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La Corte Suprema falló por 6 votos a 3 a favor y 3 en contra, anulando el fallo de un tribunal inferior que suspendió la política, la cual establece que “las personas con un diagnóstico o historial actual de disforia de género, o que presenten síntomas consistentes con ella, ya no son elegibles para el servicio militar”.
Los jueces no dieron ninguna explicación sobre el razonamiento, pero la orden permite que la prohibición militar para personas transgénero entre en vigor mientras el caso avanza en la corte federal de apelaciones.
La corte se dividió ideológicamente, y sus tres jueces liberales —Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson— afirmaron que habrían denegado la solicitud de la administración Trump y habrían mantenido la suspensión de la prohibición.
La decisión representa una pérdida para los siete militares transgénero, encabezados por la demandante principal, Emily Shilling, comandante de la Marina, quien había demandado bloquearla.
“El fallo de hoy de la Corte Suprema supone un golpe devastador para los militares transgénero que han demostrado su capacidad y compromiso con la defensa de nuestra nación”, declararon Lambda Legal y Human Rights Campaign Foundation, dos organizaciones que representan a los demandantes, en un comunicado conjunto.
La política “no tiene nada que ver con la preparación militar, sino con los prejuicios”, añadieron las organizaciones.
En otro caso, un juez de Washington, D.C., también bloqueó la política a nivel nacional, pero el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia suspendió temporalmente ese fallo mientras escuchaba los argumentos sobre si bloquearla de forma más permanente.
El tribunal aún no ha emitido su fallo.
La política, anunciada en febrero, es una prohibición mucho más exhaustiva que una propuesta similar implementada durante el primer mandato de Trump.
“Generalmente descalifica del servicio militar a las personas con disforia de género o que se han sometido a intervenciones médicas para la disforia de género”, declaró el Procurador General D. John Sauer en documentos judiciales.
Al solicitar la intervención de la Corte Suprema, Sauer afirmó que los jueces deben mostrar una “deferencia sustancial” al juicio del Departamento de Defensa sobre cuestiones militares.
Al implementar la política, el Gobierno se basó en un informe del Pentágono del primer mandato de Trump que afirmaba que las personas con disforia de género representan una amenaza para la “eficacia y la letalidad militar”.
Los demandantes argumentaron ante el tribunal que la prohibición viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que exige que las leyes se apliquen por igual a todos, así como otras disposiciones constitucionales.
Los militares transgénero han demostrado en los últimos años que pueden servir tan bien como cualquier otra persona, según afirmaron sus abogados en documentos judiciales.
El entonces presidente Joe Biden había revocado las restricciones anteriores de Trump. “Un grado sin precedentes de animosidad hacia las personas transgénero anima e impregna la Prohibición: se basa en la impactante proposición de que las personas transgénero no existen”, escribieron los abogados.
Un juez federal de Washington bloqueó la política el 27 de marzo, argumentando que “no es una cuestión especialmente difícil”.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, se negó a suspender el fallo, lo que llevó a la Administración Trump a recurrir a la Corte Suprema.
