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La Administración Trump solicitó hoy jueves a la Corte Suprema poner fin a las protecciones contra la deportación para más de 600 000 venezolanos.
La solicitud de emergencia busca levantar el fallo de un juez federal de San Francisco que detuvo los planes del Gobierno mientras se tramita una impugnación legal. Esta decisión considera que el abrupto cambio de política “huele a racismo”.
“Esta orden contradice las decisiones de los poderes políticos, prohibiendo al Poder Ejecutivo aplicar una política migratoria con plazos límite y extender indefinidamente un estatus migratorio que el Congreso pretendía que fuera ‘temporal’”, escribió el Procurador General D. John Sauer en la solicitud.
Conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS), el programa protege de la deportación a quienes ya se encuentran en el país y no pueden regresar a sus hogares debido a disturbios o condiciones peligrosas.
La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anuló la renovación del TPS para venezolanos poco después de asumir el cargo en enero. Dijo no iba a permitir “que la Administración anterior nos atara las manos”. Noem anunció la medida en una entrevista en la que se refirió repetidamente a los migrantes como “escoria”.
La Alianza Nacional del TPS y siete venezolanos protegidos por el programa demandan la medida de la administración, alegando que estuvo motivada en parte por animosidad racial y que no siguió el procedimiento adecuado. El juez federal Edward Chen acordó detener los planes de la Administración el 31 de marzo.
Juez federal bloquea la orden de Trump de revocar el TPS para venezolanos y haitianos
La apelación de emergencia ante la Corte Suprema se produce después de que un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9.º Circuito rechazara levantar la orden del juez Chen.
Chen determinó que el Gobierno no siguió el procedimiento adecuado para retirar el TPS y escribió que actuó “motivado, al menos en parte, por la animosidad”.
“Como se discutió en otras partes de esta orden, la justificación de la Secretaria [Noem] carece por completo de respaldo probatorio. Por ejemplo, no hay evidencia de que los beneficiarios venezolanos del TPS sean miembros de la pandilla [Tren de Aragua], tengan vínculos con ella o cometan delitos”, escribió Chen, señalando que “los beneficiarios venezolanos del TPS tienen tasas de criminalidad más bajas que la población general y tasas de educación más altas que la población estadounidense en general”.
“Generalizar la criminalidad a la población venezolana del TPS en su conjunto es infundado y huele a racismo basado en estereotipos falsos generalizados”.
Sauer argumentó que los cambios al TPS son “decisiones esencialmente irrevisables” que están fuera del alcance de los tribunales federales, insistiendo en que se necesita la intervención de la Corte Suprema para frenar al juez de primera instancia. “
La jueza de la Corte Suprema Elena Kagan, designada por Obama, ordenó a los demandantes responder por escrito antes del próximo jueves. Kagan gestiona las apelaciones de emergencia derivadas del Noveno Circuito por defecto, y podría actuar en el asunto por sí sola o remitirlo al pleno del tribunal para su votación.
La presentación del próximo jueves marca la duodécima solicitud de emergencia a la Corte Suprema presentada por el Departamento de Justicia desde que Trump asumió el cargo.
