El juicio por desacato al Congreso de Steve Bannon, ex director de campaña y asesor de Donald Trump, comenzó con un ataque directo de los fiscales que expusieron sus primeros argumentos sobre su negativa de asistir a las audiencias congresionales sobre los hechos del 6 de enero pasado, el fracasado intento de golpe de Estado con el asalto al Capitolio.
Al ser interrogada el martes por la fiscal federal adjunta Amanda Vaughn, la testigo Kristin Amerling, la principal abogada del Comité congresional sobre el 6 de enero, brindó una explicación detallada del papel del Comité, la citación de Bannon y por qué el panel sintió que era importante exigir su testimonio.
Amerling dijo que las declaraciones públicas de Bannon previas a los disturbios “sugirieron que podría tener algún conocimiento por adelantado de los eventos del 6 de enero” y agregó que había múltiples indicios de que Bannon “podría haber tenido algunas conversaciones con personas de la Casa Blanca, incluido el presidente”.
En su declaración de apertura, Vaughn dijo al jurado que la citación emitida a Bannon por el Comité “no era opcional. No era una petición, y no era una invitación. Era obligatoria”. Y agregó: “El incumplimiento del acusado fue deliberado. No fue un accidente, no fue un error. Fue una elección”.
Los abogados de Bannon argumentaron que los cargos en su contra tenían motivaciones políticas y que el acusado estaba negociando de buena fe con el Comité cuando fue acusado.
“Nadie ignoró la citación”, dijo al jurado el abogado defensor Evan Corcoran.
En realidad, dijo Corcoran, uno de los abogados anteriores de Bannon, Robert Costello, contactó a un abogado del Comité para expresarle algunas de las preocupaciones de Bannon acerca de testificar.
“Hicieron lo que hacen dos abogados. Negociaron”, dijo Corcoran, y agregó que Bannon y su equipo legal creían que “las fechas de la citación no estaban fijadas, que eran flexibles”.
Bannon fue acusado de desafiar una citación que buscaba sus registros y su testimonio. Fue acusado en noviembre de dos cargos de desacato al Congreso, un mes después de que el Departamento de Justicia recibiera una remisión del Congreso. Cada cargo conlleva un mínimo de 30 días de cárcel y hasta un año tras las rejas.
Designado por Trump, el juez federal de distrito Carl Nichols había dictaminado que los principales elementos de la defensa planificada eran irrelevantes y no podían presentarse ante el tribunal. La semana pasada dictaminó que Bannon no podía afirmar que creía que estaba cubierto por el privilegio ejecutivo o actuando bajo el consejo de sus abogados.
Fuera de la sala, Bannon lanzó una diatriba extendida contra el presidente del Comité, el representante demócrata Bennie Thompson, de Missisippi, y la audiencia, calificándola de “un juicio espectáculo”.
También repitió la afirmación desacreditada de que Trump ganó las elecciones de 2020 y calificó al presidente Joe Biden de “ilegítimo”.
Bannon, de 68 años, había argumentado que su testimonio estaba protegido por el privilegio ejecutivo de Trump, que supuestamente permite no revelar información confidencial a los tribunales y al poder legislativo.
Trump ha intentado usar repetidamente el privilegio ejecutivo para tratar de bloquear el testimonio de testigos y la publicación de documentos de la Casa Blanca.
En enero la Corte Suprema falló en contra de los esfuerzos de Trump para impedir que los Archivos Nacionales cooperaran con el Comité después de que una jueza de un tribunal inferior, Tanya S. Chutkan, señalara que “los presidentes no son reyes”.
