En sus primeros cien días, el presidente electo Donald Trump planea comenzar el proceso de deportación de cientos de miles de personas.
Se espera que ponga fin a la libertad condicional para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Y es probable que deshaga una política que restringió significativamente las deportaciones de personas que no se consideraban amenazas a la seguridad pública o la seguridad nacional.
El equipo de Trump ya está elaborando acciones ejecutivas destinadas a resistir los desafíos legales de los grupos de derechos de los inmigrantes con la esperanza de evitar una derrota temprana como la que sufrió su prohibición de viajes de 2017 dirigida a las naciones de mayoría musulmana.
Pero las luchas legales no son el único desafío a largo plazo que enfrentará la ambiciosa agenda de inmigración de Trump. Los desafíos logísticos de la deportación masiva son un poco más difíciles de predecir.
La velocidad a la que Trump podría rehacer la política de deportación depende de superar desafíos tácticos como expandir la capacidad de detención y reducir la enorme acumulación de casos pendientes en los tribunales de inmigración.
Trump ya ha elegido a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, que tiene poca experiencia con el Departamento de Seguridad Nacional, para dirigir la extensa agencia. Desde el interior de la Casa Blanca, Stephen Miller, considerado el arquitecto de la agenda restriccionista del primer mandato de Trump, tiene un papel expansivo en la política interna. Y Thomas Homan, ex director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas bajo Trump, está volviendo a ser el zar fronterizo de la administración.
“Prepárense para irse”: la amenaza de Trump a los beneficiarios del parole
Trump hizo campaña sobre la deportación masiva, algo que podría afectar a grandes franjas de los 11 millones de personas que el DHS estima que se encuentran en Estados Unidos sin autorización legal.
Pero deportar a millones de personas podría generar algunos problemas logísticos. Según el DHS, la mayor cantidad de deportaciones anuales se produjo en el año fiscal 2013 durante la administración Obama, cuando más de 430 000 personas fueron expulsadas de Estados Unidos. Los asesores de Trump han indicado que priorizarían a las personas con condenas penales y órdenes de expulsión definitivas para la deportación.
En 2022, según el Consejo de Inmigración Estadounidense proinmigración, alrededor de 1,19 millones de personas tenían esas órdenes, lo que significa que sus casos habían avanzado en el tribunal de inmigración y los jueces decidieron que debían irse. Solo expulsar a las personas en esa categoría podría llevar años. Encontrar, detener y expulsar a esas personas requeriría muchos recursos, dijo John Sandweg, director interino del ICE de 2013 a 2014. La capacidad de detención por sí sola sería un desafío costoso e inmediato.
Los legisladores deben asignar los fondos, e incluso si lo hacen, la administración tendría que contratar, investigar y capacitar a más oficiales, lo que no es una tarea fácil. El ICE emplea actualmente a 7 000 oficiales que realizan 250 000 deportaciones al año, según la agencia. Si la administración de Trump quisiera cuadriplicar esta cifra, como Trump ha prometido, las academias de capacitación no podrían manejar una avalancha de nuevas contrataciones.
Otro programa de la administración Biden que terminará rápidamente es el programa parole para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La administración Biden, para disuadir a los migrantes de intentar cruzar la frontera ilegalmente, ofreció una forma para que personas de estos países ingresaran al país legalmente si eran investigadas y tenían un patrocinador con sede en Estados Unidos. Hasta agosto, casi 530 000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos habían viajado a Estados Unidos a través de la frontera.
