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Mientras Díaz-Canel convoca a “transformaciones urgentes”, el gobierno cubano lleva casi cuatro años sin emitir las regulaciones básicas que permitirían canalizar capital extranjero hacia el sector privado nacional —una oportunidad que, paradójicamente, abrió la Administración Biden.
El 10 de mayo de 2022, el gobierno de Estados Unidos autorizó por primera vez desde 1960 la inversión directa de capital en una empresa privada ubicada en Cuba, propiedad de un ciudadano cubano. Fue una apertura sin precedentes: una señal de que el sector no estatal de la isla podía acceder a financiamiento externo en condiciones legales del lado estadounidense.
Lo único que faltaba era la respuesta del gobierno cubano, pero nunca llegó.
Según el Consejo de Comercio y Economía Estados Unidos-Cuba (USCTEC por sus siglas en inglés), dirigido por John Kavulich, la operación requería un paso administrativo relativamente sencillo: que la empresa cubana presentara ante una institución financiera estatal un documento, equivalente a un formulario de “Conozca a su Cliente” (KYC), autorizando oficialmente la transacción.
Casi cuatro años después, el gobierno de Cuba no ha emitido las orientaciones ni las regulaciones necesarias para hacer posible ese trámite. La ausencia de ese marco normativo no solo bloqueó la inversión estadounidense autorizada en 2022.
Según el análisis del USCTEC, también ha afectado el flujo de capital proveniente de otros países con los que Cuba mantiene relaciones —incluidos China, Rusia y los 27 miembros de la Unión Europea— que tampoco cuentan con una vía regulatoria clara para financiar directamente a empresas privadas cubanas.
Este punto adquiere particular relevancia frente a las declaraciones del presidente Miguel Díaz-Canel en el Consejo de Ministros del 2 de marzo, donde volvió a fijar como prioridades la autonomía empresarial, la captación de divisas, el fomento de exportaciones y el estímulo a los negocios con cubanos residentes en el exterior. Los objetivos son los mismos que se han enunciado desde al menos 2022. Lo que sigue sin aparecer es la arquitectura regulatoria que los haría posibles.
“Hasta el momento, los sucesivos gobiernos de la República de Cuba han adoptado fórmulas ligadas al sector privado que garantizan el fracaso. El gobierno de la República de Cuba debe adoptar y adaptarse, y con rapidez, a fórmulas dirigidas al resurgimiento del sector privado en la República de Cuba que transiten sistémicamente desde un enfoque de supervivencia a un enfoque de prosperidad”, se lee en Cubatrade.org.
El propio Díaz-Canel lo admitió de forma indirecta al señalar que las medidas de autonomía empresarial ya aprobadas “aún no se están aplicando” y que “algunas incluso son desconocidas” dentro del propio sistema. No es una autocrítica menor: reconoce que el problema no es solo de diseño de política, sino de implementación.
El economista Pedro Monreal, en sucesivas intervenciones sobre el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía —ahora rebautizado como Programa Económico y Social del Gobierno para 2026— ha señalado que el documento es “innecesariamente disperso, con deficiente definición de metas e indicadores, imprecisa descripción de acciones y metas poco creíbles”. Para Monreal, el plan sobrestima la capacidad de gestión del Estado y termina siendo una suma de agendas ministeriales sin financiamiento claramente identificado.
Otros tres economistas han expresado sus opiniones sobre este Programa en OnCuba:
Leyendo el Programa de Gobierno: el todo y la suma de las partes
Sobre el recién presentado Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía
Seis puntos sobre el Programa de Gobierno y una evocación obligatoria
Para el USCTEC, la administración Trump —que ha mantenido e intensificado las presiones sobre Cuba con el bloqueo petrolero— paradójicamente no cierra todas las puertas.
Según su interpretación, algunos instrumentos de la política estadounidense podrían, si el gobierno cubano los aceptara, fortalecer al sector privado cubano al proveer capital adicional, nuevos mercados y conectividad bilateral. La condición es que La Habana emita las regulaciones que hagan posible esa conexión.
El Programa Económico y Social deberá hacerse público en marzo de 2026, según anunció el primer ministro Manuel Marrero Cruz en la misma sesión del Consejo de Ministros, donde además se ratificó la política de descentralizar hacia los municipios la aprobación de todo tipo de actores económicos, estatales y no estatales.
Esta medida fue anunciada en julio de 2024; sin embargo, hasta diciembre de 2025, solo 65 municipios, de 168, habían sido habilitados para ello. Otro ejemplo de lentitud e ineficacia en la implementación de una política económica.
