Una Corte Suprema dividida reforzó el poder del gobierno de Trump para arrestar y encarcelar indefinidamente a inmigrantes legales que cometieron delitos en el pasado y que podrían desencadenar la deportación, incluidas aquellas personas que completaron sus condenas hace años o fueron condenadas por delitos menores relacionados con las drogas. Se trata de una victoria para el presidente Donald Trump.
Los cinco jueces conservadores de la Corte se apoyaron en una regla de “detención obligatoria” de 1996, según la cual los agentes federales “tomarán en custodia” a los inmigrantes que hayan sido condenados por ciertos delitos que podrían conducir a la deportación.
La decisión de Suprema es la tercera en los últimos dos años que refuerza la autoridad de Trump. Si bien el fallo interpreta esa ley de 1996, adquiere un significado adicional porque esta administración ha sido más agresiva en el arresto y encarcelamiento de inmigrantes.
La decisión fue de 5-4 jueces conservadores vs. liberales. Los conservadores también eran mayoría en junio de 2018, cuando el tribunal confirmó la prohibición de viajes de Trump sobre a personas de varios países de mayoría musulmana.
El juez Stephen G. Breyer, hablando en nombre de los cuatro liberals, leyó su desacuerdo en la sala. “La mayor importancia del caso radica en el poder que la interpretación de la mayoría otorga al gobierno. Es un poder para detener a personas que cometieron un delito menor muchos años antes”, dijo. “Y es un poder mantener a esas personas, quizás por muchos meses, sin ninguna oportunidad de obtener una fianza”.
Dijo que la Constitución les daba a todas las personas el derecho a una audiencia si eran retenidas por el gobierno. “Pensé que el Congreso tenía la intención de adherirse a estos valores y no tenía la intención de permitir que el gobierno detuviera a las personas años después de su liberación y las mantuviera indefinidamente sin una audiencia de fianza”, dijo. Las juezas Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan estuvieron de acuerdo.
Actuando en una demanda colectiva de la American Civil Liberties Union (ACLU) de California, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito había dictaminado en 2016 que estos inmigrantes no estaban sujetos a la detención obligatoria si no eran “prontamente” detenidos después de su liberación de una cárcel local o prisión estatal. Esto salvó a quienes habían vivido y trabajado legalmente en California, algunos durante más de una década.
Pero hablando por la mayoría, el juez Samuel A. Alito Jr. dijo que este argumento era “difícil de tragar” porque los funcionarios locales en las ciudades santuario no alertan a los agentes federales cuando un inmigrante es liberado.
La subdirectora legal de ACLU, Cecillia Wang, criticó la decisión. “La Corte Suprema ha respaldado la interpretación más extrema de los estatutos de detención de inmigrantes”, dijo, permitiendo “el encarcelamiento masivo de personas sin ninguna audiencia, simplemente porque se están defendiendo contra un cargo de deportación. Continuaremos luchando contra el uso excesivo de la detención en el sistema de inmigración”.
Eduardo Padilla, uno de los demandantes, llegó a los Estados Unidos en 1966 cuando era niño y se convirtió en residente permanente en Sacramento, California. Padre de cinco hijos y abuelo de seis nietos, todos ciudadanos. Tenía dos condenas por posesión de drogas, en 1997 y 1999, y cumplió 90 días en la cárcel en 2002 por una pistola descargada en un cobertizo.
En 2013 los agentes federales lo detuvieron por esos crímenes y lo retuvieron para su deportación. Pero salió en libertad después de que el Noveno Circuito dictaminara que la disposición de “detención obligatoria” no se aplicaba a inmigrantes como Padilla. Fue liberado con una fianza de 1,500 dólares porque un juez decidió que no presentaba un peligro y que no era probable que huyera.
