En una nueva pulseada entre los poderes ejecutivo y judicial, un juez federal de San Francisco, California, bloqueó este lunes el intento de la Administración Trump de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350 000 venezolanos y 500 000 haitianos que se encuentran en Estados Unidos.
De acuerdo con medios y agencias internacionales de prensa, el juez de distrito Edward Chen puso en pausa la decisión de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, de retirar ese programa que protege a sus beneficiarios de ser deportados.
Con esta resolución, los venezolanos y haitianos acogidos al programa podrán continuar bajo el amparo del TPS hasta que se tome una determinación definitiva sobre su futuro legal.
“El tribunal considera que la acción de la secretaria amenaza con causar un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente interrumpidos, costará a Estados Unidos miles de millones en actividad económica, y perjudicará la salud y la seguridad pública en comunidades de todo el país”, manifiesta el documento del juez.
También detalla que el Gobierno no ha podido demostrar que seguir otorgando esta protección temporal a los venezolanos causaría algún daño importante o negativo que justifique el hecho de suspender el programa.
“Esta es una victoria para el estado de Derecho”, dijo Erik Crew, de la Alianza del Puente Haitiano. “Es una victoria para los beneficiarios del TPS venezolanos, para los beneficiarios del TPS haitianos y para todos aquellos que desean poder confiar en las promesas de Estados Unidos”.
Un permiso para inmigrantes
La semana pasada beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela y Haití solicitaron a través de la organización Alianza Nacional del TPS suspender la orden de la Casa Blanca que liquida el amparo migratorio en los próximos meses y los expone a la deportación.
Esta protección se otorga a ciudadanos de países designados debido a problemas como conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impiden el regreso seguro a su lugar de origen.
En marzo de 2021, Alejandro Mayorkas, el entonces secretario de Seguridad Nacional de la Administración Biden (2021-2025), designó por primera vez a Venezuela para el TPS, argumentando que los altos niveles de delincuencia en el país sudamericano relacionados con la inestabilidad política y económica bajo el gobierno de Nicolás Maduro así lo justificaban.
Dos semanas antes de que Trump asumiera el cargo, Biden renovó las protecciones por 18 meses adicionales.
“La cancelación del TPS para las comunidades venezolana y haitiana no solo es ilegal, sino también profundamente perjudicial para las familias que han buscado refugio ante un peligro inimaginable”, dijo en un comunicado José Palma, coordinador de la Alianza Nacional de TPS.
La Alianza TPS, que demandó al Gobierno, se formó tras el primer intento de Trump en 2018 de finalizar el TPS a por lo menos seis países y que fue derrotado en un tribunal federal.
Jueza federal podría bloquear suspensión del parole humanitario
En ciernes otro eventual parón a Trump
Una jueza de una corte federal de Boston ha llevado cierto optimismo a los migrantes en Estados Unidos, ya que podría bloquear temporalmente la decisión de la Administración Trump de revocar el parole humanitario a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Los abogados que representan a varios inmigrantes en un caso presentado en esa ciudad se sienten esperanzados ante la posibilidad de que la jueza federal Indira Talwani emita una orden de protección temporal antes de la próxima audiencia, fechada para el 7 de abril.
El dictamen de San Francisco sucede luego de que la organización pro inmigrante Centro de Acción por la Justicia demandara a la Administración Trump por la decisión de revocar el programa humanitario.
Continúan deportaciones de venezolanos a las cárceles de El Salvador
En paralelo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó este lunes que 17 presuntos miembros del Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha-13 fueron deportados la noche del domingo a El Salvador.
La expulsión se produce en el marco de un acuerdo entre Washington y la nación centroamericana para trasladar allí a los inmigrantes que, según la Administración Trump, pertenecen a grupos delictivos, informó un reporte del portal France 24.
Se trata de una acción similar a la del pasado 15 de marzo, cuando expulsaron a más de 200 ciudadanos venezolanos a una prisión de máxima seguridad salvadoreña bajo la denominada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, poco utilizada en la Unión Americana y reactivada por Trump para acelerar las deportaciones.
Sin embargo, tanto el Gobierno venezolano como familiares de algunos de los deportados aseguran que no pertenecen a ninguna pandilla y que han sido etiquetados de esa manera por razones tan superfluas como llevar tatuajes.
