La Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Massachusetts (ACLU) y Abogados por los Derechos Civiles (LCR) presentaron este jueves una demanda en una corte federal de Boston contra el gobierno de Donald Trump por terminar el llamado programa de acción diferida.
Ese programa permite a los extranjeros trabajar legalmente en Estados Unidos y recibir beneficios de salud hasta dos años mientras ellos o sus familiares reciben tratamiento médico.
Las organizaciones argumentan que la liquidación del programa por parte de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la garantía de Igual Protección de la Constitución. La ACLU calificó la medida de «desmesurada e ilegal».
Un portavoz de USCIS declaró que su departamento no comenta sobre litigios pendientes. La agencia había dicho antes que permitiría que los casos los manejara el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y agregó que habría excepciones para las familias militares.
«La administración Trump está empeñada en causar el mayor sufrimiento posible a las familias inmigrantes», dijo en un comunicado Carol Rose, directora ejecutiva de la ACLU de Massachusetts. «Este ataque contra los niños y sus familias es inhumano e ilegal. La ACLU y nuestros socios están en esta lucha hasta que todos los inmigrantes sean tratados con compasión, humanidad y justiciar».
Los solicitantes del programa en el área de Boston recibieron una carta de USCIS la semana pasada comunicándoles que tenían 33 días para abandonar el país o ser deportados.
La ACLU presentó su demanda en nombre del Centro Internacional de Inmigración de Irlanda, que defiende a 19 personas y familias afectadas que solicitaron una acción diferida debido a enfermedades graves.
Uno de los casos más conocidos es el de Jonathan Sánchez, un joven de 16 años que padece de fibrosis quística. Sus padres emigraron de Honduras en 2016 con visas de turista y recientemente solicitaron quedarse en Estados Unidos bajo el programa de acción médica diferida para el tratamiento de su hijo.
«Desde mi perspectiva, se trata de un homicidio legal», dijo Sánchez a la prensa. «Porque en Centroamérica no hay tratamiento, no hay medicinas, no hay médicos, no hay especialistas, no hay nada. Simplemente nos están asesinando, nos están matando. La deportación, en otras palabras, significa la muerte», dijo.
Además de la demanda, la Fiscal General de Massachusetts, Maura Healey, y la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, firmaron una carta enviada por 18 estados y el Distrito de Columbia al Director interino del USCIS, Ken Cuccinelli, exigiendo respuestas sobre el cambio de política.
