La Covid-19, nombre científico del temible coronavirus, ha dejado en la Florida una estela de casi 400.000 desempleados. Pero hay muchos más. De hecho, nadie sabe cuántos porque no hay forma de contabilizarlos.
Todo esto porque el sistema informático que procesa los pedidos de subsidios de desempleo, cuyo montaje costó 77.9 millones de dólares, simplemente no funciona.
El programa fue creado durante la pasada administración del ex gobernador y ahora congresista federal republicano Rick Scott (2011-2019). Durante los últimos tres años, los auditores de la Florida le han dicho reiteradamente a Scott y al actual gobernadora, Ron De Santis, que el sistema tiene que ser reparado. Pero no les han hecho caso.
Amén del hecho de que la situación pudiera no ser un problema en tiempos normales porque la Florida recibía un promedio mensual de 30.000 pedidos de subsidio, durante las últimas dos semanas la cifra se disparó a poco menos de 400.000 pedidos y el sistema ha colapsado.
La crisis es tan grande que, al menos en esto, republicanos y demócratas están de acuerdo. “Es un desastre”, comentó al sitio Politico un asesor no identificado del gobernador De Santis.
La crítica más feroz viene del lado republicano. Siendo este un año de elecciones presidenciales, la cifra de desempleo representa un problema muy serio para reelegir al presidente Donald Trump en un estado capital en términos electorales.
Pero hay un detalle clave en esta crisis. Cuando fue creado en 2013 por órdenes de Scott, la legislatura estatal levantó muchos problemas porque acusó al gobernador de diseñarlo de modo que quedara, a propósito, el mayor número de desempleados posible para que sonaran bien en las estadísticas. La cifra de desempleados en los Estados Unidos se contabiliza por los pedidos de subsidios de desempleo.
“Es como un sándwich. El sistema fue diseñado de ese modo por Scott. No intentó ahorrar dinero, sino dificultarle a la gente el acceso al subsidio de desempleo y mantener al mínimo las cifras de desempleados y así el gobernador [Scott] tendría algo de qué alardear”, agregó el asesor de De Santis.
La idea del ex gobernador era también ahorrar el pago de impuestos de seguro de desempleo a las empresas, entre ellas su conglomerado de firmas de prestación de servicios de salud.
Un estudio efectuado por el Congreso estadual arrojó que entre 2011 y 2020 el plan de Scott iba a ahorrar unos 2,300 millones de dólares en impuestos a pagar por las empresas.
Cuando en 2015 el ex gobernador quiso nombrar un director para administrar el Programa de Asistencia al Empleo de Florida (FRAP, por sus siglas en inglés), los senadores republicanos se opusieron y ordenaron una auditoría para saber cuando costó el el sistema informático. Ordenaron que lo arreglaran rápido anticipando los problemas políticos que pudieran aparecer una vez que los republicamos sufrieran las consecuencias electorales. Como dijo el jueves el presidente del partido republicano de la Florida, Joe Gruters: “¿77 millones? Alguien tiene que ir preso”…
Cuando De Santis heredó este problema, en noviembre pasado, se comprometió a resolverlo lo más rápidamente posible. No lo ha hecho y sus colegas republicanos están furiosos.
Hasta ahora, casi 400.000 personas han logrado inscribirse y sus casos están siendo analizados porque los beneficios no son automáticos. Tienen que cumplir algunos requisitos, y cuanto más se tarden, más negativo podría ser el resultado electoral de noviembre para los republicanos.
El gran problema es que el sistema ha colapsado. No se puede entrar directamente a la página, al punto de que el gobierno ha recomendado no intentarlo durante la noche.
“El gobernador nos ha dicho que van a imprimir unas planillas para que la gente pida el subsidio por ahí, pero no nos ha dicho cómo va a contratar y cuánto cuesta la gente para procesarlos”, enfatizó Gruters.
El desempleo en la Florida se disparó después que los gobiernos locales y el estatal aplicaron un paquete de medidas que provocó el cierre de toda la industria turística, los restaurantes y puso limitaciones en el servicio de hoteles, áreas donde los trabajadores viven básicamente de las propinas y de su cheque semanal, que dependen directamente de los ingresos de la entidad patronal.
Como la Florida se considera un estado de “libre contratación”, los patrones pueden despedir a cualquiera sin justificaciones, algo bastante común en el mundo del turismo.
