El cubanoamericano Enrique Tarrío y sus asociados en el grupo extremista Proud Boys, comenzaron a ser juzgados este lunes en Washington DC por su participación en el ataque al Capitolio durante el fracasado golpe de Estado del 6 de enero de 2021.
En una maniobra de último minuto, los abogados defensores intentaron posponer la selección del jurado hasta después del año nuevo debido a la presentación, también este viernes, del informe sobre el ataque a cargo del comité de la Cámara de Representantes que investigó los hechos.
Uno de los abogados defensores argumentó que era imposible saber qué evidencia relacionada con los Proud Boys podría publicar el comité, y que la cobertura de los medios podría contaminar al jurado.
“No queremos elegir al jurado en este entorno altamente confuso e incendiario”, dijo el abogado Norm Pattis, que representa al Proud Boys.
Pero el juez federal Timothy Kelly negó el pedido y dijo que seguirían adelante a pesar del trabajo del comité. Aseguró que recordaría a los miembros del jurado evitar seguir la cobertura de los medios relacionada con el 6 de enero. “El expresidente no está siendo juzgado aquí hoy”, dijo. El comité de la Cámara baja ha centrado sus pesquisas en la conducta del exmandatario Donald Trump.
El cubanoamericano Tarrío es quizás el acusado de más alto perfil que se ha enfrentado a un jurado hasta ahora por el ataque que detuvo durante horas la certificación de la victoria del presidente Biden. Provocó seis muertos, dejó decenas de policías heridos y condujo a casi mil arrestos.
Además, se les acusa de conspirar para atacar el Capitolio a fin de anular la victoria del nuevo mandatario electo. Este juicio se realiza apenas unas semanas después de que dos líderes de otro grupo extremista, los Oath Keepers, fueran declarados culpables, también de conspiración sediciosa.
Si el cubanoamericano de Miami y sus asociados son declarados culpables de sedición, podrían enfrentar hasta veinte años de prisión. Se espera que el juicio dure, al menos, seis semanas.
Tarrío no participó físicamente en el ataque del 6 de enero porque fue arrestado en el aeropuerto de Washington DC dos días antes de los sucesos y acusado por destruir una pancarta de Black Lives Matter en una iglesia negra durante una protesta en diciembre de 2020. Pero los fiscales dicen que era el líder de una conspiración para detener la transferencia de poder de Trump a Biden, que estuvo en el origen de los sucesos del 6 de enero.
Días antes de los disturbios, Tarrío publicó en las redes sociales un llamado a la “revolución”, según documentos judiciales.
Citando lo que alegaron era un grupo de mensajes cifrados creados por Tarrío, las autoridades sostienen que los miembros hablaron sobre atacar el Capitolio. Un mensaje decía: “Es hora de amontonar esos cuerpos frente al Capitolio”. En otro, preguntó si la gente iba a “derribar las líneas policiales y asaltar los edificios del Capitolio”.
Los fiscales alegan que incluso después de su arresto, Tarrío mantuvo el mando sobre los Proud Boys que atacaron el Capitolio el 6 de enero y vitorearon sus acciones desde lejos.
Tres de sus cófrades, Nordean, Pezzola, Biggs y Rehl, fueron parte de la primera ola de asaltantes que invadieron los terrenos del Capitolio y atravesaron las barricadas policiales, según los fiscales. Pezzola usó un escudo antidisturbios que le robó a un oficial de policía del Capitolio para romper una ventana, lo cual permitió que los primeros asaltantes ingresaran al edificio, alegan los acusadores.
Nordean fue presidente del capítulo de Proud Boys de Auburn, en el estado de Washington; Biggs, de Ormond Beach, Florida, se autodenomina el organizador de Proud Boys; Rehl fue presidente del capítulo de Proud Boys en Filadelfia; y Dominic Pezzola era miembro de Proud Boys de Rochester, Nueva York.
En general, los abogados defensores han negado que los líderes de Proud Boys planearan o dirigieran un ataque contra el Capitolio. Los defensores de Tarrío dicen que no instruyó ni animó a nadie a entrar al Capitolio o a participar en un comportamiento violento o destructivo.
El abogado de Nordean acusó al Departamento de Justicia de enjuiciamiento selectivo y de atacarlo en función de sus asociaciones y creencias políticas.
El abogado de Rehl pidió al juez desestimar la acusación evocando la Primera Enmienda y argumentando que el caso se basaba únicamente en las opiniones políticas y la libertad de expresión de Rehl.
siempre damos la nota en lo mal hecho.