Una coalición de 19 fiscales generales presentó una moción judicial oponiéndose al plan de la administración Trump de levantar el estatus de protección temporal (TPS) para inmigrantes haitianos y venezolanos.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó el texto junto con los fiscales generales de Massachusetts, California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Míchigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont Washington, Wisconsin, y el DC .
“El interés público se verá perjudicado si se les retira el estatus legal a los beneficiarios del TPS haitianos y venezolanos”, sostiene la moción sometida a un tribunal federal de Massachusetts.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció que revocará las protecciones legales de cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, lo cual los expone a una posible deportación en aproximadamente un mes.
Varios haitianos y venezolanos, con el apoyo de diversas organizaciones sin fines de lucro, presentaron una demanda contra la Administración Trump después de que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunciara que el Estatus de Protección Temporal (TPS) se levantaría en abril para 350 000 venezolanos a los que se les había otorgado una extensión de estas protecciones bajo la administración Biden, permitiéndoles vivir y trabajar en Estados Unidos durante 18 meses.
Estatus legal de miles de beneficiarios del parole humanitario se revoca a partir de abril
“Nueva York alberga miles de inmigrantes haitianos y venezolanos que trabajan duro y son miembros de nuestras comunidades, nuestra cultura y nuestra economía”, dijo James.
“Despojar a estas personas de su estatus legal no hará que nuestras comunidades sean más seguras ni más fuertes; solo pondrá en peligro a los inmigrantes y sus familias”.
“Insto al tribunal a bloquear esta acción ilegal y a defender estas protecciones legales que podrían salvar vidas”.
James afirma que ni Haití ni Venezuela son países seguros para el regreso de estos residentes.
Si permanecen en Estados Unidos, no se les permitirá trabajar legalmente y podrían sufrir, lo que también perjudicará a las comunidades.
“Los estados pueden hablar del daño irreparable que la terminación y la anulación de las designaciones de TPS en este caso causarán a los estados y a sus residentes. A menos que se posponga, esta acción de la agencia fracturará las comunidades y escuelas de los estados, dañará sus economías, reducirá su fuerza laboral y comprometerá la salud y la seguridad públicas dentro de los estados”, afirma la moción.
