La última solicitud del equipo legal del expresidente Trump para que un tribunal federal se haga cargo del llamado caso Stormy Daniels fue rechazada el viernes.
El tribunal, en su notificación, afirmó que la presentación era “deficiente”. Los abogados del ex presidente, apenas un día antes, pidieron al Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan asumir el control del caso, que se prevé que vaya a sentencia el próximo mes.
En la solicitud, los abogados argumentaron que la acusación del estado actuó en contra de los derechos constitucionales de Trump e ignoró una decisión reciente de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial.
En mayo, Trump se convirtió en el primer ex presidente en ser condenado en un juicio penal. Un jurado de Nueva York lo declaró culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales para ocultar un romance con la actriz de cine para adultos Stormy Daniels durante su campaña de 2016.
Trump solicita posponer su sentencia en Nueva York hasta después de las elecciones
“Contrariamente a los deseos de los liberales radicales, la poderosa petición del presidente Trump de trasladar la cacería de brujas del fiscal de distrito de Manhattan a un tribunal federal no ha sido resuelta por un juez”, dijo el viernes Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña de Trump.
“En una medida procesal estándar, hoy, la oficina del secretario pidió al equipo legal del presidente Trump que presentara la solicitud en un formato específico y estamos trabajando con ellos para asegurarnos de que se presente correctamente en el sistema electrónico”, agregó.
El equipo también ha presionado para retrasar la sentencia, programada para el 18 de septiembre a la luz de la decisión de inmunidad de la Corte Suprema.
El tribunal superior dictaminó a principios de julio que los principales poderes presidenciales son inmunes al procesamiento penal, lo que se considera una victoria para el expresidente.
Trump le pidió al juez Juan Merchán, que supervisa el caso, anular el veredicto de culpabilidad a la luz de la decisión del tribunal supremo. Argumenta que la condena debe anularse porque ciertas piezas de evidencia eran “actos oficiales” protegidos que nunca deberían haberse mostrado al jurado.
