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La Corte Suprema autorizó ayer miércoles la aplicación a nivel nacional de una nueva norma del gobierno del presidente Donald Trump que impide a la mayoría de los migrantes centroamericanos solicitar asilo en Estados Unidos.
La orden de los magistrados anula temporalmente un fallo de una corte de menor instancia que había bloqueado la nueva política de asilo en algunos estados fronterizos con México. La política está dirigida a negar el asilo a cualquier persona que pase por otro país durante su viaje hacia Estados Unidos sin solicitar protección allí.
La mayoría de las personas que cruzan la frontera sur son centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza. De acuerdo con la nueva regla, la mayoría de no podrán pedir asilo en Estados Unidos, al igual que los solicitantes de África, Asia y Sudamérica, quienes a menudo llegan a la frontera sur.
El cambio revierte décadas de política estadounidense. El gobierno ha dicho que quiere reducir la disparidad entre los exámenes iniciales de asilo, que la mayoría de los solicitantes aprueba, y las decisiones definitivas en las que el beneficio es denegado a la mayoría de las personas.
“La Corte Suprema de Estados unidos concede una gran victoria para la frontera sobre el asilo”, tuiteó el presidente Donald Trump.
Las magistradas Ruth Ginsburg y Sonia Sotomayor expresaron su desacuerdo con la orden del máximo tribunal.
“Una vez más, el poder ejecutivo ha emitido una norma que busca anular las prácticas de larga data con respecto a los refugiados que buscan resguardarse de la persecución”, escribió Sotomayor.
La impugnación legal a la nueva política tiene una historia breve pero algo complicada. El juez federal de distrito Jon Tigar, de San Francisco, impidió que esta entrase en vigencia a fines de julio. Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito limitó la orden de Tigar para que solo fuera aplicable en los estados de Arizona y California, los cuales están dentro de dicho circuito.
Con la decisión, el gobierno quedó en libertad de aplicar la política a los solicitantes de asilo que lleguen a Nuevo México y Texas. Tigar emitió una nueva orden el lunes que volvió a dejar en suspenso la política de asilo a nivel nacional. Al siguiente día, el Noveno Circuito limitó nuevamente el alcance de su orden.
La acción del máximo tribunal permite que el gobierno imponga la nueva política en todas partes mientras continúa procesándose el caso en contra de la política.
Se desconoce la rapidez con que la política habrá de aplicarse, y qué tanto encaja con otras medidas del gobierno para restringir los cruces fronterizos y endurecer las normas de asilo.
Por ejemplo, miles de personas aguardan en listas en los cruces fronterizos en México para solicitar asilo en Estados Unidos. Y más de 30.000 individuos fueron regresados a México para esperar la resolución de sus solicitudes de asilo.
Los que piden asilo deben aprobar un examen inicial llamado entrevista de “miedo creíble”, un obstáculo que una vasta mayoría logra sortear. De acuerdo con la nueva política, los solicitantes no pasarían la prueba a menos que hubiesen pedido asilo en cuando menos uno de los países por los que viajaron y se los hubieran denegado.
Los que no aprueben bajo estas nuevas regulaciones serían colocados en procedimiento rápido de deportación y trasladados en avión a sus países de origen. Estados Unidos cubriría el costo del transporte.
Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles que representa a grupos defensores de inmigrantes en el caso, dijo: “Esta es sólo una medida temporal, y tenemos la esperanza de que prevalezcamos a la larga. Las vidas de miles de familias están en juego”.
Alexei Woltornist, portavoz del Departamento de Justicia, dijo que la agencia estaba “complacida de la intervención de la Corte Suprema en este caso”, y agregó que “esta decisión asistirá al gobierno en sus objetivos de poner orden a la crisis en la frontera sur, poner fin a lagunas en nuestro sistema de inmigración y desalentar las solicitudes frívolas”.
