Un hombre de Miami fue condenado a nueve años de prisión por liderar una red que traficaba cubanos a Estados Unidos y extorsionaba a sus familiares en Florida para que pagarán para “liberarlos”, informó este viernes la Fiscalía del país norteamericano.
George Ferrer Sánchez, de 46 años, fue sentenciado por la jueza federal Marcia Cooke como parte de una investigación sobre contrabando de cubanos a través de la frontera de Estados Unidos y México que operaba desde Miami y otros lugares.
La jueza también le ordenó el pago de 5,4 millones de dólares y la entrega de dos bienes inmuebles en Estados Unidos.
Ferrer Sánchez previamente se había declarado culpable de participar en una conspiración para cometer lavado de dinero.
Los hechos ocurrieron entre 2009 y 2015, de acuerdo con el expediente judicial.
Según la Fiscalía, Ferrer Sánchez dirigió una operación que robó embarcaciones utilizadas para transportar a los inmigrantes desde Cuba a México, desde donde llamaban a sus familiares y amigos en el sur de Florida “para asegurar el pago de su liberación”, subrayó la Fiscalía.
Detalló que el líder de la red “conspiró con otros para adquirir fondos de los familiares de los migrantes en el sur de Florida, que fueron lavados a través del negocio y los bienes inmuebles”.
El enjuiciamiento es el resultado de los esfuerzos de la Operación Task Force Sisyphus dirigida a “organizaciones que utilizan la coerción y la extorsión para obligar a los migrantes y sus familias a realizar pagos por la liberación de sus seres queridos”.
El Gobierno de Donald Trump ha puesto fin a la antigua política de “captura y liberación” (“catch and release”, en inglés) de indocumentados que cruzaban la frontera sur y ahora son devueltos a México o a sus lugares de origen.
Según la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, 21.499 cubanos que llegaron al país por la frontera sur durante 2019 resultaron inadmisibles.
Por otro lado, 1.802 cubanos han sido repatriados en los tres últimos años fiscales y hasta agosto pasado había más de 39.000 con órdenes de deportación por condenas penales o razones migratorias.
