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Un tribunal federal de apelaciones ha asestado un duro golpe a la Administración Trump para seguir utilizando una ley del siglo XVIII de tiempos de guerra a fin de acelerar la deportación de inmigrantes venezolanos.
En un fallo de 2 a 1 emitido el martes, un panel del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito bloqueó el uso por parte de la Administración de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, al considerar que no cumplía con el requisito de la ley de “invasión” o “incursión depredadora”.
La decisión otorga una orden judicial preliminar a los migrantes detenidos en Texas, Luisiana y Misisipi que impugnaron las expulsiones.
Si bien el gobierno aún puede solicitar deportaciones bajo otras leyes de inmigración, no puede ampararse en la Ley de Enemigos Extranjeros, redactada en el siglo XVIII para hacer frente a fuerzas extranjeras hostiles en tiempos de guerra.
La jueza Leslie Southwick, designada por el presidente George W. Bush, redactó la opinión mayoritaria, a la que se sumó en parte la jueza Irma Carrillo Ramírez, designada por Biden.
Rechazaron el argumento del Gobierno de que la presencia de miembros del Tren de Aragua constituía una incursión similar a una acción militar. “El Tren de Aragua no era el tipo de fuerza organizada ni participaba en las acciones necesarias para constituir una invasión o una incursión depredadora”, escribió Southwick.
La Ley de Enemigos Extranjeros permite al presidente detener o deportar a ciudadanos de una nación hostil durante una guerra declarada o cuando se enfrenta a una invasión.
Históricamente, se ha invocado en tiempos de conflicto abierto, como la Guerra de 1812 y las Guerras Mundiales.
El gobierno de Trump argumentó que el Tren de Aragua operaba bajo la dirección del Gobierno de Venezuela y que la migración masiva en sí misma era una forma de incursión. El panel no encontró evidencia que respaldara esta afirmación.
A principios de este año, el Gobierno deportó a cientos de inmigrantes acusados de vínculos con el Tren de Aragua, enviando a muchos a Venezuela y a otros a la prisión de máxima seguridad CECOT de El Salvador.
Muchos inmigrantes deportados a El Salvador no tenían antecedentes penales, lo que generó dudas sobre los criterios utilizados para las deportaciones.
En julio, varios deportados fueron devueltos a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros. Grupos de derechos civiles, liderados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), cuestionaron la política, calificándola de abuso del poder ejecutivo y una violación del debido proceso.
El caso ya había llegado a la Corte Suprema a principios de año. En abril, el Tribunal Supremo bloqueó temporalmente las deportaciones, alegando la preocupación de que los migrantes hubieran recibido solo 24 horas de preaviso antes de la deportación.
Posteriormente, el Gobierno revisó su política para proporcionar un preaviso de siete días. El Quinto Circuito sugirió que esto podría ser adecuado, pero devolvió el asunto al tribunal inferior para su revisión.
La jueza Ramírez expresó sus dudas, señalando que no creía que siete días fueran suficientes para el debido proceso.
El juez Andrew Oldham, designado por Trump, discrepó del fallo del martes. Argumentó que los presidentes han tenido desde hace mucho tiempo amplios poderes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) y criticó a la mayoría por limitar la autoridad ejecutiva.
“Durante 227 años, todos los presidentes de todos los partidos políticos han disfrutado de los mismos amplios poderes para repeler amenazas a nuestra nación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA). Y desde los albores de nuestra nación hasta que el presidente Trump asumió el cargo por segunda vez, los tribunales nunca han cuestionado la invocación de dicha ley por parte del presidente. Ni una sola vez”, escribió. “Para el presidente Trump, sin embargo, las reglas son diferentes”.
El fallo supone un importante revés para la estrategia general de Trump de utilizar declaraciones de emergencia y la autoridad en tiempos de guerra para ampliar el poder presidencial sobre la aplicación de la ley migratoria. Los críticos han descrito el programa de deportación como un intento de intimidar a las comunidades inmigrantes y eludir las leyes migratorias establecidas.
La decisión del Quinto Circuito subraya que, incluso en un momento de intensa retórica política sobre la seguridad fronteriza, los tribunales no están dispuestos a equiparar la migración con una invasión militar.
Por ahora, la orden judicial garantiza que los migrantes detenidos en el Quinto Circuito no puedan ser deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros mientras el caso continúa. Es probable que se presenten nuevas apelaciones, y se espera que la Administración vuelva a llevar el caso a la Corte Suprema.
