I
La vacunación masiva contra la COVID-19 y la recuperación económica han sido, sin dudas, las dos prioridades de los primeros cien días de la administración Biden. Esto significa que América Latina y el Caribe no han formado parte de las urgencias de la Casa Blanca, excepto tal vez en los casos de México y Centroamérica —y esto por razones más endógenas y de seguridad que de política exterior propiamente dichas.
Como se recordará, en octubre de 2019, durante la campaña presidencial de Biden, se dio a conocer un informe, The Biden Plan to Build Security and Prosperity in Partnership with the People of Central America, elaborado por su equipo de asesores con la ayuda de expertos de instituciones binacionales, multilaterales e internacionales de la cooperación estadounidense, tanto pública como privada.
El Plan empieza reconociendo los desafíos y expectativas que enfrenta su implementación: “Los desafíos que nos aguardan son enormes. Pero como existe voluntad política, no hay razón para que Centroamérica no pueda convertirse en la próxima gran historia de éxito del hemisferio occidental”.
Y sigue: “El hemisferio occidental tiene el potencial de ser seguro, democrático y próspero, desde el norte de Canadá hasta el extremo sur de Chile. Para lograr este objetivo lo fundamental es garantizar que las naciones de América Central —especialmente El Salvador, Guatemala y Honduras, países del Triángulo Norte— sean sólidas, seguras y capaces de ofrecer oportunidades de futuro para su propia gente”.
Propone entonces, alas, una solución tipo Alianza para el Progreso: otorgar un financiamiento de 4 000 millones de dólares para la región, junto con inversión corporativa extranjera, a cambio entre otras cosas de reformas de libre mercado.
Los referentes del documento son el aumento de la pobreza extrema y el desempleo, el descontento social, la polarización política y la crisis de la democracia en la subregión. Asimismo, las debilidades estructurales institucionales sacadas a flote por la pandemia de la COVID-19, la corrupción político-corporativa y las disfuncionalidades en salud, educación y otros servicios públicos. Por último, pero no menos importante, la afectación a la vida causada por sucesivos huracanes y la violencia acumulada.
Esas son las preocupaciones fundamentales del equipo Biden. Se trata, en breve, de los obturadores de la emigración hacia el Norte.
II
La llegada al poder de la nueva administración fue percibida en Centroamérica de una manera muy distinta a la de Trump. “Si la gente cree que el gobierno de los Estados Unidos se está volviendo más liberal en materia de inmigración, es posible que veamos una nueva ola de personas […] que intenten ingresar a los Estados Unidos”, pronosticó desde temprano Stephen Yale-Loehr, profesor de Derecho de inmigración en Cornell University.
El 20 de febrero, el mismo día de asumir el cargo, Biden firmó cuatro órdenes ejecutivas sobre inmigración dirigidas a remediar la “falla moral” de las políticas de Trump:
- La primera, para crear un grupo de trabajo para reunir a los niños separados de sus padres bajo la política de “tolerancia cero”. El grupo lo presidiría el secretario de Seguridad Nacional. “El presidente Trump estaba tan concentrado en el muro que no hizo nada para abordar las causas fundamentales de por qué la gente está llegando a nuestra frontera sur; fue una estrategia limitada, inútil e ingenua, y fracasó”, dijo un funcionario de la nueva administración. “La gente continúa migrando a los Estados Unidos, incluso hoy, por eso. El enfoque del presidente Biden consiste en tratar la inmigración de manera integral, justa y humana”. Por último, el grupo tendría la responsabilidad de identificar a todos los menores de edad que fueron separados de sus padres o tutores legales en la frontera entre Estados Unidos y México.
- La segunda, para evaluar los programas de inmigración legal, como el Programa de Menores Centroamericanos, comenzado por la administración Obama: había permitido que ciertos niños se unieran legalmente con sus familiares en Estados Unidos, pero en 2017 Trump lo canceló dejando a miles de personas en un limbo legal. También se revisaría la política de “Permanecer en México”, que dejó a decenas de miles de solicitantes de asilo, la mayoría centroamericanos, viviendo en malas condiciones en el norte de México mientras esperaban audiencias judiciales para presentar sus casos en Estados Unidos.
- La tercera, para solicitar al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional revisar las pautas y políticas implementadas bajo Trump a fin de determinar si eran o no congruentes con la “integración e inclusión”. Asimismo, se iniciaría una revisión de la política conocida como “carga pública”, que castiga a los inmigrantes legales por utilizar los beneficios públicos y perjudica sus posibilidades de recibir la residencia. “Queremos poner en marcha un proceso de inmigración que sea humano, que sea moral, que considere solicitudes de refugiados, solicitudes para que las personas ingresen a este país en la frontera de una manera que se trate a las personas como seres humanos”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. “Eso llevará algún tiempo. No sucederá de la noche a la mañana”.
- La cuarta, para detener la construcción del muro fronterizo, una de las promesas más sonadas de la campaña presidencial de Donald Trump en las elecciones de 2016 contra Hillary Clinton (build the wall!) y una de las obsesiones del presidente y los trumpistas. Esta orden devendría la plataforma para la cancelación, a fines de abril, de todos los proyectos de construcción del muro pagados con fondos de los militares y para reparar los daños causados por su construcción. “El Departamento de Defensa ha comenzado a tomar todas las acciones necesarias para cancelar los proyectos de barreras fronterizas”, dijo en un comunicado el portavoz adjunto del Pentágono, Jamal Brown. “La acción de hoy [viernes 30 de abril, A.P.] refleja el compromiso continuo de esta administración de defender nuestra nación y apoyar a nuestros miembros del servicio y sus familias”.
Lo cierto es que, vista desde el Sur, toda esta movida de péndulo respecto a la política precedente condujo a un aumento del número de migrantes centroamericanos tratando de alcanzar la frontera. Entrevistada por la cadena Fox, en marzo pasado la exembajadora en México y entonces coordinadora de la Frontera Sur, Roberta Jacobson, dijo: “Hemos visto oleadas antes. Las oleadas tienden a responder a la esperanza y había una esperanza significativa de una política más humana. Después de cuatro años de, ya sabes, una demanda reprimida. Así que no sé si le llamaría a eso una coincidencia, pero ciertamente creo que la idea de que se implementaría una política más humana puede haber llevado a la gente a tomar esa decisión” [la de emigrar hacia Estados Unidos, A.P.].
III
En definitiva, la inmensa mayoría de esos inmigrantes acabarían siendo deportados, pero había otro problema: los niños. El ingreso a Estados Unidos de niños solos colocó a Biden en una situación particularmente incómoda, al punto de declarar en una entrevista con ABC News: “Puedo decir con bastante claridad: no vengan”. Pero fue en vano, como suele suceder en estos casos. La cantidad de niños no acompañados, mayormente centroamericanos, que llegaban a la frontera entre Estados Unidos y México fue aumentando semana tras semana con cantidades crecientes en estaciones de la Patrulla Fronteriza en espera de ser llevados a refugios federales.
En el propio mes de marzo la Patrulla Fronteriza encontró por esos caminos de Dios a 18 663 niños solos, cifra muy por encima de las máximas anteriores: 11 475 (mayo de 2019) y 10 620 (junio de 2014). Ese incremento, como es natural, no podía sino someter a muchísimas tensiones las instalaciones de detención fronterizas, que como se conoce, no pueden retener a las personas durante más de tres días —aunque, de hecho, a menudo lo hagan. Un problema para una administración ya entonces criticada y bombardeada desde distintos frentes del espectro por no saber manejar una (nueva) crisis y por ser la responsable de la misma al recibir con los brazos abiertos a menores de edad no acompañados.
Al final de día, ante esa nueva avalancha la administración Biden tuvo que recurrir al mismo mecanismo de Trump: bloquear la salida de los emigrantes centroamericanos utilizando a los ejércitos regionales. Funcionarios de la administración declararon en abril que, además de México, habían llegado a acuerdos con Guatemala y Honduras a fin de utilizar sus respectivos ejércitos como muros de contención. Como resultado, México mantendrá unas 10 000 tropas en su frontera sur y hasta 9 000 en la norte. Guatemala añadió 1 500 tropas a lo largo de su frontera con Honduras y varios puestos de control. Honduras puso 7 000 policías y tropas a lo largo de la frontera con Guatemala.
Al anunciar los acuerdos, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el objetivo de la administración era “complicar el viaje y el cruce de la frontera”. Pero el aumento del uso de soldados para detener la migración generaría inevitablemente reacciones adversas entre activistas de derechos humanos y defensores de los inmigrantes, que señalaron casos anteriores de abusos, corrupción, falta de responsabilidad y aumento de la militarización.
En materia de migración centroamericana, al cumplir sus primeros cien días la administración Biden tiene, como mínimo, dos asignaturas pendientes:
- No haber reunido a familias migrantes separadas. En el debate presidencial final, se le preguntó a Biden qué haría para reunir a 545 niños con sus padres después de haber sido separados por la administración Trump. El candidato se comprometió a crear el grupo mencionado al inicio para reunirlos (orden ejecutiva). Pero el hecho es que de acuerdo con los abogados que representan a las familias, hasta ahora ninguno de los padres deportados ha regresado. Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional dijo que el grupo estaba trabajando primero para capturar el “alcance total” de las personas potencialmente afectadas por la política. Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la American Civil Liberties Union (ACLU), que representa a las familias separadas, dijo: “Estamos comenzando a avanzar en el intento de reparar el daño de la práctica de separación familiar de la administración Trump, pero será un proceso largo. La clave es, en última instancia, si la administración de Biden se mantiene firme y proporciona un alivio real y significativo para estas familias”.
- Poner fin a la detención de familias migrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Durante su campaña presidencial, Biden tuiteó: “Los niños deben ser liberados de la detención de ICE con sus padres, de inmediato”. Cuando se le preguntó en marzo pasado si estaba de acuerdo, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que “un centro de detención no es el lugar al que pertenece una familia”. Poco después la administración dijo que pondría fin a la práctica de mantener detenidos a padres e hijos migrantes que buscan asilo. Pero luego ICE retrocedió. Un funcionario de este organismo federal le dijo a NBC News: “No vamos a poner fin a la detención familiar. No vamos a cerrar los centros de detención familiar”. Aunque muchas familias han sido liberadas sin ser detenidas debido a la capacidad limitada de las instalaciones, dos centros de detención de ICE para familias en el sur de Texas continúan albergando a casi 500 padres e hijos diariamente. Un portavoz del DHS dijo que ICE “ha realizado cambios operativos para centrarse en el procesamiento rápido de las familias”, que permite que muchas familias sean liberadas después de hacerles la prueba de la COVID-19. Pero otro funcionario de ICE le dijo a NBC News que la administración continuará reteniendo a más largo plazo centros de detención familiar y centros de detención familiar “como herramienta”. De nuevo, más contradicciones internas.
- Una tercera acaba de ser cumplida: la promesa de aumentar el límite de refugiados a 62 500 anuales, frente a los 15 000 establecidos por el presidente Trump. La Casa Blanca dijo primero que se mantendría en el límite de 15 000 de Trump debido a “preocupaciones humanitarias”. Después de una reacción bastante fuerte de los demócratas, en especial de los más radicales, cambiaron de discurso y dijeron que aumentarían el límite históricamente bajo para los refugiados establecido por Trump, pero probablemente no hasta los 62 500. Finalmente, el 3 de mayo el presidente elevó el límite nacional de admisiones de refugiados a 62 500 este año, aunque reconoció la «triste verdad» de que Estados Unidos no alcanzaría esa cifra debido a la pandemia y a limitaciones en las capacidades de reasentamiento.
Al cabo de sus cien primeros días, la administración Biden se encuentra en una encrucijada y emitiendo señales contradictorias sobre qué hacer. Por una parte, sigue apelando a su discurso inicial de eximir a los niños de la deportación; es decir, no expulsarlos y entregarlos a patrocinadores en Estados Unidos, generalmente padres o parientes cercanos mientras se les permite continuar con sus casos en tribunales de inmigración. Pero, por otra, se ha endurecido la retórica. El secretario de Salud, Xavier Becerra, le acaba de declarar a la cadena Univisión que la permanencia de los niños en territorio estadounidense no estaba garantizada y que, por consiguiente, podían ser deportados. Un verdadero turning point: “No todos los niños van a poder quedarse”, dijo.
Según el sitio FiveThirtyEight, al cabo de los cien primeros días el índice de aprobación promedio de Biden es del 54% , más alto que el de Trump (42%) en el mismo lapso.
Lo apoyan ampliamente en lucha contra el coronavirus, vacunas, asistencia económica, programas de ayuda federal e infraestructura, entre otros indicadores. Pero tiene un talón de Aquiles. De acuerdo con otra encuesta, esta vez de la Universidad de Quinnipiac, solo el 29% de los estadounidenses aprobaron el trabajo que el presidente estaba haciendo en la frontera sur. El 55% le puso la clásica seña romana: el pulgar hacia abajo. Casi dos tercios de los independientes lo desaprobaron. Los demócratas lo aprobaron por un margen de 58% vs. 21%. Y como era de esperarse, casi 9 de cada 10 republicanos lo repudiaron.
Una encuesta de Pew Research Center lo acaba de ratificar: Biden tiene calificaciones negativas debido al manejo de la situación en la frontera, esa que la administración se niega a reconocer como una crisis. Alrededor de dos tercios de los encuestados (68%) perciben que está haciendo un trabajo “muy malo” o “algo malo” al lidiar con el problema de quienes buscan asilo.
Sobre esos indicadores negativos se montarán, probablemente, las propuestas federales inmediatas sobre el tema, pero el Congreso es el que tendrá la última palabra a la hora de deshacer un (viejo) entuerto llamado inmigración.
