Faltaban tres horas para que saliese el sol una frígida mañana de octubre cuando la abogada de inmigración Aissa Olivarez se subió a su Honda CR-V y se fue de su departamento en Madison.
Manejó una hora y 40 minutos hasta Elgin, Illinois, donde se montó en un tren. Llegó a las nueve de la mañana al Tribunal de Inmigración de Chicago, encargado de procesar a unas 300 personas de un centro de detención de migrantes de Wisconsin.
Olivarez viaja a Chicago hasta dos veces a la semana. Es una de dos abogados de inmigración del condado de Dane que representan a inmigrantes sin cobrar, parte de un programa nacional piloto que busca ofrecer asistencia legal gratis a los inmigrantes sin recursos.
Su cliente, un latinoamericano que vivía en Estados Unidos desde hacía 18 años y cuyos hijos son todos estadounidenses, tenía cinco arrestos por manejar borracho. Ella sabía que sus posibilidades de que quedase libre bajo fianza no eran buenas.
Aunque tenía algo a su favor. En el 2018, aproximadamente dos tercios de los inmigrantes presos a la espera de que se procesase su posible deportación no tenían abogados, lo que aumentaba enormemente sus posibilidades de que permaneciesen presos y fuesen deportados, de acuerdo con un análisis de Wisconsin Watch.
Tras analizar información de la Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, Wisconsin Watch comprobó que, de los presos cuyos casos comenzaron a ventilarse entre el 2010 y el 2015, aquellos con abogados tenían seis veces más posibilidades de que se les permitiese en permanecer en el país que los que no estaban representados. Casi el 55% de los que tenían abogados pudieron quedarse, comparado con el 9% de los que no.
La situación es muy parecida a nivel nacional: Los inmigrantes sin abogados tenían menos del 8% de esperanzas. Los casos iniciados después del 2015 fueron ignorados en el análisis porque muchos de ellos no se han decidido.
Olivarez trabaja para el Centro Comunitario Legal sobre Inmigración (sus siglas en inglés son CILC), un programa financiado parcialmente por los contribuyentes basado en Madison que ofrece servicios legales gratis o de bajo costo a algunos inmigrantes detenidos en Wisconsin.
Se trata de personas que cocinan en los restaurantes, trabajan en granjas lecheras, limpian oficinas, cuidan jardines y techan las casas, entre otras cosas. Pueden haber cometido algún delito, desde infracciones menores hasta cosas graves, o no. Su única infracción puede haber sido haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos, lo que conlleva desde una multa pequeña hasta seis meses de cárcel.
El condado de Dane es una de 13 jurisdicciones de todo el país seleccionadas para un nuevo programa piloto que ofrece a los inmigrantes acceso a un abogado. Los individuos que enfrentan una deportación tienen derecho a representación legal, si es que pueden costearla. Aproximadamente la mitad de los inmigrantes de toda la nación con problemas legales no tienen abogados.
“Te enfrentas con el Departamento de Seguridad Nacional, que está dispuesto a tirarte encima un montón de cosas… y no tienes idea de lo que está pasando”, declaró Olivarez, aludiendo a los inmigrantes sin representación legal.
En la audiencia, el cliente de Olivarez rindió testimonio desde la cárcel, a través de una videollamada. Se dispuso que permaneciese preso hasta una vista para decidir sobre su deportación, pautada para enero. En esa vista, se rechazó su argumento de que correría peligro si es devuelto a su país. Olivarez apeló esa decisión.
Más de un millón de inmigrantes y de personas que piden asilo tienen pendientes procesos de deportación, incluidas 3.700 en Wisconsin. A nivel nacional, unos 50.000 inmigrantes están presos, una cifra récord, según The Daily Beast.
Olivarez dijo que la mayoría de los inmigrantes detenidos en Dodge, la instalación de la que se ocupa mayormente, son gente que no fue arrestada por la Patrulla de Fronteras, sino que se quedó en el país después de que expiró su visa o que tenía permiso de residencia y fue condenada por delitos que pueden hacer que los deporten.
El gobierno de Donald Trump cambió sus prioridades y ahora incluye entre ellas a los inmigrantes que están en el país ilegalmente y que fueron acusados de algún delito, pero que todavía no han sido condenados. En respuesta, el sheriff del condado de Milwaukee Earnell Lucas dijo que dejará de alertar a las autoridades federales sobre el status inmigratorio de personas bajo su custodia, diciendo que “no está bien lo que hacen”.
Quienes son arrestados y luego liberados pueden vivir legalmente y también trabajar –legalmente o no– por años. La información disponible indica que un factor importante en la batalla por permanecer en Estados Unidos es tener un abogado.
Grant Sovern, presidente de la junta del CILC, dijo que el programa emplea “las leyes que aprobó el Congreso para darles a los inmigrantes la oportunidad de defenderse de una deportación”.
Cuando recuperan la libertad, se une la familia, quienes trabajan pueden seguir haciéndolo y resulta más fácil conseguir un abogado, lo que aumenta las probabilidades de que puedan permanecer en el país.
El esposo de Marigeli Román, Erick Gamboa, fue detenido en septiembre del 2018 durante una redada en Wisconsin en la que fueron arrestadas 83 personas, la mayoría de ellas de México. Unos dos años antes, Gamboa fue arrestado manejando el auto de su jefe por razones laborales, sin saber que tenía las placas suspendidas. Le tomaron las huellas digitales, lo que facilitó su arresto por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (conocido por sus siglas en inglés, ICE) más adelante.
Dado que había sido pillado en la frontera con México años atrás, se le podía aplicar una orden de “deportación acelerada”, sin que se le hiciese una vista para analizar su libertad bajo fianza. Por más que Román le consiguió un abogado, sus esperanzas eran muy limitadas.
“El abogado dijo que tenía un 99% de probabilidades de perder. Yo respondí que un 1% era suficiente para que diésemos pelea”, relató Gamboa.
Al final de cuentas salió airoso y en diciembre se dejó en suspenso su deportación por las amenazas que había recibido de su propio padre en México. Fue liberado en febrero, después de pasar seis meses preso.
Román, quien vive en Milwaukee, dijo que la detención de su marido fue una experiencia que “cambió mi vida” y la de sus hijos. Los primeros meses fueron particularmente duros.
“No quería salir de la cama, no quería comer, no quería atender a mis hijos”, expresó.
Además tuvo que enfrentar los retos típicos de la vida como madre soltera. Ante la ausencia de su marido, esta mujer que era un ama de casa que cuidaba a tres hijos tuvo que buscar trabajo y conseguir alguien que llevase a sus hijos a la escuela. Su madre se hizo cargo de su hijo de dos años.
“Te altera el mundo de muchas maneras, emocionalmente, mentalmente, físicamente y económicamente”, dijo Román, quien se acogió al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que otorga ciertos derechos a los inmigrantes sin permiso de residencia que fueron traídos al país de niños.
Fabiola Hamdan también experimentó el impacto. Trabaja como especialista en asuntos inmigratorios del condado de Dane, un cargo creado después de la elección de Trump. Hamdan dijo que el repentino arresto y la ausencia de un padre pueden ser algo “traumático” para un niño.
Cuando Gamboa fue detenido, su familia hizo el viaje de casi 65 kilómetros (40 millas) desde Milwaukee al Centro de Detención del Condado de Kenosha para visitas semanales de media hora. Podían hablar con Gamboa por teléfono, del otro lado de una ventana de plexiglass.
Román dijo que vio el cambio en sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses, durante esos meses. Él era el que los ayudaba con sus tareas y los llevaba a las prácticas de fútbol.
“No querían seguir jugando. No querían seguir viviendo. El mayor tuvo pensamientos suicidas”, manifestó. El niño tiene 10 años.
Hamdam trabajó hace poco con una mujer con cuatro hijos cuyo esposo, quien tenía tarjeta verde de residente permanente, fue arrestado durante cinco meses por una condena que según el gobierno justificaba su deportación. Durante su detención, dijo Hamdan, la mujer dio a luz, pero tuvo que seguir trabajando para pagar las cuentas.
“Fue algo desgarrador”, expresó Hamdan. “En lugar de disfrutar de su bebé, tienen que tratar de llevar comida a la mesa”.
Hamdan ayudó a la familia usando un fondo del condado para alquileres, servicios, pañales y alimentos. También la conectó con Olivarez, que ganó el caso aduciendo que el tipo de delito –que Olivarez no quiso revelar– no lo hacía deportable.
El gobierno está apelando el fallo, pero el marido fue liberado. Sin esa ayuda, dijo Hamdan, la familia probablemente hubiera perdido la casa.
Cuando los presos son liberados, sus casos pasan a un “tribunal de excarcelados” que tiene más de un millón de casos pendientes. Hay quienes dicen que los inmigrantes que son liberados con casos pendientes de resolución nunca se presentan a sus audiencias.
“La realidad es que cuando esta gente es excarcelada, se le cita para determinada fecha y muchos de ellos no se presentan”, expresó Dave Gorak, director ejecutivo de la Midwest Coalition to Reduce Immigration, citando un análisis del Centro de Estudios para Reducir la Inmigración, que impulsa restricciones a la inmigración.
Esa información indica que entre 1996 y el 2015, el 37% de los excarcelados no se presentó. En el 2017, el último año del que hay información, esa cifra subió al 41%, lo que implica que el 59% sí se presentaron ante el tribunal.
Olivarez y Erin Barbato, director de la Immigrant Justice Clinic de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin, son los dos únicos abogados que representan inmigrantes detenidos sin cobrarles.
Su trabajo es financiado por recaudaciones de fondos y un subsidio del Vera Institute of Justice. El condado de Dane y la ciudad de Madison aportan asimismo dinero a través de un Fondo de Asistencia al Inmigrante de la Madison Community Foundation.
Sovern dijo que el sistema no está pensado para acomodar grandes cantidades de inmigrantes con abogados. Después de un arresto, se pide al inmigrante que firme un documento aceptando ser deportado.
“Todo el sistema está diseñado para gente que no tiene abogado”, manifestó Sovern. “Lo primero que hacen es tratar de convencerte de que renuncies a tus derechos”.
