El gobierno de Donald Trump no realizará estudios ambientales para reemplazar hasta 22 kilómetros de barrera fronteriza en San Diego, para evitar demoras que pudieran obstaculizar la construcción.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo el jueves que emitirá la sexta exención de la presidencia de Trump según una ley de 2005 que otorga al secretario de Seguridad Nacional la autoridad de dispensar revisiones requeridas por las leyes ambientales si se considera que lo hace en aras de la seguridad del país. Esas leyes incluyen la Ley Nacional de Política Ambiental, la Ley de Aire Limpio y la Ley de Especies en Peligro.
La dispensa más reciente, que será publicada en el Registro Federal, allana el camino para que este mes comiencen las obras para remplazar una segunda capa en la barrera de San Diego: una cerca de malla de alambre que funcionaba como una fortaleza cuando fue erigida hace aproximadamente una década, pero que ahora frecuentemente es abierta con sierras portátiles.
Las exenciones permiten evitar las revisiones y las demandas que impugnan la violación de las leyes ambientales, lo cual consume mucho tiempo y molestaría a la administración Trump.
El gobierno otorgó un contrato de 101 millones de dólares a la empresa SLSCO Ltd., de Galveston, Texas, para que construya una barrera de bolardos de acero de 9 metros de altura, con opciones para unos 30 millones de dólares adicionales. Las obras comenzarán este mes.
La secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen dijo en un aviso público que el sector de la Patrulla Fronteriza en San Diego es “un área de elevados ingresos ilegales”, con más de 38 mil arrestos y más de cuatro toneladas de marihuana y 816 kilogramos de cocaína incautadas en el año fiscal 2018.
El de San Diego fue el tercer corredor con mayores cruces ilegales entre los nueve sectores de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera con México en 2018, después del Valle del Río Grande en Texas y Tucson, en Arizona.
El trabajo para reemplazar la primera capa de la barrera está prácticamente terminado, también de 22 kilómetros de largo y hecho de bolardos de acero de hasta 9 metros de altura.
Grupos ambientalistas criticaron la exención más reciente.
“Trump no está haciendo caso a las leyes que protegen la salud pública y la fauna en peligro de extinción de forma que pueda cumplir una promesa de campaña llena de odio”, dijo Laiken Jordahl, especialista en campañas en tierras fronterizas para el Centro por la Diversidad Biológica. “Las comunidades y los ecosistemas de la frontera están siendo trastocados por esta militarización, pero la Patrulla Fronteriza ni siquiera le dará a los habitantes la cortesía de una audiencia pública. Esta es la definición de la ilegalidad”.
El gobierno de Trump ha asignado contratos para construir el muro valuados en 1,000 millones de dólares –la mayoría de ellos para reemplazar las barreras existentes– incluyendo 716 millones de dólares a SLSCO. El trabajo en la primera extensión comienza este mes, de 22 kilómetros en el Valle del Río Grande, por mucho el corredor con más cruces ilegales.
El gobierno del presidente George W. Bush emitió cinco exenciones, preparando el terreno para que las barreras cubrieran aproximadamente una tercera parte de la frontera con México, pero luego el gobierno de Barack Obama no emitió ninguna dispensa.
El muro fronterizo es uno de los temas más polémicos defendidos por Trump, que ha provocado fuertes enfrentamientos con los legisladores demócratas e incluso llevó a la paralización del gobierno por varias semanas, escenario que podría repetirse si el mandatario no logra los fondos que exige al Congreso para su construcción.
AP / OnCuba
