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Los demócratas en el Congreso acusaron este viernes al Departamento de Justicia de haber violado la ley en el manejo del caso Jeffrey Epstein y denunciaron que el encubrimiento de irregularidades alcanza hasta la oficina presidencial.
La acusación legislativa, que reaviva uno de los episodios más oscuros de la política estadounidense, coloca al gobierno bajo una tormenta de cuestionamientos sobre transparencia, legalidad y responsabilidad institucional.
El epicentro del escándalo
Jeffrey Epstein, el financiero acusado de tráfico sexual de menores, murió ahorcado en prisión en 2019 a los 66 años en circunstancias que aún generan sospechas de un homicidio, pero lo que ahora está en juego no es solo la memoria culpable y pedófila de Epstein, sino la actuación del propio Departamento de Justicia.
Legisladores demócratas sostienen, entre ellos el propio líder del partido en el Senado, Chuck Schumer, que la agencia incumplió obligaciones legales al ocultar información clave y frenar investigaciones que podrían haber alcanzado a figuras de alto nivel, incluido el mandatario.
“Estamos frente a una violación flagrante de la ley”, declararon los impugnadores demócratas de la actuación gubernamental. “El pueblo estadounidense merece saber si el Departamento de Justicia actuó como garante de la justicia o como escudo de intereses políticos”.
“Todd Blanche, subsecretario de Justicia, no cumple ni con el espíritu ni con la letra de la ley que Donald Trump firmó hace apenas 30 días. Ro Khanna tiene razón”, sostuvo, por su parte, el republicano Thomas Massie, miembro de la Cámara de Representantes desde 2013.
Ro Khanna es congresista demócrata de Estados Unidos que representa al distrito 17 de California, en el corazón de Silicon Valley, desde 2017.
Massie y Khanna esgrimen que la ley que impulsan estaba concebida precisamente para impedir censuras como la que ha efectuado el Departamento de Justicia.
La mano del presidente
El elemento más explosivo de la denuncia es la supuesta implicación de Trump en las irregularidades. Según los legisladores, existen indicios de que la oficina presidencial intervino para limitar el alcance de las pesquisas, protegiendo a aliados y evitando que el caso escalara hacia la Casa Blanca.
Aunque la administración ha negado cualquier participación, la narrativa de encubrimiento gana fuerza en un clima político polarizado. Para los críticos, el caso Epstein se ha convertido en un símbolo de cómo las instituciones pueden ser manipuladas para blindar a los poderosos.
El Departamento de Justicia, tradicionalmente considerado el guardián de la legalidad, enfrenta ahora acusaciones de haber incumplido su deber. Los demócratas sostienen que la agencia ignoró disposiciones legales que obligaban a informar a las víctimas y a garantizar procesos transparentes.
El caso Epstein ya había generado indignación pública por el acuerdo de 2008 en Florida, cuando el financiero recibió una sentencia considerada indulgente tras negociaciones secretas con fiscales. Ese episodio fue visto como un ejemplo de justicia desigual, donde el poder económico y las conexiones políticas pesaron más que los derechos de las víctimas.
Ahora, las nuevas denuncias sugieren que la historia se repite, pero con un alcance aún mayor: el involucramiento del presidente y la supuesta violación de la ley por parte del Departamento de Justicia.
Futuro inmediato
Los demócratas anunciaron que impulsarán una comisión especial para investigar las irregularidades y que solicitarán acceso a documentos internos del Departamento de Justicia. También plantearon la posibilidad de citar a funcionarios de alto rango para que testifiquen bajo juramento.
La Casa Blanca, por su parte, respondió en un comunicado que rechaza las acusaciones y asegura que “el presidente no ha tenido ninguna participación en el caso Epstein”. Sin embargo, la presión política y mediática promete intensificarse en las próximas semanas para enrarecer aún más “el pantano político de Washington”, tal como llamó alguna vez el propio Trump al entramado de poder en Estados Unidos.
Al momento de su muerte en 2019, la fortuna de Jeffrey Epstein estaba valorada en unos 578 millones de dólares, compuesta por propiedades de lujo, islas privadas en el Caribe, y cientos de millones en efectivo e inversiones.
La policía en Palm Beach, Florida, comenzó a investigar a Epstein en 2005, después de que la familia de una niña de 14 años informara que había sido víctima de agresión sexual en su mansión. El FBI se unió a la investigación, y las autoridades reunieron testimonios de varias menores que dijeron haber sido contratadas para dar masajes sexuales al financiero de origen judío.
La llamada “lista Epstein” no es un único documento oficial, sino un conjunto de archivos judiciales, agendas de contactos, registros de vuelos y correos electrónicos vinculados a Jeffrey Epstein que han sido desclasificados en los últimos años.
Esos materiales mencionan a políticos, empresarios y celebridades, entre ellos al expresidente William Clinton, quien aparece profusamente en fotos, y el actual timonel de la Casa Blanca, Donald Trump, amigo público del magnate pervertido, aunque su aparición no implica necesariamente culpabilidad ni participación en delitos.
