Una jueza federal rechazó hoy martes la solicitud del ex presidente Donald Trump de bloquear la entrega de documentos al comité de la Cámara de Representantes que investiga los disturbios del 6 de enero en el Capitolio.
La jueza Tanya Chutkan se negó a emitir una orden judicial solicitada por los abogados de Trump. Chutkan dijo que el presidente Joe Biden estaba “en la mejor posición” para determinar si renuncia al privilegio ejecutivo sobre los documentos solicitados por la Cámara.
“En el fondo, esta es una disputa entre un ex presidente y el actual presidente”, escribió Chutkan. “Y la Corte Suprema ya ha dejado en claro que en tales circunstancias, se concede mayor peso a la opinión del titular”.
Trump “no reconoce la deferencia debida al juicio de Biden como presidente”, dijo Chutkan. Sin embargo, agregó, “los presidentes no son reyes y el demandante no es presidente”. Los Archivos Nacionales han dicho que entregarán los registros el viernes en ausencia de una orden judicial que lo impida.
Minutos después de que la orden de Chutkan se hiciera pública, Trump notificó que apelaría ante la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia. Es probable que el caso llegue a la Corte Suprema.
Biden renunció en gran medida al privilegio ejecutivo sobre los registros que se entregarían al Comité, que incluyen llamadas, borradores, discursos y notas escritas por el entonces jefe de personal de Trump, Mark Meadows.
El Comité de la Cámara se formó para investigar las circunstancias que condujeron a la asonada en la que partidarios del ex presidente buscaron revertir su derrota en las elecciones de 2020.
Trump ha atacado repetidamente el trabajo del Comité y ha seguido promoviendo teorías de conspiración infundadas sobre las elecciones.
Trump calificó la solicitud del panel de la Cámara de Representantes como una “expedición de pesca ilegal e irritante” que estaba “libre de cualquier propósito legislativo legítimo”.
Permitir que la Cámara tenga acceso a sus registros dañaría el privilegio ejecutivo de los futuros presidentes, argumentaron los abogados de Trump. Chutkan agregó que “el interés público radica en permitir, no en prohibir, la voluntad combinada de los poderes legislativo y ejecutivo para estudiar los eventos que llevaron al 6 de enero y ocurrieron el 6 de enero, y considerar la legislación para evitar que tales eventos vuelvan a ocurrir”.
