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El sábado 12 de abril una noticia llegó a la primera plana del diario The Washington Post. Según cuatro funcionarios federales que prefirieron hablar desde el anonimato, la Administración Trump tiene planes de deportar a un millón de inmigrantes en 2025.
Pero esa emulación, con sus precedentes (Obama llegó a deportar a 400 mil personas en ese mismo periodo de tiempo), no parece tener demasiadas posibilidades. En efecto, varios analistas sostienen que el objetivo va de poco realista a imposible, considerando factores como problemas de financiamiento, falta de personal y el hecho de que los inmigrantes tienen derecho a una audiencia judicial antes de ser deportados.
Pero hay un nuevo giro: el cuestionamiento de ese derecho. “La Administración Trump considera que no pertenecen aquí, no merecen la oportunidad de defenderse de forma significativa antes de ser detenidos y expulsados, muchos montados en aviones y, en algunos de los casos más extremos, prácticamente desaparecidos”, escribe Alexandra Villarreal en The Guardian.
El objetivo consiste en cortarles el acceso a la representación legal y las libertades civiles. Y, sobre todo, difundir la idea de que ni siquiera tienen el derecho al debido proceso desde, al menos, dos perspectivas:
a) intimidando a bufetes de abogados o
b) desafiando y amenazando a jueces federales.
En una palabra, tener las manos libres para obrar sin cortapisas. Dos de las últimas manifestaciones de esta tendencia son las siguientes:
- En un memorando público dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Trump condenó lo que denominó “el comportamiento inescrupuloso” de abogados y bufetes de abogados dirigido a “engañar a las autoridades de inmigración y a los tribunales para que les concedan un alivio inmerecido”.
- Para castigar a sus adversarios por lo que describió como un “litigio frívolo, irrazonable y vejatorio”, Trump le pidió a Bondi aplicar sanciones a los abogados y “medidas disciplinarias”, amenazando con revocar las autorizaciones y los contratos federales de los abogados y sus bufetes.
De nuevo, el mensaje fue enfático: los abogados que trabajan en casos legales que no son del agrado de presidente enfrentarán posibles represalias.
La base administrativa
El 22 de marzo Trump emitió un memorando titulado “Prevención de Abusos del Sistema Legal y la Corte Federal”, que propone sanciones y otras medidas represivas contra los abogados que representan a solicitantes de asilo o litiguen las políticas inmigratorias de la Administración.
El texto afirma que los abogados de inmigración actúan indebidamente al representar a personas en un sistema migratorio cada vez más complejo y restrictivo. Pero, por sus contenidos, no podía sino desatar reacciones entre la comunidad letrada. Algunos abogados y firmas han claudicado ante los miedos. Otros, no.
Administración Trump inicia deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros
Por ejemplo, Kelli Stump, presidenta de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), una entidad no partidista y sin fines de lucro que brinda educación jurídica, servicios profesionales e información a más de 16 mil abogados de inmigración, respondió que “la AILA y sus miembros no se dejarán intimidar”.
Bridget Crawford, otra letrada y directora de Derecho y Política de Immigration Equality, dijo: “El memorando del presidente Trump atacando a los abogados constituye un grave abuso de autoridad ejecutiva que atenta contra la esencia misma de nuestra democracia. No se equivoquen: la Administración Trump no tiene intención de defender el Estado de Derecho”.
Y luego: “Al contrario, el presidente ha atacado regularmente a los jueces. Ahora ataca a los abogados que representan a solicitantes de asilo y a los abogados que lo demandan para anular sus políticas ilegales. No se dejen engañar. Lo que el presidente realmente intenta es atemorizar a los abogados y bufetes de abogados para que no protejan la democracia”.
Aaron C. Morris, director ejecutivo de Igualdad en la Inmigración, remarcó: “El memorando del presidente busca amenazar a los abogados de inmigración, la integridad de nuestro sistema legal y los principios mismos del debido proceso. Los abogados no deben tener miedo de hacer lo correcto en Estados Unidos. Hicimos un juramento de defender celosamente a nuestros clientes y la Constitución, y eso es exactamente lo que seguiremos haciendo”.
Se trata de un documento, dijeron indistintamente, “escalofriante”, “infundado”, “peligroso”…
Los problemas
El “nuevo sentido común” que pretende entronizar el poder ha conducido a deportar a venezolanos por encima de abogados y jueces, argumentado delitos que no han sido examinados por los tribunales.
La orden que invoca facultades de tiempos de guerra para deportar a cualquier persona sospechosa de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua, reciclada de una ley de 1798, ha sido un interesantísimo case study.
El juez federal James Boasberg mandó a bloquear temporalmente esas deportaciones, pero la Administración procedió de todas maneras con el argumento de que los vuelos ya habían despegado de territorio estadounidense y que, por consiguiente, no se había podido aplicar la instrucción del juez.
El hecho no hizo sino alimentar las preocupaciones de que esa acción pudiera conducir a deportaciones de venezolanos sin vínculo alguno con el Tren de Aragua, como se ha documentado.
Estamos asistiendo un enfrentamiento entre ambos poderes (ejecutivo y judicial) que ha reavivado, en breve, los temores de que la Administración pueda optar por ignorar las órdenes judiciales, cosa que ya han hecho.
El caso Tren de Aragua llegó a la Corte Suprema, donde obtuvo un resultado dual. Si por un lado, le permitió a la Administración seguir deportando personas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (una victoria en lo inmediato); por otro, estableció que no podía hacerlo sin antes llevarlas a las cortes: una victoria para los opositores, y en particular para la ACLU.
Pero, en paralelo, están implementando estrategias de presión pública con el fin de que los inmigrantes se vayan de una vez. Una ha consistido en eliminar CBP One y reemplazarlo por una nueva aplicación llamada CBP Home, que propone la autodeportación. Han llegado a mandar correos electrónicos a los implicados. “El Departamento de Seguridad Nacional está cancelando su libertad condicional”, se leía en uno, que continuaba: “No intente permanecer en Estados Unidos; el Gobierno Federal lo encontrará”.
Un abogado de inmigración dijo que nunca antes había visto cancelar la libertad condicional migratoria mediante un e-mail. “Se supone que es una táctica de intimidación para que la gente abandone el país”.
“Es aterrador para la gente recibir una carta como esta”, declaró a The Boston Globe Jeff Thielman, presidente del Instituto Internacional de Nueva Inglaterra, un servicio de ayuda humanitaria a los inmigrantes. “Siguieron todas las normas, hicieron todo lo que debían hacer, informaron al Gobierno sobre su paradero y ubicación, y ahora están siendo castigados por ello”, añadió.
Mientras todo se dirime, en los bufetes de los abogados que no se han plegado al poder —y no son pocos, ciertamente— han aumentado los casos pro bono, entendiendo que la mayoría de los inmigrantes y solicitantes de asilo no pueden costear sus gastos de representación legal… No es solo, en definitiva, una expresión de resistencia, sino de consonancia con el Estado de Derecho.
