The Associated Press
Estados Unidos y Guatemala firmaron este viernes un acuerdo de “tercer país seguro” que limita el número de solicitudes de asilo de migrantes centroamericanos en Estados Unidos, como parte de la política migratoria del gobierno de Donald Trump.
El acuerdo de “tercer país seguro” requerirá que los migrantes, centroamericanos en su mayoría, que lleguen a Guatemala en su camino hacia Estados Unidos soliciten asilo en Guatemala y no en la frontera estadounidense, tratado que el presidente norteamericano consideró como una victoria, en sus promesas de campaña sobre inmigración.
“Este es un gran día”, declaró. “Hemos estado trabajando desde hace mucho con Guatemala y ahora podemos hacerlo de la manera correcta. Este acuerdo histórico sacará del negocio a coyotes y contrabandistas”, manifestó Trump.
El acuerdo firmado en el Despacho Oval de la Casa Blanca entre Kevin McAleenan, secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y Enrique Degenhart, ministro de Gobernación de Guatemala, se lleva a cabo luego de que esta semana Donald Trump amenazara a Guatemala con imponer aranceles y otras represalias, para presionar por la negociación del convenio.
La medida podría reducir el elevado número de migrantes, entre ellos salvadoreños y hondureños, que han abrumado el sistema de inmigración de Estados Unidos, aunque hay muchas interrogantes aún sobre cómo se ejecutará el acuerdo.
Trump agregó que el tratado protegerá “los derechos de aquellos que tienen peticiones legítimas”, acabará con el “abuso” del sistema de asilo, y aminorará la crisis en la frontera sur de Estados Unidos. El anuncio se hizo después que una corte de California impidió al gobierno de Trump aplicar nuevas políticas de asilo más restrictivas.
Ambas naciones habían estado negociando el acuerdo durante meses, que incluye por parte del gobierno de los Estados Unidos incrementar el acceso a visas de trabajo temporales H-2A a trabajadores del campo de Guatemala.
Al respecto, el gobierno guatemalteco publicó en Twitter un comunicado sobre lo que llamó “Acuerdo de Cooperación Respecto al Examen de Solicitudes de Protección”, donde expresa que el Ministerio del Trabajo suscribirá un acuerdo en los días venideros, “mediante el cual se otorgarán visas de trabajo en el área agrícola, las que permitirán a los guatemaltecos viajar de forma legal hacia los Estados Unidos, evitar ser víctimas de estructuras criminales, trabajar de forma temporal y retornar a Guatemala, con lo que se fortalecerá la unidad familiar”.
De momento no queda claro cuando entrará en vigor el tratado de “tercer país seguro”, pues la Corte de Constitucionalidad de Guatemala concedió tres interdictos que impiden al gobierno tener un acuerdo sin la aprobación del Congreso, aunque funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional afirmaron que esperaban fuese ratificado en Guatemala, y comenzar a implementarlo en algún momento de agosto.
El secretario de Seguridad Nacional interino Kevin McAleenan dijo que el acuerdo era parte de un esfuerzo conjunto con Guatemala para atender la inmigración y combatir el contrabando de personas. Y afirmó que no se puede calificar a un país de inseguro para los refugiados.
El presidente guatemalteco Jimmy Morales expresó en Facebook que el acuerdo le permite al país evitar “sanciones drásticas para Guatemala, muchas de ellas orientadas a golpear fuertemente la economía, como gravámenes a las remesas que diariamente envían nuestros hermanos, así como la imposición de aranceles a nuestros productos de exportación y restricciones migratorias”.
Organizaciones sociales y estudiantiles de la nación centroamericana criticaron el acuerdo con el argumento de que el país está sumido en la pobreza y el desempleo y carece de la capacidad para atender a migrantes, y convocaron a una manifestación para este sábado contra la medida.
El 34% de los arrestados por la Patrulla Fronteriza en la frontera sur de Estados Unidos entre octubre y junio de este año eran guatemaltecos, más que cualquier otra nacionalidad. En segundo lugar se ubicaron los hondureños con 30%, seguidos por los mexicanos con 18% y los salvadoreños con 10%, países con los cuales el presidente Donald Trump espera firmar acuerdos similares.
