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La terminación de las protecciones temporales por parte del Departamento de Seguridad Nacional para medio millón de migrantes en libertad condicional superó la prueba de un tribunal federal de apelaciones, lo que refuerza la base legal de los esfuerzos de la administración Trump para atacar los programas de libertad condicional humanitaria.
Los demandantes que impugnan la revocación del Parole humanitario de Biden no han demostrado contundentemente que la medida fuera arbitraria y caprichosa, según dictaminó el viernes la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos al revocar la decisión de un tribunal inferior.
La Corte Suprema ha permitido al Gobierno proceder con la revocación de las concesiones de libertad condicional aprobando una solicitud de emergencia del DHS para ignorar una orden de un tribunal de distrito que bloquea la expulsión de esos inmigrantes mientras se desarrolla el litigio.
El Gobierno ha tomado medidas para desmantelar una amplia gama de programas humanitarios temporales, descontinuando el reasentamiento de refugiados, restringiendo el asilo y suspendiendo la entrada a través de varias vías de libertad condicional.
Dictamen judicial permite a los beneficiarios del parole permanecer legalmente en EEUU
También ha buscado eliminar la ayuda humanitaria para cientos de miles de inmigrantes como parte de la agenda de deportación masiva del presidente Donald Trump, incluyendo a muchos haitianos, nicaragüenses y venezolanos protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Aunque enfrenta múltiples recursos judiciales por la cancelación del TPS, el litigio de libertad condicional es uno de los primeros casos relacionados con las protecciones temporales para inmigrantes que avanza a la instancia de apelación.
Una jueza federal de Boston determinó en una orden de abril que las cancelaciones fueron probablemente ilegales porque la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, emitió una cancelación general de las protecciones.
Sin embargo, la Ley de Inmigración y Nacionalidad “favorece una interpretación de que el requisito de ‘caso por caso’ solo limita la discreción de la secretaria para otorgar la libertad condicional” y no limita las cancelaciones, escribió en la opinión el juez de la Corte de Apelaciones Gustavo Gelpí Jr., designado por Biden. El caso también fue visto por William Kayatta Jr., designado por Obama, y Lara E. Montecalvo, designada por Biden.
El desmantelamiento de una serie de programas de libertad condicional forma parte de una agenda más amplia para reducir la ayuda humanitaria temporal para grupos de inmigrantes.
“La noticia de hoy perjudica a todos, no solo a nuestros clientes y a los miembros de la demanda colectiva”, declaró Esther Sung, directora legal del Centro de Acción por la Justicia y abogada de los demandantes”.
“Las personas que vinieron de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela hicieron todo lo que el Gobierno les pidió, y la administración Trump, cruel e insensatamente, incumplió su parte del trato”.
