|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Jueces federales de Nueva York y Texas bloquearon temporalmente la deportación de cinco venezolanos que, según la administración Trump, son pandilleros deportables debido a la Ley de Enemigos Extranjeros.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó ambas demandas después de que la Corte Suprema rechazara el lunes el intento de los hombres de presentar su impugnación ante un juez federal en Washington DC.
El alto tribunal dictaminó que debían presentar sus reclamaciones mediante un recurso de habeas corpus, que debe interponerse cuando una persona se encuentra detenida físicamente.
En Nueva York, donde dos de los hombres se encuentran detenidos, el juez federal de distrito Alvin Hellerstein accedió a la solicitud de la ACLU de bloquear sus deportaciones hasta que puedan exponer sus argumentos ante una corte. Hellerstein, designado por el expresidente Clinton, ofrecerá argumentos orales adicionales el 22 de abril antes de emitir su fallo.
En Texas, donde se encuentran detenidos los otros tres hombres, el juez federal Fernando Rodríguez, Jr. emitió una orden similar bloqueando temporalmente sus deportaciones. Designado por Trump, Rodríguez programó una audiencia para el viernes.
“El Tribunal considera que es necesario mantener el statu quo para que las partes puedan elaborar un expediente más completo para que considerar la solicitud de medida cautelar y otras medidas de protección”, escribió el juez en su fallo.
La orden de Rodríguez también impide que el Gobierno utilice la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a cualquier otra persona detenida en el Centro de Detención El Valle, ubicado en el sur de Texas.
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 permite deportar sumariamente a inmigrantes en medio de una guerra declarada o una “invasión” por parte de una nación extranjera. Solo se ha utilizado en tres ocasiones anteriores, todas durante guerras, pero Trump afirma que puede usarla porque la pandilla venezolana Tren de Aragua está invadiendo Estados Unidos.
El Gobierno utilizó la ley para deportar rápidamente a cientos de inmigrantes venezolanos a una prisión salvadoreña.
