Rui Ferreira
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, está de nuevo bajo el ojo de los tribunales después de que lo demandara una de las más importantes organizaciones de defensa de los inmigrantes.
El Southern Poverty Law Center, con sede en Montgomery, Alabama, lo ha demandado por la deportación de inmigrantes recién llegados desde Florida a Martha’s Vineyard, Massachusetts, en una serie de vuelos de dudosa legalidad.
El centro de activistas tiene un historial de éxito en demandas por la defensa de los inmigrantes, toda vez que suele rodearse de los mejores y experimentados abogados estadounidenses.
“Es posible que el racismo hacia los inmigrantes latinos haya alcanzado un nuevo punto, ya que algunos gobernadores ahora los transportan en autobuses y vuelos a otros estados como paquetes políticos para culpar a los demócratas por la presencia de inmigrantes en el país”, dijo el Centro en la documentación entregada al tribunal.
Desde abril miles de solicitantes de asilo, principalmente de Venezuela, donde el colapso económico de 2014 desencadenó una crisis humanitaria, han sido transportados a ciudades del norte de Estados Unidos por los gobernadores republicanos de Texas y Arizona.
“En Florida, el gobernador Ron DeSantis hizo lo mismo recientemente. Bajo un programa de 12 millones de dólares creado para atender las necesidades derivadas de la pandemia de la COVID-19, DeSantis usó parte de esos fondos federales para transportar a los solicitantes de asilo fuera del estado, llevándolos primero a Florida desde Texas y luego a Martha’s Vineyard, Massachusetts”, agrega el documento.
Para los abogados de los activistas, el fraude es claro. “El esquema del gobernador DeSantis y el estado de Florida para usar los fondos de los contribuyentes para la ‘reubicación’ de ‘extranjeros no autorizados’ es un intento descarado e ilegal de hostigar a los inmigrantes a nivel estatal”, dijo Paul R. Chávez, abogado principal. “El programa de reubicación de Florida constituye un ataque discriminatorio contra las comunidades de inmigrantes. Las acciones inconstitucionales del gobernador DeSantis deben detenerse”, agregó.
Los demandantes, que incluyen a la Coalición de Inmigrantes de Florida, presentaron su caso el jueves en nombre de tres grupos en un tribunal federal de Miami. La acción contra DeSantis y el secretario de Transporte del estado sostiene que el programa floridano, que llevó a la administración DeSantis a trasladar en avión a casi 50 migrantes, es inconstitucional porque el estado está, dicen, “usurpando el papel exclusivo del Gobierno Federal en regular y hacer cumplir la ley de inmigración”.
La demanda también alega que el programa es discriminatorio y que constituye un “acoso de inmigrantes patrocinado por el estado por motivos de raza, color y origen nacional”.
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“La Constitución es clara: el poder único y exclusivo de regular la política de inmigración se le otorga al Gobierno Federal, no a los estados”, enfatizó Chávez.
DeSantis dijo que organizó la reubicación de inmigrantes para llamar la atención sobre las políticas de inmigración de la administración Biden. Afirmó que los migrantes se incorporaron de manera voluntaria.
Taryn Fenske, directora de comunicaciones de DeSantis, dijo hoy viernes por la tarde en un comunicado que el programa fue “ejecutado legalmente bajo una asignación de la legislatura del estado de Florida (que, por cierto, tenía apoyo bipartidista). Este programa no viola la ley federal. Continuaremos defendiendo las acciones del estado contra estas demandas poco sólidas y motivadas políticamente”.
Pero los vuelos provocaron una reacción violenta por parte de los demócratas y otros actores. El organismo de control del Departamento del Tesoro está investigando si el gobernador usó indebidamente dinero relacionado con el alivio federal de la COVID-19 para pagar los vuelos.
Un alguacil en Texas también los investiga.
