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El expresidente colombiano Álvaro Uribe solicitó este lunes a la Corte Suprema de Justicia que le permita enfrentar el proceso judicial en libertad mientras apela la sentencia de 12 años de prisión domiciliaria que la jueza Sandra Heredia dictó en su contra la semana pasada por soborno a testigos y fraude procesal, reportaron agencias internacionales de prensa.
Por medio de una acción de tutela, Uribe pide que le sean restituidos sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a la libertad y al debido proceso, que según su defensa, fueron vulnerados al ordenar su detención inmediata.
Uribe, el primer expresidente condenado bajo arresto domiciliario
Uribe, uno de los referentes más rancios de la derecha colombiana y presidente entre 2002 y 2010, se convirtió en el primer exmandatario condenado en Colombia.
El fallo le impuso doce años de prisión domiciliaria, una multa de más de 3 400 millones de pesos (unos 823 360 dólares estadounidenses) y la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante más de ocho años.
Desde la lectura de la sentencia, Uribe permanece bajo arresto en su finca en Rionegro, Antioquia mientras el país se mantiene expectante.
Los motivos de la jueza y la respuesta de la defensa
La jueza Heredia justificó la privación inmediata de la libertad afirmando que Uribe “puede fácilmente abandonar el país para eludir la sanción impuesta”, en referencia a su alto perfil internacional y recursos. Su detención es necesaria, dijo, para “asegurar la convivencia pacífica entre ciudadanos”. También argumentó que la defensa habría utilizado tácticas dilatorias durante el juicio.
No obstante, los abogados de Uribe sostienen que el expresidente siempre compareció a las audiencias, incluso sin estar obligado, y que nunca ha dado indicios de buscar sustraerse a la justicia. Por ello consideran que el supuesto riesgo de fuga carece de fundamentos.
“Garantizar la libertad de Álvaro Uribe Vélez hasta tanto no se resuelva la apelación no perjudica a ningún tercero ni al proceso”, señala la acción de tutela presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá, la instancia encargada de decidir tanto sobre el amparo como sobre la apelación antes del 16 de octubre, fecha en la que el caso prescribirá si no hay decisión.
El debate nacional: ¿riesgo de fuga o sentencia ejemplarizante?
La decisión de encarcelar a Uribe, aún sin que la condena esté firme, ha generado un intenso debate entre juristas y la opinión pública.
Mientras la jueza argumenta que permitir la libertad del exmandatario enviaría un mensaje de impunidad y debilitaría la legitimidad de la justicia, sus simpatizantes y abogados alegan que la medida es un atropello al principio de presunción de inocencia y un uso excesivo del poder judicial.
Juristas independientes insisten en que el expresidente debe proseguir en libertad dado que su condena es solo de primera instancia y no existe un peligro concreto de fuga ni de afectación al proceso, pues todas las pruebas ya fueron recaudadas.
La carrera contra el tiempo y el escenario político
La defensa tiene plazo hasta el 13 de agosto para presentar la apelación, y el Tribunal Superior de Bogotá debe decidir sobre la tutela presentada y sobre el fondo de la apelación antes del 16 de octubre.
Si la sentencia es modificada, podrá elevarse finalmente a la Corte Suprema.
Mientras tanto, el uribismo ha anunciado movilizaciones en todo el país para el 7 de agosto en defensa de su líder, quien denuncia una persecución política y la instrumentalización de la justicia por fuerzas rivales, especialmente desde sectores de izquierda en el Gobierno.
El desenlace de este proceso judicial marcará un antes y un después en la historia contemporánea de Colombia, tanto por su influencia sobre la credibilidad institucional como por el impacto en futuras investigaciones pendientes contra el exmandatario, relacionadas con el paramilitarismo y violaciones a los derechos humanos.
Uribe, expediente criminal
Durante y después de su gobierno, diversas organizaciones de derechos humanos, periodistas y testimonios judiciales han señalado a Uribe y a su entorno por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Se le atribuye haber impulsado, cuando fue gobernador de Antioquia (1995-1997), las cooperativas de vigilancia conocidas como Convivir, que luego habrían servido como fachada legal para la expansión de los grupos paramilitares en la región
Decisiones judiciales han documentado cómo líderes paramilitares se beneficiaron de estos esquemas al recibir personerías jurídicas, carnés y equipos que luego se usaron para delinquir y coordinar acciones armadas.
Testimonios ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y sentencias previas de la Corte Suprema relacionan a Uribe y a su hermano, Santiago Uribe, con la conformación y financiación de estructuras paramilitares como el Bloque Metro, que cometieron crímenes de lesa humanidad.
Además, investigaciones judiciales detallan que detrás de masacres como las de El Aro y La Granja, perpetradas durante su gobernación, existieron facilidades otorgadas por funcionarios públicos a la operación paramilitar. Si bien Uribe no ha sido condenado penalmente por estos delitos, existe una indagación previa en curso de la Corte Suprema.
Por demás, entre 2002 y 2008, durante su presidencia, se reportaron al menos 6 400 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”: civiles presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate con el fin de mostrar resultados militares y recibir prebendas.
Organismos internacionales y nacionales han señalado estas prácticas como una de las mayores violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado colombiano durante el siglo XXI.
