El gobernador de Florida, Ron DeSantis, acaba de promulgar una ley estatal que interviene directamente en las capacidades de la iniciativa privada de controlar sus negocios públicos.
La ley prohíbe a las empresas, negocios y establecimientos escolares negar el acceso a sus instalaciones a quienes no certifiquen estar protegidos o libres de la COVID-19.
La decisión fue recibida de inmediato con una ola de críticas. Mac Stipanovich, un consultor de Tallahassee, la capital de Florida, y un republicano opositor del expresidente Donald Trump que se convirtió en elector independiente, calificó la prohibición como “ridícula a primera vista”.
“¿Puedes usar tu permiso de armas ocultas y entrar a una propiedad de Disney? ¿Puedes ir a Disney World con tu arma? ¡No! En Florida, la ley permite tener un permiso, pero los derechos de propiedad privada prevalecen sobre eso”, se preguntó Stipanovich.
Es más, “hay muchos restaurantes y bares y todo tipo de negocios en Florida que prohíben el ingreso de clientes ‘sin zapatos o sin camisa’, porque esa es su propiedad privada. ¿Cómo diablos va a decir Ron DeSantis a Disney World que no pueden exigir certificados de vacunación si así lo desean?”.
Todo lo anterior gira alrededor de lo que se ha dado en llamar “pasaportes de vacunación”, que certifican la condición de protegidos contra la pandemia. Pero en realidad, la decisión del gobernador termina estimulando las demandas contra aquellas empresas o establecimientos que impidan el ingreso de personas sin ese “pasaporte”, dijo el diario Orlando Sentinel.
“Es completamente inaceptable”, dijo DeSantis sobre lo que llamó ‘pasaportes de vacunación’, una tarjeta o algún otro método para probar que un individuo ha sido inoculado contra el virus. “Quieres ir a una sala de cine, ¿deberías mostrar eso? No. ¿Quieres ir a un juego [o] a un parque temático? No. Así que no apoyamos eso”, apuntó el gobernador.
DeSantis dijo que pronto firmará una orden ejecutiva contra los pasaportes de vacunación, y pidió a la Legislatura estatal que apruebe un proyecto de ley que establezca la prohibición de forma permanente. Además, dijo que permitir que las grandes corporaciones tuvieran acceso a informes sobre la vacunación era como tener “al zorro [cuidando] el gallinero”, citando razones de privacidad.
Los comentarios de DeSantis se produjeron después de que trascendiera que la administración de Joe Biden está considerando presionar a las agencias federales y empresas privadas para que desarrollen un programa que permita a las personas demostrar que han sido vacunadas contra el virus que causa la COVID-19.
Al menos en Florida, el público ya recibe una tarjeta donde se consignan las fechas de vacunación, que una persona puede exhibir incluso para conseguir trabajo.
De hecho, la idea de tener que mostrar una prueba de la vacunación no es nueva. Florida y otros estados de EE.UU. exigen que los niños de escuelas públicas y privadas se vacunen contra varias enfermedades o presenten exenciones bajo el argumento de su fe religiosa por escrito.
La ahora ley, SB 72, es la primera promulgada por DeSantis este año, y la primera acción concreta tomada por la Legislatura floridana, que terminó su sesión de 2020 justo cuando la COVID-19 se estaba extendiendo fuertemente en el estado.
