Los solicitantes de visa para entrar a los Estados Unidos deben enviar información sobre las cuentas de redes sociales que hayan usado en los últimos cinco años, según establece una política del Departamento de Estado que entró en vigor el viernes 31 de mayo.
Un artículo en The New York Times observa que dicha información le daría al gobierno acceso a fotos, ubicaciones, fechas especiales y otros datos personales que comúnmente se comparten en estas plataformas.
“Ya solicitamos cierta información de contacto, historial de viaje, información de miembros de la familia y direcciones anteriores de todos los solicitantes de visa”, dijo el Departamento de Estado en una declaración. “Estamos trabajando constantemente para encontrar mecanismos que mejoren nuestros procesos de detección para proteger a los ciudadanos de los EE.UU., al mismo tiempo que apoyamos los viajes legítimos a los Estados Unidos”.
Requerir información sobre las cuentas en redes sociales de los solicitantes de visa es parte de lo que pidió en marzo de 2017 el presidente Trump al secretario de estado, al fiscal general, al secretario de seguridad nacional y al director de inteligencia nacional: que pusieran en práctica “una línea de base uniforme para evaluar y examinar las normas y procedimientos”, según una nota publicada en El Registro Federal.
En septiembre de 2017 el Departamento de Seguridad Nacional promulgó un reglamento que exige la vigilancia del uso que hacen todos los inmigrantes en las redes sociales, incluidos los ciudadanos naturalizados. Durante la administración Obama, el Departamento de Estado comenzó a pedir a los solicitantes de visa que enviaran voluntariamente su información de redes sociales.
“Esto parece ser parte del mismo esfuerzo para tener una amplia y extraordinaria vigilancia de ciudadanos y no ciudadanos”, dijo el domingo Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes en la Escuela de Derecho de Columbia. “Dado el alcance de los esfuerzos de vigilancia, es difícil encontrar una base racional para la amplia vigilancia que el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional han estado realizando durante casi dos años”, la cita el NYT.
“Esta es una propuesta peligrosa y problemática, que no hace nada para proteger la seguridad, sino que plantea problemas de privacidad importantes y problemas de la Primera Enmienda para ciudadanos e inmigrantes”, dijo el domingo Hina Shamsi, directora del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles.
“Las investigaciones muestran que este tipo de monitoreo tiene efectos escalofriantes, lo que significa que es menos probable que las personas hablen libremente y se conecten entre sí en comunidades en línea que ahora son esenciales para la vida moderna”, añadió.
La Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión, que impida la práctica libre de la misma, que reduzca la libertad de expresión, que vulnere la libertad de prensa, que interfiera con el derecho de reunión pacífica o que prohíba el solicitar una compensación por agravios gubernamentales.
Hoy día las redes sociales conforman un mapa de contactos, asociaciones, hábitos, opiniones y preferencias. Este tipo de requisito resultará en vigilancia de los viajeros y sus redes de amigos, familiares y socios comerciales, dijo Shamsi, y agregó que el gobierno no había explicado cómo usaría esta información.
Además, el gobierno no ha podido probar que las redes sociales puedan proporcionar indicaciones confiables que identifiquen una amenaza a la seguridad, dijo. “En ausencia de tales indicadores, lo que hemos visto en el país y en el extranjero es que los funcionarios del gobierno penalizan el discurso de las personas, la afiliación religiosa y otras conductas”.
