Como si Donald Trump no tuviera ya suficientes problemas judiciales, en una orden sellada emitida el miércoles un tribunal federal de apelaciones ordenó a un abogado suyo entregar los fiscales documentos sobre la retención de registros clasificados en Mar-a -Lago, la residencia del exmandatario en Florida.
El fallo constituye una victoria significativa para el Departamento de Justicia, que durante meses se ha centrado no solo en la búsqueda e incautación de documentos clasificados en la propiedad de Trump, sino también en por qué él y sus representantes se resistieron a las demandas de devolverlos al gobierno.
La decisión sugiere que el tribunal se ha puesto del lado de los fiscales, quienes han argumentado a puertas cerradas que Trump estaba usando su representación legal para cometer un delito.
La orden se reflejó en un breve aviso en línea de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia. El caso está sellado. No se menciona el nombre de ninguna de las partes en la disputa, indicó la revista Time.
Pero los detalles parecen corresponder con una pelea secreta ante un juez por parte de un tribunal inferior, sobre si el abogado de Trump, Evan Corcoran, podría verse obligado a entregar documentos o dar testimonio ante el jurado de instrucción en la investigación del fiscal especial del Departamento de Justicia acerca de si el expresidente manejó mal información ultrasecreta en Mar-a-Lago.
La figura de Corcoran se considera relevante para la investigación, en parte porque el año pasado redactó una declaración para el Departamento de Justicia afirmando que se había realizado una “búsqueda diligente” de documentos clasificados en respuesta a una citación.
Pero esa afirmación resultó ser falsa. Semanas después, los agentes del FBI registraron la casa con una orden de cateo y encontraron aproximadamente 100 documentos adicionales con marcas clasificadas.
Otra abogada de Trump, Christina Bobb, dijo a los investigadores el otoño pasado que Corcoran había redactado la carta y pedido que la firmara en su papel de custodio designado de los registros de Trump.
Una investigación del Departamento de Justicia dirigida por el fiscal especial Jack Smith y su equipo está examinando si Trump o alguien en su órbita obstruyó sus esfuerzos para recuperar todos los documentos clasificados, que incluían material de alto secreto.
Aún no se han presentado cargos. La investigación es una de las múltiples amenazas legales que enfrenta Trump, incluidas investigaciones en Atlanta y Washington sobre sus esfuerzos para deshacer el resultado de las elecciones, y otra de un Gran Jurado en Nueva York sobre los pagos de dinero secreto a la actriz porno Stormy Daniels. El caso de Nueva York parece estar a punto de completarse y avanzar hacia una acusación.
La semana pasada Beryl Howell, juez principal del Tribunal de Distrito Washington DC, le ordenó a Corcoran responder preguntas adicionales ante un jurado de instrucción. Semanas antes, el abogado había comparecido ante el jurado federal que investiga el asunto de Mar-a-Lago, pero invocó el privilegio abogado-cliente para evitar responder ciertas preguntas.
Aunque el privilegio abogado-cliente evita que los abogados se vean obligados a compartir detalles de sus conversaciones con los clientes ante los fiscales, el Departamento de Justicia puede eludir el punto si puede convencer a un juez de que los servicios de un abogado se utilizaron para promover un delito, un principio conocido en la ley como la excepción de “delito-fraude”.
Howell falló a favor del Departamento de Justicia poco antes de dejar el cargo de juez principal el viernes, según una persona familiarizada con el asunto, pero habló la agencia de noticias AP bajo condición de anonimato. Ese fallo fue luego apelado. Los registros judiciales muestran que la disputa ante el panel federal de apelaciones se refería a una orden emitida el viernes pasado por Howell.
El panel de tres jueces que emitió la decisión incluye a Cornelia Pillard, designada por el expresidente Barack Obama, y J. Michelle Childs y Florence Pan, ambas designadas por el presidente Joe Biden. La orden se produjo apenas unas horas después de que el tribunal impusiera plazos estrictos a ambas partes para presentar informes sobre el caso.
