Daniel Wizenberg
El eje de una nueva ola de violencia en Haití, el país más pobre de América Latina, gira en torno a las denuncias por malversación gubernamental de los US$3.800 millones de fondos que recibió el país como parte de Petrocaribe, el programa de asistencia creado en 2005 por Hugo Chávez para ofrecer petróleo a precio subsidiado para los países del Caribe.
Al menos seis personas murieron el domingo pasado y otras cinco resultaron heridas de bala, entre ellas un agente, durante protestas multitudinarias registradas en diferentes localidades de Haití para exigir que se enjuicie a los responsables del presunto desvío de fondos del programa Petrocaribe, informó la policía.
Algunos grupos opositores, como la coalición Sector Democrático y Popular, también convocaron las manifestaciones para pedir la renuncia del presidente Jovenel Moïse, quien hizo un llamado al diálogo. Los inconformes consideran que el mandatario se ha negado a avanzar en las indagatorias.
La policía informó en su balance preliminar que seis personas murieron, al menos una debido a un disparo de arma de fuego, en diferentes localidades, y anunció que el lunes presentará su informe definitivo.
Cinco días de paro nacional
La comunidad internacional hizo un llamado este jueves a los líderes políticos de Haití para iniciar un diálogo tras las violentas manifestaciones contra el presidente Jovenel Moise, quién ha ratificado que no renunciará.
Después de las protestas contra la corrupción del último fin de semana en Haití, la situación sigue siendo tensa. Una huelga general, lanzada por la oposición, ha paralizado gran parte del país en los últimos cinco días.
Las escuelas, la administración pública y las empresas privadas han permanecido cerradas en Puerto Príncipe, Cap-Haïtien, Les Cayes, Miragâone y otras ciudades haitianas.
Según el diario Le Nouvelliste: “corresponsales en varios medios de comunicación en la capital han reportado obstrucciones de arterias estratégicas, lanzamiento de piedras, botellas y tomas de instituciones públicas en todo el país”.
En la mayoría de las ciudades provinciales de Haití, a pesar de los mensajes del gobierno que invitan a la población a realizar sus actividades, hay huelga total, según Robenson Geffrard del diario Nouvelliste en Twitter.
Para muchos haitianos, detener sus actividades diarias representa un riesgo significativo. Los comerciantes y otros trabajadores informales no tienen ahorros para mantener varios días de inactividad pero hay un contexto de anarquía total. El problema es la inseguridad. Varios barrios desfavorecidos de la capital, Puerto Príncipe, han sido escenario de violencia. Según la agencia Alterpresse “simpatizantes del poder y partidarios de la oposición se enfrentaron entre sí y mientras tanto han ocurrido actos de saqueo a los transeúntes y comerciantes, la policía está colapsada”.
Los trabajadores de ambulancia, enviados a varios barrios acosados por la violencia, han sido atacados, informa la Red de Prensa de Haití: el gobierno llamó “a respetar la neutralidad de la ambulancia“.
Para Gary Victor, columnista del diario Le National: “Todos trabajan para perpetuar un sistema nefasto. No es que les importen las pandillas que violan, saquean y matan en algunos barrios populares. Estas pandillas a veces estaban montadas, abastecidas por sectores cercanos al poder. La situación miserable de la población, no les importa: el poder y la oposición siempre han sido dos caras de la misma moneda. Rechazar la modernidad, salvaguardar privilegios, mantener el aparato de corrupción para que otro clan pueda llegar a llenarse”.
El presidente Moïse es un empresario bananero que gobierna desde 2015, en unas elecciones que ganó con apenas un 21% de participación electoral. 6 de cada 10 personas que viven en Haití sobreviven con menos de dos dólares al día, según las Naciones Unidas.
