Rosana Berjaga
La afirmación de que “la muerte también es un alta médica” ha resonado en la cabeza de los brasileños durante las últimas dos semanas. Después de oír las declaraciones de ministros y ex ministros, empresarios apoyadores del gobierno, presidentes de bancos fantasma, médicos negacionistas y falsos lobistas, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la pandemia en Brasil se acerca a sus últimas jornadas, con el peso de haber revelado un nuevo escándalo al interior de una empresa médica alineada al gobierno.
El caso de la Prevent Senior, al que le han seguido descubrimientos de empresas en paraísos fiscales y una elaborada trama de desvíos, mentiras y contratos irregulares, parece ser uno de los más crueles de este tiempo pandémico. Para ser estrictos, toda la investigación de la Comisión Parlamentaria, en funcionamiento desde abril de este año, ha sido una gran terapia de choque para una población que lidia con una de las peores gestiones sanitarias a nivel mundial.
Sin embargo, este escándalo médico ha sido una oportunidad para entender el papel de la COVID-19 en el proyecto de limpieza social desarrollado durante la gestión Bolsonaro y el alcance de los métodos “experimentales” del gobierno para favorecer a un cierto grupo de actores.
El escándalo de las cobayas
La Prevent Senior tiene una larga tradición de aparecer en los noticiarios brasileños como un ejemplo de empresa de éxito, cuyo crecimiento exponencial es admirable. De acuerdo con informaciones del G1, la empresa tiene origen familiar y nació de la compra de una única ambulancia, inversión que evolucionó hacia la implementación de un seguro de salud pensado para la tercera edad y la creación una red de hospitales propia.
Sin embargo, el pasado 28 de noviembre, la empresa llegó a los medios de comunicación por otro motivo. La CPI de la Pandemia recibió en calidad de testigo a la abogada Bruna Morato, representante legal de un grupo de 12 médicos de la aseguradora, cuyo testimonio reveló que los profesionales estaban siendo privados de autonomía en el ejercicio de sus funciones, además de ser amenazados y coaccionados para recetar medicamentos ineficaces a pacientes que llegaban a los hospitales de la aseguradora con síntomas de COVID-19.
De acuerdo con la abogada, la empresa habría establecido un pacto con el llamado “ministerio de salud paralelo”, un grupo heterogéneo de personas que estaría guiando desde las sombras la actuación del gobierno durante la pandemia, alineado a los intereses económicos del neoliberal Paulo Guedes (Ministerio de la Economía).
El testimonio de Morato no solo reafirmó la premisa de que el gobierno habría actuado de forma deliberada al ignorar el avance de la pandemia, sino que reveló que la Prevent Senior —con conocimiento y apoyo gubernamental— llevaba a cabo experimentos no autorizados en sus pacientes y prescribía medicamentos comprobadamente ineficaces, incluso después de su contraindicación por la OMS.
Al parecer, en el acto del contrato los pacientes firmaban la aceptación del “kit covid”, conjunto de medicamentos para “tratamiento precoz” que incluía hidroxicloroquina, antibióticos y otros fármacos. En el momento del recibimiento del kit, los beneficiados también eran inducidos a firmar otro documento, sin saber que se trataba de un acuerdo genérico de consentimiento para estudios experimentales sobre el desempeño de estos medicamentos.
Los pacientes eran divididos en dos grupos: aquellos que eran tratados con el “kit covid” y los que no. El director de la Prevent personalmente avisó a los médicos del inicio del estudio y pidió ocultar la información a familiares y enfermos. Los profesionales fueron obligados a modificar registros y prescripciones, bajo pena de despido, además de ser inducidos a ocultar informaciones sobre las causas de muerte.
En el grupo tratado con cloroquina, al menos unas 9 muertes fueron contabilizadas. No obstante, el estudio de la empresa solo cita dos, desasociándolas por completo del virus o del medicamento. Para las estadísticas oficiales, los dos fallecidos fueron registrados como víctimas de cáncer y síndrome coronario agudo respectivamente, enfermedades que no corresponden a la historia clínica de ninguno de los pacientes incluidos en los grupos.
Otros relatos afirman que después de dos semanas de ingreso, y cuando considerado que los enfermos estarían ocasionando prejuicios económicos a la red, la indicación era cambiar el protocolo médico, sacarlos de terapia y trasladarlos a “cuartos híbridos”, donde se les disminuía el oxígeno y les era aplicado un sedativo para el dolor. Para algunos, este era el lecho de muerte.
A pesar de que el escándalo conmovió el país por las implicaciones éticas, el caso de la Prevent Senior está lejos de ser algo aislado. Con el avance de las investigaciones han sido revelados varios esquemas de corrupción, sobrefacturación de equipos, medicamentos y vacunas, bien como propaganda institucional engañosa, financiamiento de grupos negacionistas y sitios de fake news alineados al gobierno.
El objetivo, además de baratear las inversiones destinadas a lidiar con la crisis sanitaria, era ofrecer una “esperanza” para que el país no entrase en lockdown y la economía no parase. Como era de esperar, las consecuencias de estas decisiones han tenido un impacto considerable en las capas más vulnerables de la sociedad brasileña.
El coronavirus y la “limpieza social”
Durante el primer año de pandemia, la idea de que existía una acción de limpieza social en curso y de politización del virus, apareció con frecuencia en las redes de opositores al gobierno de Jair Bolsonaro. Aunque difícil de probar en la época, poco a poco esta suposición fue pareciendo cada vez menos descabellada.
Una investigación de Cepedisa (USP)/Conectas Direitos Humanos, divulgada por el periódico Folha de São Paulo, en marzo de 2021, y previo al inicio de la CPI, fue una de las primeras en exponer la intención oficial de no enfrentar la pandemia y de establecer una estrategia institucional para la propagación del coronavirus.
Esta estrategia, consolidada dentro del propio Ministerio de la Salud y promovida por el presidente de la República, minimizó la gravedad de la enfermedad, desestimuló el uso de mascarillas de protección y del aislamiento social, promovió el “tratamiento precoz” apoyado en empresas como la Prevent Senior y otros aparatos de desinformación, y atrasó la vacunación, saboteando los contratos de compra.
No importa cuánto se ha insistido en el supuesto carácter democrático del coronavirus, las estadísticas apuntan que los más afectados por las consecuencias directas de este tipo de decisión serían los más vulnerables: periféricos, indígenas, negros y viejos.
Otro estudio, publicado por The Lancet Global Health en abril, revela que la vulnerabilidad socioeconómica de los brasileños fue un factor determinante en el número inicial de muertes por COVID-19, un hecho que fue equilibrándose paulatinamente, en la medida en que los estados pudieron ejercer su autonomía, decretaron períodos de aislamiento e incrementaron el número de camas disponibles para internación, incluso contrariando las órdenes de Brasilia.
Esto sucedió justamente en las regiones más pobres, indica el estudio, donde son visibles las secuelas de años de concentración desigual de riqueza y de acceso a educación, generando un alto índice de trabajadores sin vínculo laboral (también llamados “informales”), quienes no tuvieron la oportunidad de recibir apoyo financiero adecuado, que les garantizara la posibilidad de quedarse en casa.
Casualmente, varias de las regiones inicialmente más afectadas están gobernadas por partidos opositores a Bolsonaro, lo que contribuyó al crecimiento de las tensiones entre Brasilia y los estados, y se unió de forma perjudicial a una demora en la implementación del auxilio financiero gubernamental. De cualquier forma, con el aumento también agresivo y gradual de los precios, el dinero destinado a ayudar a los vulnerables tampoco consiguió cubrir las demandas esenciales de los “beneficiados”.
Sin la posibilidad real de hacer aislamiento o confiando en el potencial curativo de los medicamentos promovidos por el gobierno, no pocos brasileños realizaron los ciclos quincenales recomendados, sin prescripción o seguimiento médico, exponiéndose al peligro de desarrollar otras enfermedades cardiacas o renales.
Otros territorios seriamente afectados por la pandemia fueron las reservas indígenas, que en 2020 no solo tuvieron 70% de su totalidad excluidos del “plan de combate al coronavirus”, como sufrieron el impacto de saqueos, asesinatos y propagación de la enfermedad, gracias a contrabandistas y buscadores de oro (gambusinos), que contaban con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente.
En resumen, el virus no se mostró tan democrático si analizamos los índices de personas testadas dentro de grupos vulnerables, o si percibimos que la mayor parte de los fallecidos fue aportada por grupos de personas no blancas y con bajo nivel escolar y de ingreso. Folha de São Paulo lo resumía entonces de la siguiente forma: “La muerte por Covid-19 tiene color, clase, situación financiera y nivel de escolaridad. Está determinada social y políticamente. La salud está determinada socialmente.”
El proyecto neoliberal
Diferente de otros países, la guerra declarada por Brasil durante la pandemia no fue al virus, sino a gobernadores opositores, a pobres, a viejos, a los negros, al Estado… Nunca antes un presidente se comportó tanto como oposición dentro de su propio mandato, y nunca fueron orquestados tantos sabotajes e intentos de auto-golpe para justificar la propia ineficiencia.
Una estrategia adecuada de combate a la enfermedad habría exigido que el gobierno destinara enorme cantidad de recursos e influencias en acciones educativas, ayudas financieras y políticas de seguridad alimentaria, dotando al Estado de un papel abarcador e indispensable en la solución de la crisis sanitaria.
Sin embargo, para un gobierno que se eligió prometiendo pautas neoliberales como la reducción del aparato estatal y la poca intervención, esta parecía una buena oportunidad para experimentar cómo la “mano invisible del mercado” se comportaría en la regulación de una economía que ya venía cuesta abajo desde antes de la pandemia.
Con esta pauta, fue lanzada y promovida la idea de una falsa encrucijada entre defender la vida y defender la economía, idea que, aparentemente, fue asumida y promovida también por otros nombres del mundo neoliberal como Trump, Macri, Vargas Llosa y Aznar.
La investigadora Sandra Caponi asocia la naturalización del negacionismo y de la primacía del mercado por encima de la vida a una lógica inherente al neoliberalismo, que “no sólo produce servicios y bienes de consumo, como también formas de ser sujeto. Un sujeto que reivindica, por encima de todo, su libertad para correr y asumir riesgos; un sujeto emprendedor que se cree responsable absoluto de sus éxitos y fracasos, sin deber ni pedir nada al Estado”.
Es justamente este tipo de “sujeto” el que ha sido explotado y alimentado simbólicamente por el gobierno y sus apoyadores. En este universo, casi paralelo, de existencia, las acusaciones más frecuentes hechas por los bolsonaristas anti-ciencia, se refieren a la falta de libertades, la supuesta existencia de un plan de dominación china y al regreso del comunismo, aplicado sin distinción a todo aquello que no se alinea a su visión ideológica.
Es evidente que, en esta cruzada contra el eficaz control del virus, Bolsonaro no ha estado solo. Empresarios, políticos y terratenientes han sido imprescindibles para garantizar que el plan de masacre se llevara a cabo. Mientras el presidente viajaba por el país sin mascarilla, abrazando a los más pobres e incitándolos a no realizar aislamiento, redes complejísimas de circulación de fake news eran creadas, fábricas de cloroquina eran habilitadas y nacían los primeros esquemas de súper-facturación de equipos médicos y de compra de vacunas.
¿Qué empresas ganaban con un país en ruinas? Aparentemente todas aquellas que consiguieran lucrar con desinformación, producción de medicamentos de ineficacia comprobada, las intermediarias en procesos de validación y mediación de compras médicas, las que operan con seguros de salud —como la Prevent Senior—, las que aprovecharon el alza del dólar para exportar productos sin límites de protección al abastecimiento interno. En resumen, todas aquellas que consiguieron lucrar con el miedo, la inseguridad y la inestabilidad.
Los bolsillos del país que no paró
En un país que empobrece hacia adentro, el Banco Central estima que cerca de 60 mil brasileños 1 mantienen un patrimonio de 192,6 billones de dólares en el exterior (en offshores), lo que corresponde a casi la mitad del PIB nacional. Una parte de este dinero se encuentra en paraísos fiscales.
Con la CPI ha salido a la luz que muchas de las figuras detrás de estos números exorbitantes están sospechosamente alineadas al gobierno. Las revelaciones indican, incluso, que Brasil podría estar condenado desde antes de la pandemia, cuando los ataques al Sistema Único de Salud (SUS) y el desmantelamiento paulatino de los servicios públicos comenzaron.
Junto a la Prevent Senior, otras dos empresas se destacan por su crecimiento exponencial en los últimos años, y con un punto de inflexión a partir de la declaración de la crisis sanitaria: la VTCLog y la Precisa Medicamentos, que iniciaron su jornada de desfalques poco tiempo después del golpe a Dilma Rousseff.
La primera representa la privatización de los procesos logísticos del SUS, función en la cual acabó acaparando desde el almacenamiento y distribución de medicinas, insumos y vacunas, al descarte de los productos cuando estos expiraban sin llegar a su destino. Es decir, para la VTCLog no existía posibilidad de pérdidas, porque incluso en caso de incumplimiento de la entrega pactada, ganaba en el descarte de los productos no entregados.
El patrimonio de la empresa duplicó en los últimos dos años, después de firmar contrato con el actual líder del gobierno en la Cámara, Ricardo Barros, que en la época se desempeñaba como Ministro de la Salud. Informaciones disponibilizadas recientemente por la CPI indican que la empresa, beneficiada con sucesivas modificaciones de contratos, mantenía un envío permanente de dinero a “personas de confianza” en Brasilia.
La Precisa Medicamentos, por su parte, también salió a la luz pública debido a las investigaciones de la Comisión Parlamentaria. La empresa medió la compra de dosis de la vacuna Covaxin entre el Ministerio de Salud y la empresa farmacéutica Bharat Biotech.
Dos cosas son importantes en este punto: la primera es que mientras la Precisa realizaba el lobby de esta compra, Bolsonaro hacía todo lo posible para atrasar un posible contrato con la Pfizer, la Coronavac y la AstraZeneca. La segunda es que, de acuerdo con las investigaciones, existía una presión gubernamental para pasar el contrato con la Covaxin, la vacuna más cara de las disponibles para compra y la única sin aprobación por los órganos responsables en Brasil. Se investiga la posible existencia de un esquema de soborno y superfacturación en esta transacción.
Después de meses oyendo declaraciones aquí y allí, esta semana el país consiguió unir los puntos de este rompecabezas. La Pandora Papers acaba de publicar un extenso reportaje que revela la conexión entre todas las empresas mencionadas, el gobierno y cuentas en paraísos fiscales.
De 2020 a 2021, por ejemplo, la VTCLog realizó cuatro transferencias de más de 160 mil cada, a una cuenta llamada PGTO Participações e Cobranças (Pagos, participaciones y cobros), a través de una empresa ubicada en un paraíso fiscal. La Precisa Medicamentos también realizó transferencias a la misma cuenta.
Documentos publicados esta semana por Pandora Papers, del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos, revela la sociedad entre empresas offshore y varias de las figuras oídas en la CPI, cuyo patrimonio también creció durante la pandemia. Algunos de ellos son Otávio Fakhoury, investigado por financiamiento y diseminación de fake news, los propietarios de la Prevent Senior, y el polémico Luciano Hang, chico propaganda del gobierno, cuya madre murió en manos de la operadora de salud.
Además de estos, el ministro de Economía, Paulo Guedes, y del presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, también aparecen entre los nombres de quienes mantienen empresas fuera del territorio nacional. No es necesariamente crimen la creación de offshores, siempre que ellas sean debidamente declaradas y tributadas. Sin embargo, en el caso de Guedes y Neto existiría primeramente un conflicto de intereses, una vez que ambas figuras cuentan con informaciones privilegiadas y poder de decisión.
Guedes, que ha sido ampliamente criticado por su gestión, que no parecía agradar ni al pueblo ni a los empresarios neoliberales que lo colocaron en la silla del Ministerio, se encuentra ahora ante la posibilidad de ser procesado por ilegalidades relacionadas a la offshore, teniendo en cuenta las nuevas informaciones de que el ministro lucra (y no poco) con el dólar alto y el incentivo a la fuga de capitales.
A dónde va Brasil
A las puertas de las elecciones de 2022 y con la popularidad de Bolsonaro cayendo considerablemente, ninguno de estos descubrimientos parece beneficiar una nueva candidatura del actual mandatario. Las encuestas indican que sus niveles de aceptación nunca antes habían sido tan bajos y que Lula se coloca como ganador indiscutible.
Sin embargo, ahora que Jair parece estar saliendo de escena, las capas oscilantes dentro del gobierno (Centrão), y la prensa liberal que hace pocos meses “ayudaba” a levantar al petista como candidato, ya se organiza para apoyar “una tercera vía” y vuelve a su estado recurrente de omisiones y ataques a la izquierda.
A fin de cuentas, el proyecto neoliberal debe continuar, con Bolsonaro o sin él. Porque como dicen por aquí: en tierra de zorros y cobayas, generalmente todo termina en pizza.
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Nota:
1 La población brasileña es actualmente de 212,6 millones de personas.
