El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se alista a firmar nuevas sanciones y restricciones que persiguen obstruir el flujo de inmigración ilegal al estado después de que el legislativo floridano aprobara la medida (CS/SB 1718) en un voto abrumadoramente partidista.
La nueva legislación incluye casi todos los requisitos, sanciones o límites para los inmigrantes indocumentados que ha impulsado DeSantis.
En empleos, las empresas con 25 o más empleados tendrán que usar el sistema federal E-Verify cuando contraten trabajadores, ampliando un requisito establecido por la legislatura liderada por los republicanos en 2020 que se limita a los empleadores y contratistas públicos, lo cual eximió a la poderosa industria agrícola del estado.
Las sanciones para los empleadores que no verifiquen el estado de sus empleados podrían ser suspenderles sus licencias para operar.
En materia de salud, los hospitales que reciban reembolsos estatales y federales de Medicaid deberán realizar un seguimiento de cuánto dinero se gasta en inmigrantes indocumentados en las salas de emergencia.
En educación, la nueva ley deroga una de 2014 que permitía admitir inmigrantes indocumentados para ejercer la abogacía en Florida. DeSantis presionó por una prohibición de la matrícula toda, pero al final no pudo encontrar apoyo.
Legisladores republicanos de Florida se preparan para aprobar nueva ley antinmigrante
La presidenta del Senado floridano, Kathleen Passidomo, dijo que varios legisladores sirvieron en 2014 cuando la legislatura de Florida, bajo el entonces gobernador Rick Scott, extendió la matrícula estatal a los dreamers indocumentados.
El presidente Barack Obama firmó el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), destinado a proteger a los inmigrantes indocumentados traídos Estados Unidos cuando eran niños de los procedimientos de deportación y obtener permiso de trabajo.
Demócratas y grupos de inmigrantes han apoyado la matrícula estatal para los dreamers junto con algunos republicanos y la comunidad empresarial. Sostienen que el acceso a la educación superior es mejor para la economía.
La legislación también autoriza el gasto de 12 millones de dólares para el Programa de Transporte de Extranjeros No Autorizados de la División de Manejo de Emergencias. DeSantis lo usó el año pasado para transportar a unos 50 solicitantes de asilo, en su mayoría venezolanos, de Texas a Martha’s Vineyard, Massachusetts.
También creará sanciones innecesarias y extremas para personas y grupos que interactúan con migrantes y solicitantes de asilo, disuadirá a las personas de buscar asistencia médica y conducirá a más detenciones de inmigrantes y a más separación familiar.
En una palabara, la ley conduciría a la criminalización de los floridanos por llevar a inmigrantes indocumentados en sus vehículos o por tenerlos en sus casas.
Florida se ubica por delante de Nueva York y muy por delante de la mayoría de los demás estados del país, con un total de 57,816 contactos con personas que ingresaron ilegalmente al país entre octubre y febrero.
