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La Casa Blanca está construyendo un caso contra un salvadoreño deportado ilegalmente el mes pasado, como parte de una estrategia de comunicación concebida para combatir la avalancha de críticas y el creciente escrutinio judicial.
La deportación de Kilmar Ábrego García se ha convertido en un símbolo de la agresiva agenda migratoria del Gobierno, mientras el presidente Trump busca cumplir su promesa de deportar rápidamente a un gran número de personas indocumentadas.
El núcleo del argumento político de Trump es que los deportados de alto perfil son criminales empedernidos. Sin embargo, Ábrego García nunca ha sido acusado de ningún delito, y los jueces federales han criticado duramente la conducta del Gobierno, calificándola de “impactante”, además de describir sus afirmaciones sobre el caso como “extraordinariamente endebles”.
“Nos inundaron millones de personas, muchos millones, durante el gobierno de Biden”, dijo Trump cuando se le preguntó sobre el caso de Abrego García.
“Un gran porcentaje son criminales, criminales graves… Muchas de esas personas asesinaron a más de una persona y están prófugas. Fui elegido para deshacerme de esos criminales.
Una jueza federal ordenó al Gobierno que “facilite” el regreso de Ábrego García a Estados Unidos tras admitir que su deportación a una prisión salvadoreña fue un “error administrativo”.
La Corte Suprema confirmó esa orden la semana pasada y señaló que la deportación fue “ilegal” porque un juez determinó que tenía un temor creíble de persecución por parte de una pandilla local.
Los asesores de Trump argumentaron esta semana que no están en condiciones de traer a Ábrego García de regreso a Estados Unidos, calificándolo de pandillero de la MS-13 y “terrorista”.
Asignaron la responsabilidad al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de expulsarlo de la notoria prisión de alta seguridad del país.
Los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia han publicado varios documentos en los últimos días, alegando que Ábrego García, quien residía en Maryland hasta su deportación, tiene antecedentes penales.
Además, el Gobierno ha puesto de relieve el caso no relacionado de una madre de Maryland que fue violada y asesinada por un inmigrante indocumentado de El Salvador, en un intento de vincular el caso de Ábrego García con la promesa más amplia de Trump de deportar a los migrantes delincuentes.
La jueza que ordenó el regreso de Ábrego García, Paula Xinis, escribió en un dictamen del 6 de abril que el Departamento de Justicia no había “ofrecido ninguna prueba que vincule a Ábrego García con la MS-13 ni con ninguna actividad terrorista”.
Señaló que hace seis años las autoridades de inmigración lo acusaron de afiliación a una pandilla basándose únicamente en “una acusación vaga y sin corroborar de un informante confidencial” y en el hecho de que vestía la indumentaria de los Chicago Bulls.
“La MS-13 viola a niñas y mujeres inocentes, dirige operaciones de tráfico sexual, asesina por deporte y aterroriza a personas respetuosas de la ley, pero eso no es suficiente”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.
“Nada de eso basta para detener las mentiras del Partido Demócrata. Su principal preocupación ahora mismo es traer de vuelta a Estados Unidos a este terrorista inmigrante ilegal”.
Incluso si Ábrego García fuera el peligroso criminal que la Casa Blanca describe como él, su deportación a El Salvador el mes pasado habría sido ilegal, ya que la orden judicial de inmigración de 2019 seguía vigente.
El Gobierno de Trump podría haber intentado levantar esa orden presentando pruebas de presuntas actividades terroristas, pero no lo hizo.
Las críticas sobre la deportación de Ábrego García alcanzaron su punto álgido esta semana. El debate expone los desafíos que enfrentará la Administración al enfrentarse a los jueces y ampliar el grupo de inmigrantes que tienen en la mira para la deportación.
Los demócratas han intensificado su protesta. El senador Chris Van Hollen (demócrata por Maryland) viajó a El Salvador para intentar conseguir la liberación del joven.
Al final se reunió con Ábrego García tras haber declarado a la prensa ese mismo día que soldados salvadoreños le habían negado la entrada al Centro de Reclusión para Terroristas de El Salvador (Cecot).
