Alfredo Prieto
En Estados Unidos es legal que exista una corte con un solo juez. De acuerdo con el 28 U.S. Code § 2284, este “puede dictar todas las órdenes permitidas por las reglas de procedimiento civil y otorgar una orden de restricción temporal sobre la base de una determinación específica, a partir de las pruebas presentadas, de que se producirá un daño irreparable especificado”.
Exactamente a eso acudió el fiscal general de Texas, Ken Paxton, al involucrar en la demanda contra el nuevo parole federal al juez Drew Tipton, no por azar un actor con una historia bastante larga de oposición a la administración Biden en materia migratoria. Es el séptimo caso que Paxton le entrega.
Nominado por el entonces presidente Trump en febrero de 2020, Tipton tiene su reino en el distrito sur de Texas, y se le considera uno de los jueces más ideologizados y politizados de los Estados Unidos. Si se revisa sumariamente su historial, aparecerían datos como los siguientes:
El 26 de enero de 2021 ordenó detener una orden ejecutiva emitida por Biden para frenar la deportación de algunos inmigrantes durante cien días. El documento de Tipton se dirigía a impedir temporalmente que el nuevo presidente revocara la política migratoria de la administración Trump, conocida de manera eufemística como “Protocolos de Protección de Migrantes” (PPM). No es otra cosa que el programa “Quédate en México”, creado por el Gobierno de Trump en enero de 2019 para enviar al lado mexicano a los solicitantes de asilo que esperaraban respuesta sobre sus casos; en contravención de leyes, acuerdos y reglamentos que habían regido en el país durante años.
En los cuatro años de Administración Trump, fue destruido el sistema migratorio que habían levantado los últimos nueve presidentes de Estados Unidos; lo cual ocurrió, por cierto, sin pedir autorización del Congreso.
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El texto de Biden instruía al Departamento de Seguridad Nacional revisar sus prácticas y establecer pautas temporales, incluido cesar las deportaciones de los inmigrantes que habían llegado a Estados Unidos antes del primero de noviembre de 2020 y no fueran sospechosos de terrorismo, espionaje ni representaran otro riesgo para la seguridad nacional.
El juez funcionó entonces como la mano de Dios: detuvo temporalmente, en efecto, esa moratoria después de que el fiscal general Ken Paxton argumentara que se había roto un acuerdo que el estado tenía con el Departamento antes de la llegada de Biden, y que se había violado la ley federal.
Aparece un elemento central en la doctrina que defiende America First Legal: la llamada “extralimitación de los poderes ejecutivos” (executive overreach), una de las bases filosófico-conceptuales de la demanda contra el nuevo programa de parole para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Y expresión, por antonomasia, de la llamada guerra cultural. Parece un manifiesto de los viejos tiempos:
“La izquierda radical está usando su poder dentro y fuera del Gobierno para destruir nuestro país. Está abriendo las fronteras de Estados Unidos, cerrando la energía estadounidense, tratando de apoderarse de las elecciones estadounidenses y violando los derechos civiles fundamentales del pueblo estadounidense.
En America First Legal estamos formando un equipo de algunos de los mejores pensadores legales, políticos y estratégicos de la nación para desafiar esta anarquía en todo momento. Usaremos todas las herramientas legales a nuestra disposición para defender a nuestros ciudadanos de la extralimitación inconstitucional del ejecutivo.
Con America First Legal, estamos cambiando las tornas legales de la izquierda activista radical. Emprenderemos una defensa enérgica de nuestros derechos, nuestro país y nuestro preciado estilo de vida estadounidense”.
Más tarde, el 15 de septiembre de 2021 un panel de tres jueces del Quinto Circuito de Apelación de Estados Unidos dictaminó que el fallo de Tipton era incorrecto, causado por su “desprecio por la larga tradición de autoridad procesal ejecutiva”. Obviando en aras de la síntesis el proceso de tira-y-encoge legal concomitante, lo cierto es que en julio de 2022 el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema detener la orden de Tipton, pero esta votó 5-4 en contra de la solicitud. Solo la jueza conservadora Amy Coney Barrett se alineó con los tres jueces liberales.
Significa que, incluso si la Corte rechazara el razonamiento de Tipton, la orden del juez estará vigente durante meses hasta que la Corte Suprema la anule, si es que lo hace. Además, en otros términos, que la administración Biden tiene las manos atadas: no puede implementarla mientras espera que la Corte Suprema escuche los argumentos y emita una decisión.
La estrategia con el nuevo programa parole es someter la nueva demanda a las mismas instancias que en aquella ocasión, convencidos de que al final la Corte Suprema —señoreada por el conservadurismo gracias a los tres jueces que logró colocar Trump— les dé la razón, al menos de manera temporal. La lógica es: “Hay que parar eso. Después se verán los detalles”.
Al respecto, comenta un especialista:
“Paxton se aprovechó de una peculiaridad —en realidad, una laguna— en el poder judicial federal: un estado puede elegir al juez específico que supervisará su caso presentándolo en una pequeña división en la que solo se sienta un juez. Mediante esta estrategia, Paxton ha presentado sus casos ante un elenco rotativo de los mismos jueces conservadores, la mayoría nominados por Donald Trump. Han desempeñado obedientemente su papel en esta pantomima de litigio, emitiendo una serie interminable de mandatos judiciales radicales que han logrado bloquear las políticas de la Administración Biden en todo el país durante meses o años”.
“La decisión de la Corte de impedir que la administración Biden deje de lado las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso es un remedio muy necesario para la acción ilegal del DHS. Una suspensión casi total de las deportaciones solo serviría para poner en peligro a los texanos y socavar la ley federal”, dijo Paxton.
Y amplió: “No se puede permitir que se mantengan las amenazas a la seguridad descaradamente ilegales; se debe defender el Estado de Derecho. Felicito a la Corte por priorizar la ley y la seguridad de nuestros ciudadanos, y continuaré defendiendo a Texas contra las acciones ilegales e inconstitucionales del presidente Biden”. “VICTORIA”, clamó en un tuit. Y terminó describiendo a la moratoria como una “insurrección sediciosa de la izquierda”.
Dijo el abogado de inmigración Aaron Hall: “Es como imaginar a un juez prohibiéndole a un Departamento de Policía usar sus recursos para luchar contra los ladrones de bancos”. Y otro: “La opinión del juez Drew Tipton […] contiene una variedad asombrosa de errores de hecho y de derecho, pero hasta ahora la Corte Suprema ha tolerado la extralimitación de Tipton y permitido que su orden permanezca en vigor”.
La demanda de Texas y otros diecinueve estados contra el Departamento de Seguridad Nacional a propósito del programa parole para cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses constituye un nuevo esfuerzo por desplazar el control de la política fronteriza de manos del poder ejecutivo a las de un solo juez conservador. Lo hacen a sabiendas de que el programa ha contribuido a una reducción sustantiva de inmigrantes de esas cuatro naciones en la frontera sur.
Lo nuevo, sin embargo, es que el Departamento de Justicia está peleando un cambio de sede a fin de transferir el caso a otra instancia legal. De acuerdo con el jurista Michael Joseph Stern:
El DOJ proporcionó tres razones por las que Tipton debería transferir el caso. Primero, argumentó que bajo la ley estatal y federal, Texas “reside” en Austin, la capital del estado, mientras que el gobierno de Estados Unidos. “reside” en el Distrito de Columbia. Entonces Tipton debería transferir el caso a un tribunal federal en Austin o D.C., donde se encuentran el demandante y el demandado. En segundo lugar, el Departamento de Justicia argumentó que Tipo debería transferir el caso a Austin o D.C. en virtud de una ley federal que permite un cambio de sede “para la conveniencia de las partes y los testigos, en interés de la justicia”. Estas ciudades “es probable que residan los documentos relevantes y cualquier posible testigo”, y donde se encuentran las agencias estatales y federales relevantes. Ningún aspecto del reciente caso de la política migratoria, por el contrario, tiene alguna conexión con [una corte de] Victoria, Texas. Por lo tanto, la conveniencia y la lógica, además de la “integridad y equidad sistémicas”, requieren esa transferencia.
Finalmente, el Departamento presentó una oferta de última hora: si no se transfiere el caso a Austin o al D.C., al menos debe enviarse a otra división dentro del Distrito Sur de Texas en la que se sienten varios jueces, no uno solo, complicando los esfuerzos de Paxton por elegir al juez que “supervisará” el caso.
Veremos. La audiencia está fijada para el 25 de abril.
