Rui Ferreira
Un controversial proyecto de ley se abre paso en la legislatura de Florida, donde los republicanos tienen una fuerte presencia en las dos cámaras. El proyecto, que cuenta con el apoyo irrestricto del gobernador Ron DeSantis, criminalizaría el transporte “a sabiendas y deliberadamente” de inmigrantes indocumentados “hacia o dentro” del estado. Si se aprueba, como se espera ampliamente, el proyecto de ley del Senado (SB) número 1718 podría afectar los sectores agrícola y hotelero de Florida.
En términos prácticos, el 1718 enmendaría el Título XLVI de los Estatutos de Florida, Sección 787.07, al establecer sanciones penales para “personas que a sabiendas y deliberadamente violen, o que razonablemente deberían saber que violan, ciertas disposiciones relacionadas con el transporte hacia o dentro de [Florida]” de inmigrantes indocumentados.
La enmienda tipificaría como delito “ocultar, albergar o proteger de la detención, o el intento de hacerlo”, de esos inmigrantes. Estas acciones pasarían a constituir un delito grave de tercer grado.
Además, los acusados cometerían un delito separado por cada inmigrante indocumentado transportado, escondido, albergado o protegido de las autoridades. Un individuo “que comete cinco o más delitos separados” durante un solo episodio podría ser acusado de un delito grave de segundo grado, precisa el proyecto.
Si bien sus patrocinadores han dicho que la legislación no tiene la intención de apuntar hacia los floridanos comunes en su vida cotidiana, sus aplicaciones potenciales son amplias, dijeron analistas legales: un hijo adulto estadounidense de un inmigrante indocumentado que conduce a un padre, un abogado que conduce a un cliente a tribunal o alguien que conducía un equipo deportivo que tenía un jugador sin estatus legal en Estados Unidos podría estar expuesto a cargos penales, apuntó el diario The New York Times.
La ley también podría aplicarse a un propietario que alquila una propiedad a una familia indocumentada o alguien que tiene una persona indocumentada viviendo en su hogar, como su ama de llaves o su casero.
“Tal como está escrito el proyecto de ley, no hay excepciones”, dijo al rotativo el abogado Paul Chávez, afiliado al Southern Poverty Law Center, que se prepara para impugnar la legislación en los tribunales, si se aprueba.
Hacer cumplir estas medidas abriría la puerta a la discriminación racial, dijeron los críticos, ya que los agentes de policía están encargados de determinar quién está documentado, no los especialistas ni los abogados.
“Estás viendo un proyecto de ley que crea una atmósfera en la que podrías ser atacado, ya seas inmigrante, ciudadano o turista”, apuntó al medio Felipe Sousa-Lazaballet, director ejecutivo de Hope CommUnity Center, una organización sin fines de lucro de Apopka, Florida, que brinda a los inmigrantes una variedad de servicios sociales. “No se puede saber sabes el estatus migratorio de las personas con solo mirarlas”, dijo.
Esta idea no es nueva. Realmente, recuerda la Ley 1070 aprobada por el Senado de Arizona (2010), que también contenía una disposición imponiendo sanciones a las personas que albergaban, contrataban y transportaban a extranjeros no registrados.
Pero esa disposición fue anulada en 2012 por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Si se aprueba, la nueva ley entraría en vigor en Florida el 1 de julio de 2023.
Y luego hablan de dictaduras, autoritarismos y Estados policiales…