Después de Colorado, le tocó este jueves a Minnesota estudiar si el expresidente Donald Trump será incluido en la boleta electoral de las presidenciales del año entrante o si será rechazado según la Enmienda 14a. de la Constitución, que nunca ha sido cabalmente interpretada y cuya redacción suscita dudas.
Son tantas, que varios jueces del tribual supremo de ese estado dudan si están empoderados para abordar el problema.
La demanda, presentada por Free Speech For People en la Corte Suprema de Minnesota, se hace eco de argumentos manejados por algunos juristas y legisladores, que sostienen que Trump debería ser descalificado de la boleta electoral bajo la 14a. Enmienda debido a sus acciones relacionadas con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
Las demandas de Colorado y Minnesota son algunas de las presentadas en todo el país y las más avanzadas en la escalera judicial. Se espera que ambas lleguen al Tribunal Supremo, que nunca ha decidido sobre esta materia.
El argumento central es que la Sección Tercera de la 14a. Enmienda prohíbe ocupar un cargo a toda persona que previamente haya jurado defender la Constitución y luego haya “participado en una insurrección” contra ella.
El asunto consiste en determinar si lo que hubo ese día fue un llamado a la insurrección y, por tanto, si Trump debería ser excluido de la carrera presidencial.
Los jueces de la Corte Suprema de Minnesota están escuchando a los abogados de los demandantes, entre los que se encuentran la exsecretaria de Estado de Minnesota Joan Growe y el exjuez Paul Anderson, así como los abogados de Trump, el Partido Republicano de Minnesota y el actual secretario de Estado, Steve Simon.
Los demandantes también han abordado la posibilidad de que la corte ordene una vista probatoria, lo que supondría nuevos procedimientos y retrasaría una resolución final, algo a lo que se opone el equipo legal de Trump.
Algunos de los principales argumentos de la defensa de Trump son que las leyes federales y de Minnesota no permiten a los tribunales eliminarle de la papeleta electoral y que, de todos modos, la cláusula de insurrección no se aplica a los presidentes.
“Los disturbios que se produjeron en el Capitolio el 6 de enero de 2021 fueron terribles. Los alborotadores entraron en el Capitolio durante unas horas y pelearon con la policía. Pero por muy terrible que fuera el tumulto, y por muy perturbadoras que fueran suss acciones, no fue una guerra contra Estados Unidos”, alegaron en una presentación anterior, indicó la publicación The Hill.
“En última instancia, el Congreso contó los votos electorales a primera hora de la mañana siguiente. Ninguna prueba demuestra que los alborotadores hicieran la guerra a Estados Unidos o intentaran derrocar al Gobierno”, sostienen los abogados.
En la audiencia día anterior en Colorado, Katrina Pierson, exportavoz de Trump, dijo que el expresidente le había dicho en una reunión el 4 de enero que quería 10 000 miembros de la Guardia Nacional presentes para evitar problemas. Pero William Banks, experto en seguridad nacional y contraterrorismo, testificó que el mandatario tardó horas en responder a los incidentes del Capitolio.
Esto se agrava porque la falta de jurisprudencia sobre cómo aplicar la enmienda significa que ambas partes tendrán que remontarse hasta 150 años atrás para encontrar precedentes.
La cláusula de insurrección no menciona directamente el cargo de presidente, sino incluye un lenguaje algo vago que dice que se aplica al “elector de presidente y vicepresidente”.
Esa fue una cuestión debatida durante el caso de Colorado el miércoles, cuando Gerard Magliocca, profesor de Derecho de la Universidad de Indiana que ha estudiado la Enmienda, clarificó que en el momento en que se adoptó la norma, efectivamente, se pretendía aplicar a los candidatos presidenciales.
Magliocca citó un diccionario de 1828 para demostrar que la insurrección se definía en aquella época como “levantamiento contra la autoridad civil o política” y “la oposición abierta y activa de un número de personas a la ejecución de la ley en una ciudad o estado”.
Los congresistas de la década de 1860 no creían que fuera necesario empuñar las armas para participar en una insurrección, y que su discurso por sí solo podía calificar a una persona de insurrecto, agregó Magliocca.
El Congreso aprobó la 14ª Enmienda en 1866, un año después del final de la Guerra Civil. Fue ratificada dos años más tarde.
A largo plazo, lo que se intenta determinar es si el asalto al Capitolio se ajusta a la definición de insurrección prevista en la Enmienda, y si Trump fue responsable de incitar a la turba al asalto y no cumplió con su responsabilidad como presidente para detener el ataque.