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Bajo la segunda administración Trump, los estadounidenses han presenciado un fenómeno poco habitual: casi una docena de países han aceptado recibir deportados que no son ciudadanos de esas naciones.
El hecho tiene varias dimensiones, una de ellas en el plano doméstico. Las actuales autoridades federales han apostado a que este procedimiento desalentará la migración y fomentará la autodeportación, considerada una de sus prioridades.
Se trata, sin dudas, de uno de los rasgos que marcan una diferencia central respecto a administraciones anteriores. “Esta no es una estrategia que el Gobierno de Estados Unidos haya utilizado de manera sistemática”, señaló la profesora Cristina Rodríguez, de la Universidad de Yale, “especialmente en la medida en que están deportando a personas a zonas de guerra, como Sudán del Sur, o a prisiones, como ocurrió en El Salvador”.
El giro
Las deportaciones a terceros países no son una práctica nueva. Están contempladas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) deportar a un inmigrante a un país distinto al suyo, pero solo en circunstancias muy concretas.
Normalmente, en sus dictámenes sobre deportación, los jueces designan el país al que el inmigrante será enviado, generalmente su propio país. Solo si resulta impracticable, desaconsejable o imposible, la INA autoriza al DHS a expulsar al extranjero a un tercer país.
En abril pasado, el juez federal Brian E. Murphy prohibió al Gobierno enviar inmigrantes a terceros países sin evaluar previamente las posibles reclamaciones en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
Al no brindar a los inmigrantes una “oportunidad significativa” para plantear su temor a la deportación, el Gobierno violaba su derecho constitucional al debido proceso, según legisló el juez.
Corte Suprema permite a Trump deportación expedita de migrantes a terceros países
El juez emitió entonces una orden de suspensión temporal de esa política, después de que varios abogados de los inmigrantes demandaran al Gobierno por los cambios abruptos en los destinos de deportación, en este caso, a un país de bastante mala prensa: Sudán del Sur.
Pero la historia no estaría completa sin un detalle importante. A pesar de la orden de Murphy, la Administración intentó deportar a varios convictos a esa nación africana. Se trataba de ocho hombres de nacionalidades sursudanesa, mexicana, laosiana, birmana y vietnamita, además de dos cubanos.
Ante esta situación, Murphy amenazó con declarar en desacato a los funcionarios de Trump. Ordenó detener el vuelo de deportación durante una escala en una base militar estadounidense en Yibuti, un país situado en el cuerno africano.
Funcionarios de la Administración Trump convocaron una conferencia de prensa para denunciar al juez y acusarlo falsamente de poner en peligro a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos con los deportados, todos con antecedentes penales.
Sin embargo, el juez dejó claro que le daba a la Administración la posibilidad de devolver a los inmigrantes a Estados Unidos, para que recibieran la notificación correspondiente y tuvieran la oportunidad de consultar con sus abogados.
En ese escenario, en junio se produjo un giro: en respuesta a una solicitud de emergencia del Gobierno, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que este podía deportar de manera expedita a extranjeros a países con los que no tenían vínculos previos.
Como es usual en este tipo de recursos legales, los jueces no ofrecieron ninguna explicación que fundamentara su posición. Pero las tres magistradas liberales —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— discreparon. Hablando por ellas, la primera calificó el hecho de “abuso” del poder de la corte, equivalente, escribió, a “premiar la ilegalidad” de la Administración.
Los abogados de los inmigrantes que habían recurrido a los tribunales afirmaron que a sus defendidos esa luz verde los haría “vulnerables a la tortura o la muerte en países peligrosos”.
Pero, a pesar de todo, quedó un resquicio: Murphy y otros jueces podrían seguir bloqueando esas deportaciones en casos individuales. La base legal es que, de acuerdo con la legislación estadounidense y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, las personas no pueden ser deportadas a terceros países si pueden demostrar la probabilidad de que sufran torturas.
América Latina y África
Bajo Trump, venezolanos e inmigrantes de Afganistán, Rusia, Irán, China y otros países han sido enviados a Costa Rica y Panamá debido a esas tratativas. El mes pasado, Paraguay firmó un acuerdo en ese sentido con la Administración Trump. (México no lo ha hecho, pero ha aceptado deportados de Centroamérica y otros países del hemisferio occidental como Cuba, Haití y Venezuela).
Uno de los casos más conocidos es el de El Salvador, resultado de un acuerdo con el secretario de Estado, Marco Rubio, en febrero pasado; lo mismo con Guatemala. Ambas naciones acordaron aceptar vuelos de deportaciones de sus propios ciudadanos y de otras nacionalidades.
De acuerdo con trascendidos, Estados Unidos le pagó a El Salvador alrededor de 6 millones de dólares por recibir a 238 presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la notoria megaprisión edificada por el presidente Nayib Bukele, donde todo es posible.
En el caso de África, además de Sudán del Sur, Ruanda ha aceptado recibir hasta 250 deportados.
Esuatini, otro país difícil, recibió cinco convictos de delitos graves. Según trascendidos, los mantienen en prisiones de máxima seguridad.
Uno de los últimos en ingresar a la lista es Ghana, que recibe solo a deportados de África occidental. Entre los inmigrantes que el Gobierno estadounidense deportó recientemente se encuentran trece nigerianos y un gambiano. Las autoridades gambianas informaron el lunes pasado que 14 deportados habían sido enviados a sus países respectivos.
Grupos de derechos humanos han argumentado que la mayoría de las naciones africanas que los han recibido tienen en común un historial que va de deficiente a problemático en materia de derechos humanos. Y que no están preparadas para aceptarlos, aunque hayan accedido a hacerlo a cambio de una compensación económica o presiones diplomáticas.
En definitiva, la luz verde de la Corte Suprema avaló y de hecho estimuló los esfuerzos del Gobierno por establecer acuerdos con un conjunto de países del Tercer Mundo a fin de que acepten a deportados no nacionales.
La alineación con sus políticas es lo que ha ocurrido con muchísimas solicitudes de emergencia del Gobierno a Suprema. En el más alto escalón de la Justicia está posicionada una supermayoría conservadora que, para más detalles, cuenta con tres magistrados designados por Donald Trump.
