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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó categóricamente las acusaciones de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien la responsabilizó de alentar disturbios violentos en Los Ángeles tras las redadas migratorias ordenadas por la Administración Trump.
En medio de una creciente tensión bilateral, Sheinbaum calificó de “completamente falsas” las imputaciones y defendió el derecho de los mexicanos en Estados Unidos a manifestarse pacíficamente, al tiempo que condenó cualquier acto de violencia.
Desde la Ciudad de México, la presidenta utilizó sus redes sociales para desmentir las declaraciones de Noem, quien, acompañada por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, la acusó de “alentar más protestas” y de “no condenar la violencia” que se vive en las calles de Los Ángeles.
En un video difundido en sus plataformas, reiteró su rechazo a la violencia y llamó a la comunidad mexicana a “no caer en provocaciones”. “Siempre hemos estado en contra de ello y más ahora desde la alta responsabilidad que represento”, subrayó Sheinbaum.
La mandataria insistió en que la posición de su Gobierno es y seguirá siendo la defensa de los mexicanos honestos y trabajadores que contribuyen tanto a la economía estadounidense como a la mexicana.
“Estoy segura de que el diálogo y el respeto son la mejor vía de entendimiento entre nuestros pueblos y nuestras naciones y que este malentendido se aclarará”, afirmó.
“Claudia Sheinbaum salió para alentar más protestas en Los Ángeles y la condeno por eso… No debería de estar alentando las protestas violentas que están ocurriendo”, declaró Noem al lado de Trump en la Casa Blanca, donde ambos advirtieron de mayores medidas de represión contra “protestas violentas” en esa y otras ciudades del país, incluyendo Washington DC.
Disturbios, marines y ofensiva antinmigrante
Las declaraciones de Noem y Trump llegan en medio de una ola de protestas en Los Ángeles y otras ciudades estadounidenses, detonadas por las redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han resultado en la detención de decenas de inmigrantes, muchos de ellos mexicanos.
Desde el sábado, el Gobierno de México expresó su “profunda preocupación” por estos operativos, que han sido duramente criticados por activistas y autoridades locales.
Para tratar de contener las protestas, Trump ordenó el despliegue de 2 000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines en Los Ángeles, una decisión sin precedentes en seis décadas, ya que se realizó sin la autorización del gobernador demócrata Gavin Newsom.
El mandatario justificó la medida como necesaria para “proteger las operaciones y el personal federal”, mientras que sus críticos la consideran una escalada innecesaria del conflicto.
Sheinbaum, un blanco del conservadurismo estadounidense
La retórica en torno a la figura de Sheinbaum se ha intensificado en los medios conservadores de Estados Unidos. El comentarista ultraconservador Charlie Kirk, aliado de Trump y voz prominente de Turning Point USA, llegó a calificar a la presidenta mexicana de “una amenaza a Estados Unidos más grande que Vladimir Putin” y acusó a México de “declarar una insurrección” contra el país vecino, sugiriendo incluso posibles ataques de misiles contra cárteles mexicanos.
Por su parte, simpatizantes de Trump han señalado con ira la presencia de banderas mexicanas en las manifestaciones y han repetido consignas xenófobas contra los inmigrantes, aumentando la presión sobre la Administración mexicana y alimentando el clima de confrontación.
La Guardia Nacional y el debate legal
El despliegue de la Guardia Nacional por parte de Trump ha sido calificado de “increíblemente inusual” por expertos en Derecho militar.
Rachel VanLandingham, profesora de la Facultad de Derecho de Southwestern en Los Ángeles, recordó que la Guardia Nacional suele estar bajo control de los gobernadores estatales y se emplea principalmente en casos de desastres naturales.
El uso de tropas regulares, como la Infantería de Marina, en territorio estadounidense es aún más excepcional y está restringido por la ley federal.
Desde 1965, durante el auge del movimiento por los derechos civiles, no se había producido un despliegue de este tipo sin el consentimiento del gobernador estatal.
La ley estadounidense prohíbe en gran medida el uso del ejército como fuerza policial, salvo en caso de insurrección, lo que ha puesto en el centro del debate la posible invocación de la Ley de Insurrección.
Trump y la Ley de Insurrección. Una pregunta en el aire
En medio de la crisis, el presidente Trump dejó abierta la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807, que otorga al presidente la facultad de desplegar fuerzas armadas para suprimir rebeliones o disturbios cuando las autoridades locales no pueden mantener el orden.
“Si hay una insurrección, sin duda la invocaría. Veremos”, declaró Trump a periodistas desde la Oficina Oval, sugiriendo que el uso del ejército activo para reprimir protestas civiles está sobre la mesa.
La Ley de Insurrección ha sido utilizada unas 30 veces en la historia de Estados Unidos, en episodios como la desegregación de escuelas en los años 50 y los disturbios de Los Ángeles en 1992. Sin embargo, su aplicación es altamente controvertida, ya que choca con el principio de no emplear al ejército en tareas de orden público, establecido por la Ley Posse Comitatus de 1878.
