En otro radical paso para contener la inmigración legal, el gobierno de Donald Trump negará la residencia a muchos extranjeros que se beneficien con el seguro médico Medicaid o reciban cupones de alimentos, subsidios para la vivienda y otras formas de asistencia pública.
Las leyes federales estipulan que las personas que busquen una “green card” (la “tarjeta verde” de residencia) o legalizar su status deben demostrar que no serán “una carga” para el gobierno, pero nuevas reglas agregan muchos más elementos descalificatorios para los solicitantes de la residencia.
Estas normas se aplican a los inmigrantes que han ingresado al país legalmente y que aspiran a obtener la residencia permanente. Son parte de una campaña que busca crear un sistema inmigratorio basado en las aptitudes profesionales del inmigrante y no en la reunificación familiar.
Funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración tendrán que tomar en cuenta ahora la asistencia pública junto con otros factores como la educación, el nivel de ingresos y la salud de la persona que solicita un status legal.
Las reglas entrarán en vigor a mediados de octubre. No se aplican a ciudadanos estadounidenses.
El director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración Ken Cuccinelli dijo que las normas encajan dentro del mensaje del presidente republicano.
“Queremos que venga al país gente autosuficiente”, sostuvo Cuccinelli. “Esa es la base del sueño americano. Algo muy arraigado en nuestra historia, particularmente en nuestra historia de inmigración legal”.
Los inmigrantes representan un porcentaje muy bajo de los beneficiarios de la ayuda del estado. De hecho, muchos no pueden solicitarla por su status inmigratorio irregular.
Pero activistas temen que las reglas disuadan a los inmigrantes de pedir ayuda. Y consideran que se da demasiado margen a las autoridades para decidir si alguien podría verse obligado a pedir ayuda en el futuro, aumentando su capacidad de negar un status legal a los extranjeros.
Un promedio de 544.000 personas solicitan la residencia anualmente y unas 382.000 caerían dentro de alguna de las categorías que pueden generar dudas, según el gobierno.
Las pautas que se siguen desde 1999 consideran una “carga pública” a las personas que dependerán mayormente de ayuda económica, subsidios o asistencia para hospitalización a largo plazo.
Bajo las nuevas normas, el Departamento de Seguridad Nacional ha ampliado la definición de carga pública e incorporado a toda persona que probablemente se vea obligada a solicitar beneficios públicos por más de 12 meses en un período de 36 meses. Si alguien tiene dos beneficios, se cuentan como dos meses. Y se incluye ahora el Medicaid (seguro médico para pobres), los subsidios de las viviendas y los cupones alimenticios bajo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (o SNAP, según su abreviatura en inglés).
Luego de la publicación de los cambios proyectados, el Servicio de Seguridad Nacional recibió 266.000 comentarios públicos –más del triple de los que recibe normalmente un cambio de política– e hizo una serie de ajustes.
Por ejemplo, las mujeres que están embarazadas y reciben Medicaid o que necesitan asistencia pública no estarán sujetas a las nuevas normas durante el embarazo y en los 60 días posteriores al nacimiento del bebé.
El subsidio para personas de bajos recursos conocido como Medicare Part D no será considerado un beneficio público. Tampoco los beneficios que reciben los niños hasta los 21 años. Ni la ayuda para emergencias médicas, programas que ofrecen almuerzo escolar, adopciones u hogares temporales, préstamos estudiantiles e hipotecas, albergues para indicantes y ayuda para desastres.
Los solicitantes de la residencia deberán presentar la declaración de rentas de los últimos tres años y un historial de empleo. Si tienen un seguro médico privado, eso será un factor importante a su favor.
Las personas que sirven en las fuerzas armadas estarán exentas. Lo mismo que quienes piden asilo. Y las nuevas reglas no serán aplicadas en forma retroactiva.
El gobierno, no obstante, está restringiendo severamente el asilo y ha enviado de vuelta a México, para que esperen allí el procesamiento de sus solicitudes de asilo, a más de 30.000 personas, mayormente centroamericanas.
Según un análisis que hizo la Associated Press de la información del censo, los inmigrantes que no son ciudadanos apelan al Medicaid, los cupones alimenticios o ayuda económica en un porcentaje menor que el de los nativos de bajos recursos.
En general, los inmigrantes constituyen un porcentaje bajo de los recipientes de beneficios públicos. Por ejemplo, los inmigrantes que no son ciudadanos constituyen apenas un 6,5% de los receptores de Medicaid. Más del 87% de los participantes en el programa nacieron en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con los cupones alimenticios. Solo el 8,8% de los receptores son inmigrantes.
“Sin haber hecho un solo cambio a las leyes aprobadas por el Congreso”, la nueva definición de “carga pública” hará que “a más estadounidenses se les niegue la oportunidad de vivir en Estados Unidos con sus esposos, hijos y padres”, se lamentó Ur Jaddou, ex consejero del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, que ahora dirige DHS Watch, un servicio de ayuda al inmigrante. “Estos no son cambios menores. Son cambios grandes, con enormes consecuencias para los ciudadanos estadounidenses”.
