Alfredo Prieto
Si pensaron que Fulton era un buen condado para el crimen y la violencia, estaban equivocados. Y van a sufrir las consecuencias.
Fiscal Fanni Willis.
Durante los últimos dos años la oficina de Fanni Willis, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Georgia, ha dirigido una investigación criminal sobre Trump y sus subrogantes por interferir ilegalmente en las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado.
La fiscal convocó a un Gran Jurado Especial de 26 miembros con poder de citación y autoridad para entrevistar a testigos y, en última instancia, entregar un informe. Sin embargo, la estructura judicial no tenía autoridad para emitir una acusación.
Los grandes jurados no son estructuras comunes; se convocan en circunstancias muy específicas y con razones muy concretas. En este caso se convocó sobre la base de su poder de citación a fin de exigir el testimonio de testigos que de otra manera no hubieran estado dispuestos a hablar con los investigadores.
Al principio el foco de la investigación fue la llamada que le hizo Trump al secretario de Estado de Georgia, el también republicano Brad Raffensberger, el 2 de enero de 2021, días antes de que se convocara la sesión conjunta del Congreso para certificar la victoria de Biden. Como se recordará, ahí lo instaba a “encontrar 11 780 votos” necesarios para poder vencer al ganador demócrata de las elecciones en Georgia.
Pero, después la pesquisa se fue ensanchando, en primer lugar, debido al descubrimiento de los llamados “electores alternativos”, un intento de los funcionarios de la campaña de Trump, encabezados por su abogado Rudy Giuliani, de subvertir el proceso del Colegio Electoral. Puesto en lenguaje llano, un intento de golpe de Estado.
El proceso fue sacando a flote, en efecto, que en Georgia hubo múltiples llamadas de planificación entre funcionarios de la campaña de Trump y ciertos agentes del Partido Republicano. En julio pasado, por ejemplo, trascendió que los 16 electores falsos que participaron en el plan eran objeto de una investigación criminal, y que Willis les había informado que podían ser acusados. Fue una de las primeras señales de que los fiscales se estaban acercando a posibles cargos penales contra los involucrados. La oficina de Willis le envió esas cartas a varios implicados, incluidos legisladores republicanos y al presidente de ese partido en Georgia.
Por otra parte, ese Gran Jurado Especial también investigó una llamada telefónica del 13 de noviembre de 2020 del senador Graham a Raffensberger, así como un discurso de Trump a sus seguidores después de dejar la Casa Blanca en el que parecía jactarse públicamente de que le había pedido al gobernador de Georgia, Brian Kemp, que “nos ayudara“ y rehiciera las elecciones.
En total, el Gran Jurado Especial escuchó a 75 testigos. Una lista parcial de estos incluiría a algunos peces gordos, entre ellos el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows; el senador republicano Lindsey Graham; la ex senadora Kelly Loeffler; y cinco miembros del equipo legal de Trump, entre los que estaban Rudy Giuliani, Jenna Ellis y John Eastman —este último, según trascendidos, el autor de la brillante idea de que el vicepresidente Mike Pence tenía autoridad constitucional para bloquear la certificación de Biden por el Congreso (Pence y sus asesores tuvieron el buen tino de negarse tajantemente a hacerlo a partir de lo estipulado por la Carta Magna).
Hay en todo este proceso algunas señales que valdría la pena retener:
- Cuando el juez escuchó los argumentos acerca de si hacer público o no el informe del Gran Jurado Especial, Willis dijo que la decisión de presentar cargos era “inminente“. El juez a cargo de ese proceso, Robert McBurney, autorizó la publicación parcial del informe, así como una sección en la que sus miembros expresaron la preocupación de que algunos testigos pudieran haber mentido bajo juramento.
- La fiscal Willis hizo recomendaciones acerca de quién debería o no ser acusado y por qué. Y, tal vez lo más importante: se supo que luego de entrevistas con funcionarios electorales, analistas y trabajadores electorales, un informe —también parcialmente publicado— muestra que el jurado acordó por unanimidad que “no hubo fraude generalizado“ en las elecciones de Georgia.
- La oficina de Willis recomendó acusar a “uno o más” testigos que probablemente cometieron perjurio. El documento socializado no incluye sus nombres por razones de confidencialidad.
- Al menos ocho de esos electores falsos han firmado acuerdos de inmunidad con la oficina de Willis.
El Gran Jurado Especial fue liberado después de concluir su trabajo. Pero el pasado martes prestaron juramento en Georgia, después de constituidos, dos grandes jurados, uno de los cuales debe determinar si se van a presentar cargos penales contra el ex presidente Trump y sus asociados. El juez que presidió los procedimientos iniciales es el mismo que supervisó al Gran Jurado Especial antes aludido, pero un juez diferente del condado de Fulton supervisará a los que acaban de prestar juramento.
Y aquí hay un nuevo problema para lo que yo llamo “el expediente acumulativo legal de Donald Trump”, quien ya enfrenta en Florida 37 cargos federales en una investigación relacionada con mal manejo de documentos clasificados y otros 34 cargos en Nueva York por pagos ilegales a dos embajadoras del jet set y el sexo. También está siendo investigado en un proceso relacionado con la revuelta del Capitolio el 6 de enero. El FBI la ha calificado de terrorismo doméstico.
Todas esas investigaciones están separadas de la de Georgia. Las señales apuntan a que las decisiones finales de este caso se producirán en septiembre. Recientemente, la fiscal Willis le informó a la policía local que los posibles cargos se anunciarían el día 1 de ese mes, cuando finalicen las labores del jurado. Y se supo que la oficina del alguacil del condado de Fulton está tomando “muy en serio la posibilidad de acusaciones de alto perfil”. Enviaron equipos a Nueva York y Miami para estudiar los protocolos de seguridad de las dos comparecencias previas de Trump este año.
Son procesos técnico-judiciales basados en evidencias. El trumpismo y sus alrededores quieren que aceptemos la idea de que se trata de una movida política, incluso han creado una expresión —weaponization of justice— ideal para apuntalarla. Pero en el mundo real los delitos en juego incluyen, entre otras cosas, figuras tipificadas en las leyes de Georgia como solicitación para cometer fraude electoral (§21-2-604(a), interferencia intencional con el desempeño de los deberes electorales (§21-2-597), y conspiración para cometer fraude electoral (§21-2-603).
El ex presidente, por su parte, ha hecho lo usual en estos casos: decir que se trata de otra cacería de brujas y arremeter contra Willis, que es afroamericana, llamándola “racista” y “marxista lunática”. Pero el destino parece bastante claro: todo eso, y más, no podrá evitar que Donald Trump salga de Georgia con otra banderilla legal puesta en la espalda.
