro rosa una o dos veces. Son un total de 59 días, en un periodo de nueve meses, en que la presidenta apareció públicamente con dicho reloj de lujo.
Revisa nuestra guía con cada una de esas aparicioneshttps://t.co/NpkT8hM44c pic.twitter.com/QDpspZnbSA
— La Encerrona (@laencerronaperu) April 4, 2024
Crisis de credibilidad
La mandataria no ha explicado hasta el momento el origen de sus relojes, joyas y dinero, lo que para akgunos analistas equivale a una confesión de que ha cometido hechos irregulares.
“Aun cuando se archive el caso, para la ciudadanía está clarísimo que los relojes y las joyas que posee no fueron adquiridos en forma regular y, por tanto, la presidencia ha perdido toda credibilidad”, aseveró el experto.
En paralelo, exhibir en las muñecas de políticos costosos relojes Rolex se ha convertido en una señal de presunta corrupción administrativa.
Es así que la fiscalía llamó a declaraciones a los gobernadores de las regiones peruanas de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y de Cusco, Werner Salcedo, por poseer tales objetos de lujo que los ha hecho blanco de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, además del repudio de la ciudadanía que los llama rateros.
