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El 2 de enero de 2021 Donald Trump llamó por teléfono desde la Casa Blanca al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger. El tema: los resultados electorales en un territorio por naturaleza muy reñido, pero importantísimo para la balanza del poder. Ganar era la meta, no otra.
“Mira —le dijo Trump—, todo lo que quiero hacer es esto. Solo quiero encontrar 11 780 votos [para revertir la victoria de Biden en el estado]. Porque ganamos el estado. Deberías querer tener una elección precisa. Y eres republicano”.
“Creemos que tenemos una elección precisa”, le respondió Raffensperger. Trump le ripostó: “No, no, no la tienes. Ni siquiera estás cerca”.
“La gente de Georgia está molesta, la gente del país está molesta”, volvió a la carga el presidente. “Y no hay nada de malo en decir, ya sabes, um, que has vuelto a calcular“.
Trump afirmó que los votos en el estado se habían escaneado tres veces, algo que Raffensperger rechazó de plano: “Hicimos una auditoría y demostramos de manera concluyente que no se escanearon tres veces. Usted tiene datos erróneos”.
El funcionario republicano debió haberse puesto catatónico. Trump estaba incurriendo en una figura que los expertos clasifican como “autoincriminación”, definida como “el acto, intencional o no, de dar información que sugiere la participación en un delito o que expone a un proceso penal”, y que por lo mismo podía ser utilizada como evidencia en una corte. Y, además, estaba tratando de involucrarlo en un quilombo nada menos que pidiéndole cometer un fraude a su favor.
Después de conocerse los resultados de la contienda en Georgia, bajo presión republicana Raffensperger ordenó un recuento/auditoría manual en todo el estado de esos 5 millones de votos. Esa acción, en definitiva, ratificó la victoria de Biden, quien obtuvo 2,47 millones de boletas; Trump 2,46 millones. El primero ganaba por un estrechísimo margen del 0,25 %. Más tarde, el 20 de noviembre de 2020, Raffensperger certificó los totales de votos finales y el gobernador de Georgia, Brian Kemp, emitió la certificación formal de la lista de electores del estado.
Sin embargo, lejos de tratar de corregir el tiro, el impenitente ego de Trump agravó el problema. En efecto, cuando The Washington Post y otros órganos de prensa dieron a conocer los contenidos de esa llamada, a cuya grabación accedieron, emitió una declaración en la que la consideraba “perfecta“, “tal vez incluso“, dijo, “más que mi llamada al presidente ucraniano, si eso es posible“.
Aludía a su llamada telefónica de julio de 2019 al presidente Volodimir Zelenski, en la que trató de presionarlo para que iniciara investigaciones contra Joe y Hunter Biden antes de las elecciones de 2020. Otro de sus fracasos. No lo consiguió.
Pero Trump continuó diciendo que “no dijo nada malo en la llamada“ y que esta se había hecho mientras era “presidente, en nombre de Estados Unidos de América, para investigar el fraude electoral masivo que tuvo lugar en Georgia“.
Faltaría agregar un detalle que a menudo suele pasarse por alto: Trump hizo esas declaraciones después de que se informara que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, había solicitado formar un Gran Jurado Especial para ayudarla a determinar si las presiones de Trump sobre Raffensperger constituían o no conductas delictivas. Ya desde entonces había trascendido a los medios que los fiscales habían encontrado “posibles acciones criminales para alterar ilegalmente el resultado de las elecciones de 2020 en este estado“.
A pesar de las afirmaciones de Trump de fraude, los funcionarios electorales y de seguridad concluyeron que las elecciones presidenciales de 2020 fueron las más seguras en la historia de Estados Unidos. Los 50 estados certificaron sus resultados el 14 de diciembre de 2020. Trump y sus subrogantes perdieron casi todas las demandas que presentaron impugnando sus resultados. En las pocas en que tuvieron éxito, no los cambiaban en ningún estado.
En una carta al Congreso el 6 de enero de 2021, Raffensperger refutó punto por punto las afirmaciones de Trump sobre las elecciones. Pero sus movidas contra el emperador tuvieron una consecuencia. En marzo de 2021 la legislatura estatal de Georgia, controlada por los republicanos, aprobó un proyecto de ley que eliminó el cargo de presidente de la junta electoral estatal de los deberes del secretario de Estado de Georgia.
Mientras, las cortes y los jueces empezaban a pedirle cuentas a los abogados de Trump por presentar “demandas frívolas”, entre otras figuras asociadas al fashion show de las “elecciones fraudulentas”. Por mencionar solo la punta del iceberg, estos procesos culminarían de alguna manera en junio de 2021, cuando la corte de apelaciones de Nueva York le retiró a Rudy Giuliani la licencia para ejercer como abogado en ese estado.
Hay “evidencia no controvertida“, dictaminó la corte, de que el subrogante de Trump “comunicaba declaraciones manifiestamente falsas y engañosas a los tribunales, los legisladores y el público en general“ en el curso de sus esfuerzos por anular la derrota de Trump en las elecciones presidenciales de 2020.
Y continuaba: “Este país está siendo desgarrado por los continuos ataques a la legitimidad de las elecciones de 2020 y al actual presidente, Joseph R. Biden. El sello distintivo de nuestra democracia se basa en elecciones libres y justas. Las declaraciones falsas destinadas a fomentar una pérdida de confianza en nuestras elecciones y la consiguiente pérdida de confianza en el Gobierno generalmente dañan el buen funcionamiento de una sociedad libre“.
Las palabras no caen en el vacío. Los jueces tienen buena memoria y conocen al detalle los dictámenes de sus colegas, incluso por obligación profesional. Y saben que las manos no se mueven sin el brazo que las modula. Esa llamada, y lo que declaró su emisor más tarde, funcionaron como el clásico tiro en el pie.
Fue nada menos que la base del primer juicio político a Trump después de abandonar la presidencia.
Continuará…
