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Los abogados de varias personas en libertad condicional que demandaron al Gobierno por la suspensión y cancelación de sus programas se enfrentaron el lunes con un abogado del Departamento de Justicia
Si las políticas del presidente Donald Trump se mantienen, medio millón de personas con parole humanitario provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela perderán su estatus legal en tres semanas.
Los abogados que las representan argumentan que la Administración Trump se extralimitó en su autoridad al cancelar esos programas, diseñados para personas que huyen de condiciones peligrosas en sus países respectivos.
La jueza federal del Distrito de Massachusetts, Indira Talwani, podría emitir una orden preliminar de amplio alcance para detener los intentos de la Administración Trump de despojar de la legalidad a cientos de miles de personas en libertad condicional humanitaria.
En la primera audiencia del caso, el lunes, los abogados que representan a la Administración Trump argumentaron que el poder de Talwani no es tan amplio.
Estatus legal de miles de beneficiarios del parole humanitario se revoca a partir de abril
La jueza escuchó argumentos sobre si estaba dentro de su poder intervenir en el destino de estos programas, si estaba dentro del poder de la Administración Trump terminarlos y si debería pausar temporalmente su terminación mientras se resuelven estas cuestiones.
El abogado de los demandantes, Justin Cox, afirmó que estaban impugnando la orden de la Administración Trump al Servicio de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos de detener todas las solicitudes pendientes para varios programas de libertad condicional.
Talwani citó la Ley de Procedimientos Administrativos (APA), que crea un sistema federal de normas para los cambios de políticas. Dijo que si una administración decide ignorar esto, podría ser problemático.
Brian Ward, abogado defensor de la administración Trump, argumentó que las normas de la ley no se aplican en este caso.
Jueza federal podría bloquear suspensión del parole humanitario
Otros demandantes se han unido a la demanda en el último mes, incluyendo personas en libertad condicional a través de un programa federal llamado “Unidos por Ucrania” para ucranianos desplazados por la invasión rusa; los procesos de libertad condicional para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela; la Operación “Aliados Bienvenidos” para afganos que huyen del resurgimiento del Talibán; y Menores Centroamericanos, un programa de reunificación familiar, entre otros.
Los demandantes provienen de Massachusetts, Nueva York, Georgia, Nebraska, Wisconsin, California y otros estados.
Más de 500 000 personas llegaron a Estados Unidos a través del programa para personas en libertad condicional provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Los demandantes argumentan que a medida que transcurre el tiempo, aumenta el riesgo de que las personas pierdan su estatus migratorio y sean detenidas, deportadas o se les haga creer que podrían serlo.
Talwani explicó que tuvo que sopesar los aspectos positivos de una suspensión y considerar que las personas pierden permanentemente sus derechos y estatus migratorios cada día que se demora una decisión.
Señaló repetidamente documentos judiciales que indican un correo electrónico enviado por error a ucranianos y personas de otros países, diciéndoles que debían abandonar el país en una semana o se arriesgaban a ser encontrados y deportados.
“Creo que es horrible que alguien reciba esos correos electrónicos”, declaró.
En una conferencia de prensa luego de la audiencia, Esther Sung, directora legal del Centro de Acción por la Justicia, una de las organizaciones que representa a los demandantes, expresó su esperanza de que cualquier pausa en estos cambios impacte positivamente a cientos de miles de personas.
“Lo que el Gobierno está haciendo aquí con los beneficiarios de la libertad condicional es cerrarles todas las puertas y también todas las ventanas, y no les están dando ninguna opción”, declaró.
El jueves se ha programado un segundo día de alegatos, específicamente para el programa de libertad condicional de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Los demandantes buscan un fallo en las próximas tres semanas, antes de que las personas en libertad condicional de esos países pierdan su estatus.
